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Viernes , 21.09.2018 / 06:11 Hoy

Al Derecho

Secretaría de la Función Pública

Carlos A. Sepúlveda Valle

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La hoy Secretaría de la Función Pública nació, murió y resucitó. Su nacimiento como Contraloría de la Nación en diciembre de 1982 despertó enormes expectativas ya que esa dependencia se creó para combatir la corrupción que se vivía en México a finales del sexenio de López Portillo y era la punta de lanza de la "renovación moral" emprendida por el presidente de la Madrid, sus resultados fueron un fiasco en materia de prevención, combate y sanción de la corrupción.

En el periodo zedillista se transformó en Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Fox la convirtió en Secretaría de la Función Pública, Felipe Calderón propuso su desaparición, esa iniciativa fue rechazada, al asumir el presidente Peña Nieto esa secretaría estaba extinguida legalmente, sobrevivió porque en un artículo transitorio se dispuso que cuando entrara en vigor el sistema nacional anticorrupción la SHCP asumiría las facultades de la Función Pública.

Una decisión determinante para revivir la SFP fue la designación de Virgilio Andrade como secretario en febrero del 2015, pero los decretos de julio del 2016 que crearon el Sistema Anticorrupción significaron el acta de renacimiento para la secretaría y el acta de defunción para Andrade.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se dispone que para el nombramiento del titular de esa secretaría el Presidente de la República debe someter a la ratificación del Senado a la persona que designe, la señora Arely Gómez González, senadora con licencia y renunciante como Procuradora General de la República fue propuesta como secretaria, el Senado, por 95 votos a favor y solo 3 en contra aprobó esa designación.

La nueva secretaria laboró varios años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue Oficial Mayor durante la presidencia del ministro Mariano Azuela; fue Fiscal Especial para Delitos Electorales; después de dos años y medio como senadora asumió como Procuradora General en marzo del 2015 por lo que cuenta con la experiencia profesional suficiente, y más importante, se reconoce su honestidad y buena fama pública.

Para revertir la vida inútil de esa secretaría, la integridad de Arely y un acertado liderazgo serán determinantes para que la participación de la SFP en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sea eficaz y para ejercer las atribuciones reforzadas que se le otorgan a esa secretaría en la implementación de acciones que corrijan las conductas indebidas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

Las atribuciones relevantes de la SFP serán participar en el Sistema Nacional Anticorrupción, organizar y coordinar el sistema de control interno de todas las dependencias de la administración federal, inspeccionar el ejercicio del gasto público y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental.

Sus retos inmediatos serán construir el nuevo sistema de control interno, vigilar que la conducta de los servidores públicos no sea constitutiva de responsabilidades administrativas y substanciar los procedimientos conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aplicar debidamente las disposiciones de ese ordenamiento no será fácil, en algunas partes su redacción es deficiente, ejemplo, en el artículo 49 se dispone: "Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las siguientes obligaciones: I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas... II. Denunciar los actos u omisiones... III. Atender las instrucciones... IV. Presentar en tiempo y forma... ¿Se incumple cumpliendo?

El problema va más allá de su redacción, sus procesos son engorrosos; la investigación y calificación de las faltas graves y no graves es confuso; el procedimiento de responsabilidad administrativa es muy complejo; en lugar de haber establecido procedimientos sencillos y ágiles, las diligencias de investigación, el análisis de los hechos, la determinación de la existencia o inexistencia de faltas, su calificación y la elaboración del informe de presunta responsabilidad son etapas procesales intrincadas que dificultan cumplir esta ley.

La imposición de sanciones por faltas graves ya no será competencia de la SFP, esas atribuciones en el ámbito federal se asignan al (nuevo) Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en Jalisco el Tribunal de lo Administrativo será la autoridad máxima en materia de combate a la corrupción.

El reto fundamental del nuevo sistema será fomentar en los servidores públicos un comportamiento y un desempeño ético en el ejercicio de sus funciones, más importante será prevenir que perseguir a quienes cometen actos indebidos ya que la complejidad de los procedimientos y los excesivos recursos legales garantizan elevados índices de impunidad.

La Secretaría de la Función Pública y las contralorías estatales tienen una tarea determinante en el nuevo sistema anticorrupción, sus funciones deben ir más allá que realizar auditorías internas o instaurar procedimientos de responsabilidad.

csepulveda108@gmail.com

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