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Domingo , 17.06.2018 / 18:21 Hoy

Carta de viaje

Tajamar

Carlos Tello Díaz

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Con más de mil metros de frente a la Laguna Nichupté, tendrás vistas impresionantes", dice la publicidad del Malecón Tajamar. "Qué mejor lugar para disfrutar una clase de yoga por la mañana" —y agrega esto en el video de promoción que produjo el Fonatur: "Respeto a la naturaleza". Yo no sé si sea posible disfrutar una clase de yoga en un sitio construido sobre la devastación de un manglar. O quizá sí, porque esa es la historia detrás de muchos de los destinos de turismo más grandes de México, entre ellos Cancún. Han sido levantados sobre los escombros de la destrucción.

El desarrollo del turismo y la conservación de la naturaleza son metas que chocan con frecuencia. La amenaza más común en la mayoría de las áreas naturales protegidas del país es, sabemos, la presión demográfica y el avance de la frontera agrícola. En el caso de los manglares, en cambio, es el desarrollo turístico. Existen poderosos intereses económicos que ejercen todos los días presión sobre un bien común, el manglar, para llevar a cabo proyectos —marinas, hoteles, condominios, campos de golf— que ponen en peligro su integridad. ¿Qué hacer?

En marzo de 2011, recuerdo, el presidente Calderón presentó ante gobernadores, legisladores, empresarios y académicos el Acuerdo Nacional por el Turismo. El objetivo, explicó, era convertir al país en uno de los destinos del mundo en la materia. Para ello firmó un convenio que articulaba una serie de acciones agrupadas en ejes estratégicos, que eran la base de una política de Estado a favor del turismo en México. El turismo en el país, dijo, representaba la tercera fuente de divisas; aportaba 9 por ciento del PIB; generaba alrededor de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. En consecuencia, el Congreso reformó la Constitución para considerarlo como una actividad prioritaria y estratégica en México.

Pero el día que la prensa anunció el Acuerdo Nacional por el Turismo, aquel día de marzo, entraron en vigor las modificaciones hechas a finales de 2010 a la Norma Oficial Mexicana NOM-059 de la Secretaría del Medio Ambiente. Con esas modificaciones, el Congreso quería hacer frente a la destrucción de los manglares, que dejaron de ser un recurso de protección especial para ser, en su lugar, un recurso amenazado. Porque en las últimas dos décadas nuestro país había perdido la cuarta parte de la superficie total de sus manglares. No éramos la excepción: en ese mismo periodo, el mundo había perdido más de la tercera parte de sus manglares.

Los manglares tienen usos importantes y diversos: frenan la erosión, protegen las costas y actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y barreras contra los huracanes, pero además, al ser zona de alimentación y crecimiento de crustáceos y alevines, sostienen una parte muy considerable de la producción pesquera en el país. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) estima que el valor anual de los servicios ambientales que proveen los manglares a las pesquerías es de alrededor de 489 mil pesos por hectárea. En Tajamar fueron devastadas 49 hectáreas, la mitad de ellas hace apenas unos días, al amparo de la ley: con autorizaciones ambientales otorgadas en 2005 y 2006 y prorrogadas en 2009 y 2011. Lo que ocurrió ahí ha ocurrido, desde hace décadas, en todas partes. Esta vez provocó un escándalo. Qué bueno que la destrucción de la naturaleza ya no sea aceptable para la sociedad.


ctello@milenio.com

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