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Lunes , 24.09.2018 / 13:15 Hoy

En la tormenta

Participación ciudadana en las decisiones públicas. Segunda parte

David Herrerías Guerra

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En mi entrega anterior (Milenio 28/8/2018) prometía opinar sobre las consultas a la ciudadanía propuestas por el gobierno electo, especialmente la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Decíamos que las posiciones al respecto se fincaban básicamente en visiones distintas de lo que es la democracia, y defendía al final, la idea de la democracia participativa, o hubiera dicho mejor, una democracia participativa que vaya incorporando elementos de democracia directa.

La democracia directa en su versión más simple, es la que consulta las decisiones fundamentales de gobierno al pueblo, sin la intermediación de representantes. En estado puro se da solamente en pequeñas comunidades, como las que se rigen por usos y costumbres en México, o como en dos cantones de la moderna Suiza. Este país tiene el sistema político que más utiliza la democracia directa. El gobierno está obligado a la consulta de temas importantes para la población. Según la página de difusión de la Federación Suiza, los helvéticos mayores de 18 años son convocados a expresarse en las urnas unas cuatro veces al año, para decidir sobre un promedio de 15 asuntos. Uno podría pensar que, después de tanta consulta, serían sólo unos pocos quienes estarían dispuestos a opinar; pero en las últimas décadas el promedio de participación es superior al 40%.

Lo que deciden en estos ejercicios no son nimiedades: rechazaron recientemente la compra de 22 nuevos aviones de combate que costarían más de tres mil millones de dólares; votaron por la instauración de un salario mínimo de $22.5 USD la hora y aprobaron establecer cuotas para regular la entrada de extranjeros a Suiza. Otros países también han decidido asuntos cruciales a través de la democracia directa: en el 2011, por ejemplo, la Italia bajo Berlusconi –y a pesar de él– decidió cancelar el programa nuclear; impedir la privatización del agua y abolir una ley que daba impunidad a los políticos en funciones.

¿Pero puede esto funcionar en México? Una de las razones para oponerse es que, dada la corta vida de nuestra democracia, los vicios de nuestra clase política y la baja escolaridad de la mayor parte de los mexicanos, podría ser arriesgado. Y es verdad que consultas amañadas y tramposas sirven sólo para manipular y justificar decisiones previamente tomadas o para “saltarse” a los representantes elegidos en las urnas. ¡Pero es a esos mismos mexicanos a quienes se les pregunta sobre quién debe llevar las riendas del país durante seis años!

Otra objeción a la democracia directa es que no es necesaria, porque ya nombramos a nuestros representantes y depositamos en ellos nuestra confianza. Frente a esto hay que decir que la democracia directa se usa para decisiones importantes en las que no es posible saber cuál será el sentido del voto de nuestros representantes, máxime cuando las ideologías en los partidos actuales se han diluido en aras de la solvencia electoral.

Pero una consulta directa es cosa seria y tiene un costo. Es importante, en primer lugar, entender cuáles decisiones pueden ser materia de consulta y cuáles no, aún sobre un mismo tema particular. Sobre un determinado asunto, las cuestiones técnicas pueden ser consultadas a grupos de expertos (qué tipo de aviones de combate comprar) mientras que puede ser materia de consulta popular lo que tenga que ver con la decisión de usar el dinero de todos, en ese mismo tema (comprar o no cualquier tipo de aviones de combate). Es importante cuidar que las consultas no se conviertan en un acto demagógico, por lo que debe haber espacios para la discusión y difusión igualitaria de las decisiones, y cuidar la forma de construir las preguntas, porque en la forma de preguntar está gran parte de la respuesta.

En este sentido, es legítimo, desde luego, que podamos incidir en la forma en que se nombra al Fiscal Anticorrupción, que será el guardián de nuestro dinero. Y es útil y necesario que podamos opinar sobre las formas de restablecer la paz, aunque no nos toque construir las políticas públicas que se desprenderán de la consulta.

En el caso del aeropuerto, en principio, sería legítimo preguntar si los mexicanos queremos que se gasten miles de millones en un aeropuerto. El problema es que la consulta llega tarde, porque la decisión sobre hacerlo ya estaba tomada de forma legítima (a través de nuestros representantes) y ya se han invertido miles de millones en él. Además, si se pregunta sobre construir en un lugar o en otro, es una decisión técnica que no puede ser materia de una consulta vinculante, si bien deben ser escuchadas muchas voces interesadas. Pero creo que al final, en este caso, el gobierno entrante busca solamente una salida elegante a una promesa de campaña difícil de cumplir.

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