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Al Derecho

Gobernadores al Senado

Carlos A. Sepúlveda Valle

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En un desafío directo a lo que se dispone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del estado de Chiapas pretenden ser electos senadores no obstante que en la fracción V del artículo 55, precepto en el que se establecen los requisitos para ser diputado (son los mismos para quienes pretenden ser senadores, salvo la edad) se señala de manera clara que “los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.

La frase “en las entidades de sus respectivas jurisdicciones” tiene vital importancia, porque de manera taxativa les impide a los gobernadores en funciones ser electos senadores en el mismo lapso de tiempo para el que fueron electos gobernadores, restricción que tiene por objeto preservar cierta equidad para los militantes del propio partido de los gobernadores que aspiraran a ser postulados al senado, y con mayor razón, establecer un marco justo para los candidatos de los demás partidos y ciudadanos que bajo la figura de candidatos independientes tuvieran que contender contra alguien que durante varios años gobernó la entidad federativa en disputa, lo que de manera evidente les concedería ventajas.

Si el objeto de esa limitación constitucional fue evitar las ventajas excesivas que tendrían los gobernadores si se postularan como candidatos a diputados o senadores, y si ese impedimento se mantuvo durante la etapa en la que el PRI era el partido hegemónico, ahora que la competencia electoral tanto al interior de los partidos como en el proceso mismo es más dura y ruda existen más motivos que obligan a que se siga cumpliendo cabalmente esa disposición.

A pesar de que el precepto constitucional prohíbe de manera enfática que los gobernadores, durante el sexenio para el que fueron electos aun cuando se separen de manera definitiva, puedan contender como diputados o senadores en sus estados, los gobernadores de la CDMX y de Chiapas pretextando que serán postulados por la vía de la representación proporcional, no por el principio de mayoría relativa, y aduciendo que por esa circunstancia no se encuentran impedidos para ser candidatos han sido registrados ante el INE.

Este argumento es erróneo, la improcedencia de esas candidaturas está prevista en el mismo artículo 56 de la Constitución que señala que la Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría, y que los treinta y dos restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, “mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional”.

Es decir, la jurisdicción por la que esos gobernadores contenderán no será sólo su estado sino todo el territorio nacional del que forma parte los estados que gobiernan, de ahí que la prohibición para ser electos senadores también comprende las candidaturas de representación proporcional. Si fueran candidatos a diputados de R.P. posiblemente podrían encontrar algún recoveco ya que el país se divide en cinco circunscripciones plurinominales y podrían obtener la candidatura por alguna de las cinco circunscripciones, pero en la elección de senadores la lista proporcional es para una sola circunscripción plurinominal nacional de la que forman parte la Ciudad de México y el estado de Chiapas, que al ser parte de la nación mexicana también lo son de esa única circunscripción plurinacional, lo que impide a sus gobernadores ser candidatos al senado.

Por ser un acto que va en contra de lo que dispone la Constitución no es seguro que estos gobernadores vayan a aparecer en las boletas el día de la elección ya que primero deberán pasar el tamiz del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, organismo que deberá revisar si procede o no ese registro, y en el caso de que el INE convalidara esa violación constitucional seguramente esa decisión se impugnaría ante el Tribunal Electoral, el que finalmente, más allá de subterfugios legaloides, deberá hacer que prevalezca el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución.

¿Acaso los gobernadores Mancera y Velasco se van a abstener de realizar actos de campaña dentro de las jurisdicciones que gobiernan a pesar de estar separados con licencia temporal y ni siquiera por renuncia definitiva?

Las autoridades electorales deben impedir que se menosprecie la ley, que se siente un precedente indebido, que se burle el respeto que tuvieron los demás gobernadores que podrían haber optado por ser candidatos a senadores, y sobre todo, que se viole la equidad de las campañas.

csepulveda108@gmail.com

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