• Regístrate
Estás leyendo: Grabaciones
Comparte esta noticia
Miércoles , 21.11.2018 / 08:28 Hoy

Al Derecho

Grabaciones

Carlos A. Sepúlveda Valle

Publicidad
Publicidad

En junio de 1972 cinco personas fueron sorprendidas por la policía cuando instalaban aparatos para escuchar llamadas telefónicas en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate en la ciudad de Washington, este hecho no tuvo ningún impacto en la campaña ya que el presidente Nixon ganó la reelección de manera contundente, pero este incidente menor provocó uno de los mayores escándalos políticos en la historia de los Estados Unidos.

En el curso de las investigaciones policiales se supo que las personas detenidas habían sido enviadas por dirigentes del Partido Republicano y de las propias oficinas del Comité de Reelección de Nixon, en un principio nadie involucró directamente al presidente pero unas semanas después del inicio de su nuevo mandato el Congreso inició una investigación pues había evidencias de que Nixon no había sido ajeno al allanamiento en el Watergate.

En paralelo a esas indagatorias Bob Woodward y Carl Bernstein publicaron en el Washington Post información que en su mayor parte provenía de una fuente anónima (“garganta profunda”), esas revelaciones tuvieron tal impacto en la opinión pública que el presidente Nixon se vio obligado a designar un fiscal especial con la idea de que se concluyera lo más rápido con esa trama.

Archibald Cox el fiscal designado era un profesor de Harvard de gran prestigio, actuó con gran independencia y cuando descubrió que varias personas muy cercanas al presidente estaban involucradas éste les pidió su renuncia pensando que así quedaría a salvo, para su mala suerte se supo que él mismo había tenido numerosas conversaciones sobre Watergate en el despacho presidencial y que éstas habían sido grabadas.

El fiscal Cox le exigió a la Casa Blanca que le entregara esas cintas con el objeto de cotejarlas con el testimonio que habían rendido algunos de los imputados, la respuesta iracunda de Nixon fue pedirle al procurador Elliot Richardson que destituyera a Cox pero el procurador general no accedió a esa petición y presentó su renuncia; sería su sustituto Robert Bork quien ejecutó la orden de cesar a Cox, (paradójicamente Bork fue propuesto por Reagan como juez de la Suprema Corte pero el Senado le negó su confirmación).

El republicano Leon Jaworski fue designado nuevo fiscal independiente a fines de 1973, tomando en cuenta que la nación esperaba que se llegara a la verdad de los hechos reabrió el proceso penal que se seguía en contra de algunos funcionarios y ex funcionarios de la Casa Blanca y volvió a exigirle a Nixon que entregara las grabaciones, esta petición estaba respaldada por el juez John Sirica.

Aduciendo su inmunidad presidencial (fuero constitucional) Nixon impugnó esa decisión pero el juez Sirica le ordenó que debería poner a disposición judicial esas cintas antes del 31 de mayo de 1974. No conforme con esta resolución el presidente acudió a la Corte Suprema para que ésta decidiera si esas grabaciones estaban protegidas por la inmunidad presidencial, pero el 24 de julio de 1974 la Corte decidió por unanimidad de ocho jueces (uno de ellos se excusó de participar) que el presidente debía cumplir lo ordenado por el juez.

En su sentencia la Corte argumentó que ni las reglas de la separación de poderes ni la necesidad de un alto grado de confidencialidad en las comunicaciones podían por sí mismas justificar la inmunidad presidencial absoluta e incondicional frente a un proceso penal en cualesquiera circunstancias, que en caso de privilegiar la inmunidad presidencial se impediría a los órganos del poder judicial cumplir su obligación constitucional de perseguir los delitos, que las necesidades legítimas de un proceso judicial deberían prevalecer sobre los privilegios presidenciales y que la reivindicación general de la inmunidad debía ceder ante una necesidad demostrada y específica para la obtención de pruebas en un proceso penal.

Al conocerse el contenido de las grabaciones se constató que el presidente había mentido al decir que no sabía nada del allanamiento (probablemente él mismo lo había ordenado) y peor aún, a una de las cintas se le cortaron varios minutos para burlar a la justicia. El Congreso le inició un Impeachment a Nixon por abuso de poder y obstrucción a la justicia (segundo en contra de un presidente de ese país).

Nixon ni siquiera intentó defenderse en ese juicio político, renunció el 8 de agosto de 1974 y meses después recibió el perdón del presidente Ford por lo que ya no se siguió el procedimiento penal.

Existen grabaciones que pueden ser letales, una amante del rey Juan Carlos reveló conductas indignas de éste; el abogado de Trump está filtrando grabaciones sobre pagos por compra de sexo, de silencio, y posiblemente de financiación ilegal en la campaña y en los negocios de Trump. No es exagerado decir que la monarquía española y la presidencia de Estados Unidos se encuentran bajo amenaza.

csepulveda108@gmail.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.