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Domingo , 27.05.2018 / 06:54 Hoy

Al Derecho

Ley de Consulta Popular

Carlos A. Sepúlveda Valle

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Hace unos días se publicó la Ley Federal de Consulta Popular que viene a reglamentar la reforma constitucional del 2012 que reconoció el derecho de los ciudadanos a votar en las consultas populares que pueden ser convocadas a petición del Presidente de la República, del treinta y tres por ciento de los diputados o senadores, o porque así lo solicite el equivalente al dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

El objeto de esa ley es regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, así como promover la participación ciudadana en esas consultas. Los resultados serán vinculatorios para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

La ley no define cuales son los asuntos de “trascendencia nacional” pero señala que el tema propuesto debe tener repercusión en la mayor parte del territorio nacional y debe impactar en una parte significativa de la población; lo que sí precisa son los temas que no pueden ser motivo de consulta: la restricción de los derechos humanos, la forma de gobierno, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

Los ciudadanos que pretendan iniciar un proceso de consulta deben presentar el “aviso de intención” al Presidente de la Cámara que decidan, señalar el propósito de la consulta, los argumentos por los cuales se considera ese tema de “trascendencia nacional”, y lo más importante, redactar la pregunta que se propone, la que no debe tener contenido tendencioso o juicios de valor y debe ser formulada para que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, es decir que solo admita como respuesta un sí o un no. La experiencia demuestra que el éxito de un referéndum estriba en la claridad y precisión con la que se plantee la pregunta.

Recibida una solicitud, el Presidente de la Cámara solicitará al Instituto Nacional Electoral que verifique que ha sido suscrita por lo menos por el dos por ciento de la lista nominal (1´550,000 ciudadanos); cumplido este requisito se enviará la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre su constitucionalidad y revise que en el contenido de la pregunta se emplee un lenguaje neutro, sencillo y comprensible, en su caso, podrá modificar la pregunta o declarar la inconstitucionalidad de la materia. Si se considera constitucional, la Cámara emitirá la convocatoria y pedirá al INE que organice y promueva la participación de esa consulta.

Respecto de los efectos del resultado de la consulta es desconcertante lo que dispone la ley, “cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez”, ¿la vinculatoriedad de una consulta solo dura tres años?

En un hecho poco usual el jueves 27 de marzo la Suprema Corte rechazó, por ocho votos contra tres, la “solicitud de consulta a trámite” sobre la procedencia para realizar una consulta nacional sobre la recién aprobada reforma energética; además de lo inusual, sorprende que esa “consulta” se haya planteado cuando aún no se había aprobado la ley reglamentaria y que se haya discutido y resuelto cuando la ley ya está vigente y regula con precisión el procedimiento.

Los requisitos que se exigen, lo complicado de los trámites y el hecho que solo se pueda plantear una pregunta y celebrar una consulta cada tres años dificultará la celebración de estas consultas. En Estados Unidos, en la jornada electoral de noviembre del 2010 se votaron 160 propuestas sobre los más diversos temas (42 eran iniciativas ciudadanas) en 37 estados.

Es posible que la primera consulta que se vaya a promover sea sobre la reforma energética, pero es seguro que el derecho a abortar, el matrimonio entre homosexuales y legalizar la mariguana serán los temas más “urgentes” que se querrán someter directamente a la decisión popular.

En Jalisco podemos presumir que desde 1997 se incorporó en la Constitución y leyes estatales las figuras de plebiscito y referéndum, lástima que en estos 17 años no se ha convocado ni celebrado ningún proceso.

csepulveda108@gmail.com

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