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Lunes , 25.06.2018 / 07:56 Hoy

Agora

Datos abiertos

Cuauhtémoc Carmona Álvarez

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Los gobiernos corruptos si algo tienen en común son la opacidad y la discreción en el manejo de la información. Hoy en día la mayoría de los gobiernos en las democracias pluralistas tienen claro que: a mayor transparencia, mayor credibilidad y aceptación. El ciudadano ideal, en un País ideal tiene acceso a toda la información que la autoridad genera.

En una ocasión, siendo secretario particular de un Subsecretario un ciudadano me pregunta por el número celular (datos) del funcionario federal con quien tuve el honor de trabajar a lo que respondí: “Es número privado”. El ciudadano con autoridad y de manera muy puntual me respondió: “No le estoy pidiendo el número de su casa, el dato que necesito es el número telefónico que pago con mis impuestos”.

Salvo casos excepcionales en temas de seguridad nacional o datos personales, estoy convencido que toda la información que manejan los gobiernos debe ser pública y de fácil acceso por parte del ciudadano. Donde todo se encuentre localizable y no, en letras pequeñas como en los contratos usureros.

Desde que el Gobierno de Vicente Fox en el 2002 impulsó la ley de transparencia, el derecho que hemos ganado los ciudadanos para informarnos y tener acceso a la información que se genera en el gobierno y las dependencias ha sido el parteaguas para inhibir a los pillos y vándalos que han incursionado en la política.

Con la ley se logró, inhibir por un lado la corrupción y por otro exigir cuentas diáfanas a nuestros gobernantes de manera clara y transparente sobre el uso de los recursos públicos.

Si en tiempos del Negro Durazo alguien se hubieran atrevido a preguntar sobre su Partenóno, saber sí en realidad Carmen Romano de López Portillo viajaba con su piano de “cola” en las giras presidenciales en aquellos tiempos, hubiera sido impensable. El enunciado interrogativo estaba en desuso en un sistema autoritario con olor a dictadura perfecta.

Afortunadamente hoy en día gozamos de instituciones que tienen como obligación garantizar el derecho a la información como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Un Instituto ciudadanizado que no responde a intereses partidistas o de grupo. Celebro que se haya efectuado en Torreón el primero Congreso internacional sobre Gobierno abierto y rendición de cuentas.

Sobre el tema, para un servidor la premisa fundamental debe ser: Todo es público y publicable. Un gobierno cerrado que no abra sus puertas, debe tener un tragaluz abierto que ilumine toda la corrupción y vandalismo.

Se vivió mucho tiempo trabajando en lo obscurito; Soy de la idea (salvo excepciones) que toda la información que manejen los gobiernos, instituciones y dependencias debe ser insisto, pública y publicable.



ckarmona@yahoo.com.mx

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