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Domingo , 19.08.2018 / 17:02 Hoy

Al Derecho

La iglesia en México

Carlos A. Sepúlveda Valle

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Una de las contradicciones que ha vivido México es tener un Estado arreligioso (en ocasiones antirreligioso) y un pueblo sumamente religioso. El artículo 3º. de la Constitución de 1824 disponía: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la C.A.R. (católica, apostólica y romana). La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.

En la Constitución de 1857 se excluyó esa disposición, lo que provocó la Guerra de Reforma; derrotados, los conservadores apoyaron la intervención francesa y el Imperio (1864-1867), pero el motivo principal por el que hace 150 años se seguían matando liberales y conservadores eran las Leyes de Reforma.

Porfirio Díaz que había combatido esa guerra entendió bien la cuestión religiosa, por eso mantuvo la paz con la Iglesia. Carranza impulsó disposiciones sumamente radicales en la Constitución de 1917 y cuando el presidente Calles las quiso aplicar en 1926, lo hizo de manera tan torpe que provocó la rebelión cristera.

Calles fue el culpable de la Guerra Cristera, pero no fue el único responsable, noventa años después los hechos muestran que al gobierno, obispos, Vaticano y a la Liga los cegó el odio y a todos les faltó serenidad e inteligencia para evitar ese levantamiento tan heroico como inútil.

El propio Calles en una entrevista a un diario americano en su etapa en el exilio reconoció que el mayor error de su vida fue no haberse dado cuenta que en cada hogar de México había al menos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Los “arreglos” pusieron fin al conflicto militar en 1929 pero no resolvieron la cuestión, de ahí que las relaciones entre Estado e Iglesia siguieron siendo mero disimulo.

La visita de Juan Pablo II en 1979, las reformas constitucionales de 1992, la reanudación de relaciones diplomáticas y los viajes papales abrieron una nueva etapa de relación institucional que se mantiene a pesar de muchas vicisitudes como el asesinato del cardenal Posadas en 1993, la reforma que incorporó en la Constitución el carácter laico a nuestra forma republicana de gobierno, y ahora, el rechazo de la Iglesia para que se legisle en materia de matrimonio y familia.

En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (sobre la Iglesia en el mundo de hoy) que expidió el Papa Pablo VI en diciembre de 1965, al hablar de la vida de la comunidad política y la Iglesia afirma: la Iglesia, por razón de su misión y de su competencia no se confunde en manera alguna con la sociedad civil ni está ligada a ningún sistema político; la comunidad política y la Iglesia son, en sus propios campos, independientes y autónomas la una respecto de la otra.

Pero las dos, aun con diverso título, -sigue diciendo este documento- están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres, y que este servicio lo prestarán con tanta mayor eficacia en cuanto ambas sociedades mantengan entre sí una sana colaboración, siempre dentro de las circunstancias de lugares y tiempos; y que siempre y en todas partes se debe reconocer su derecho a predicar con libertad la fe, a enseñar su doctrina social, a ejercer sin traba su misión entre los hombres e incluso a pronunciar su juicio moral, aun en problemas que tienen conexión con el orden político.

Es curioso, cuando los obispos pronuncian juicios morales o intervienen en determinadas cuestiones, apoyar decisiones legislativas (Veracruz); hacer señalamientos contra un gobernador (Morelos); oponerse al proyecto de matrimonio igualitario (en todo México) los grupos agradecen o repudian esas expresiones según sean los intereses en pugna.

En la Constitución mexicana se establece la libertad de religión, la separación del Estado y las iglesias, se reconoce su personalidad legal, se regula a las asociaciones religiosas, las que -se dispone expresamente- no pueden oponerse a las leyes del país. Es obvio que en un Estado de Derecho todos debemos cumplir las leyes, pero es normal y es un ejercicio democrático que los ciudadanos presionen a los legisladores para que aprueben leyes en tal o cual sentido.

En México el Estado es laico pero la sociedad es predominantemente católica; pretender que la Iglesia no opine, critique, se oponga, apoye o simpatice con demandas ciudadanas (como las que tratan de evitar que se legisle en materia de género) es iluso y va en contra de la realidad social y política que vivimos.

La libertad sirve para recordar que el objeto de todas las religiones es hacer el bien. Aunque a muchos no les guste la posición de los católicos sus ideas deben ser escuchadas y sus argumentos deben debatirse.

csepulveda108@gmail.com

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