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Al Derecho

Sistema anticorrupción

Carlos A. Sepúlveda Valle

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La iniciativa para combatir la corrupción que presentó en noviembre del 2012 el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, por conducto de los senadores priistas, no obstante que las comisiones emitieron dictamen aún no ha sido aprobada. El lunes pasado el PAN anunció que presentará una iniciativa para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, ese mismo día el presidente del PRI y el coordinador de sus diputados manifestaron su apoyo a esa propuesta, pues según dijeron, enriquecería la ya presentada.

Las diferencias entre Sistema Nacional o Comisión Nacional no son solo cuestiones semánticas, lo importante es que por fin parece haber conjunción de voluntades para profundizar acciones que permitan reducir la corrupción tanto en el sector público como en todos los niveles de la sociedad, ya que la corrupción es una mal endémico, y aunque a muchos hipócritas no les gustó, en buena medida es una cuestión de carácter cultural.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos enfoques? El PRI propone modificar la Constitución para crear una Comisión Nacional Anticorrupción cuyas funciones serían prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la federación, y en vía de atracción, de los servidores de estados y municipios, además promovería la cultura de la legalidad y desarrollaría programas y acciones para difundir la ética y la honestidad en el servicio público. El Consejo Nacional por la Ética Pública sería el órgano encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República.

De lo poco que se conoce de la propuesta que anunció el PAN, se crearía un Consejo Nacional en el que participarían todos los órganos públicos que formarían parte del sistema; se integraría un Comité Ciudadano responsable de instalar observatorios en todo el país para proponer políticas públicas y aportar soluciones; la Secretaría de la Función Pública no desaparecería, se propone fortalecer sus atribuciones; se permitiría que órganos independientes auditaran el uso de recursos públicos con base en quejas ciudadanas.

En el proyecto panista se otorgarían mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación; se reducirían las facultades sancionatorias de las contralorías; se crearían salas especializadas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia de rendición de cuentas; se darían mayores facultades sancionatorias a los jueces penales; y se propone que este sistema se replique en las entidades y municipios.

Por lo pronto ya se instaló en la Cámara de Diputados una mesa de trabajo cuyo propósito es conjuntar las propuestas que se generen y dictaminar las modificaciones constitucionales que sea necesario para posteriormente elaborar la legislación secundaria y crear los órganos que deberán trabajar para reducir la corrupción y limitar la rampante impunidad.

Por una feliz coincidencia en esta semana la Red por la Rendición de Cuentas que preside el académico Mauricio Merino llevó a cabo el Seminario Internacional para el Diseño de Políticas Públicas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en el que participaron destacados expositores de varios países.

De entre las muchas ideas escuchadas recojo algunas: Para combatir la corrupción es útil contar con “intermediarios confiables” (líderes sociales, cúpulas empresariales y actores preocupados por estos temas), es necesario reducir la fragmentación de las organizaciones que luchan contra la corrupción, los valores se deben convertir en procedimientos, monitorear las resoluciones judiciales ayudaría a combatir la corrupción, las instituciones y mecanismos que existen son muy poco efectivos, debe haber un cambio institucional (y de lenguaje) en los sistemas de contabilidad, evaluación y control, debe existir un marco de cooperación y coordinación interinstitucional efectivo, la corrupción es falta de rendición de cuentas, de integridad, responsabilidad y verdad, la corrupción es consecuencia del desorden e impunidad que existe en México.

Ante la dramática situación que se vive en México se debe establecer una firme política pública anticorrupción que permita mejorar el desempeño en los tres órdenes de gobierno y reducir la inseguridad y la criminalidad que se padece como consecuencia de la impunidad que prevalece.

Los retos siguen siendo los mismos: ¿Cómo combatir eficazmente la corrupción? ¿Hasta dónde alcanzará la capacidad del Estado mexicano para prevenir, combatir y sancionar la corrupción?

csepulveda108@gmail.com

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