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Domingo , 21.10.2018 / 09:20 Hoy

Al Derecho

Empresarios y corrupción

Carlos A. Sepúlveda Valle

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El proceso para crear el Sistema Nacional Anticorrupción inició en octubre del 2012; en mayo del 2015 se aprobaron las reformas constitucionales; en junio del 2016 se expidieron las leyes secundarias, una de las cuales fue observada (vetada) por el presidente de la República; en esta semana se hicieron las adecuaciones que solicitó el Ejecutivo; la cuarta etapa debe concluir a fines de este año con la aprobación de los sistemas estatales.

El Sistema Nacional Anticorrupción se define en la Constitución como “la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.”

El veto que presentó el presidente tuvo por objeto que se eliminara de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la obligación de los particulares que contratan con el gobierno de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Esa exigencia derivaba de lo dispuesto en la Constitución y en la ley, ya que ésta aplicará a los servidores públicos y a los particulares vinculados con las faltas administrativas graves, desliz que tuvo un costo alto para los legisladores, quienes además tuvieron que reconocerlo y corregirlo.

Señalar como corruptos solo a los empleados del gobierno es parcial pues no se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, los funcionarios no exigen aunque sí aceptan el soborno de los corruptores, por eso, tan corruptos y tan delincuentes unos como otros, más grave resulta que sean empresarios los que corrompan, hecho muy frecuente en México y en el mundo.

La relación de los empresarios con el poder público siempre ha existido, y si se analiza cómo se formaron las grandes, grandes fortunas, veríamos que desde Juárez (con la venta de los bienes de la Iglesia y los desamortizados), con P. Díaz (de mil maneras) y en la Revolución (de diez mil maneras) esos capitales han nacido y crecido desde el gobierno o en relación con éste.

La fuente más importante del enriquecimiento empresarial ha sido, y posiblemente sigue siéndolo, celebrar negocios con el gobierno, recibir concesiones públicas, teléfonos, telecomunicaciones, servicios de transporte, bancos, financieras, seguros, gasolineras, gaseras; la asignación de obras públicas (tradicional fuente de pago de porcentajes); la prestación de servicios a empresas públicas, ser proveedor, lo que supone la práctica de compartir utilidades como pago por la asignación del contrato; y desde luego, la adquisición de empresas públicas.

La riqueza de funcionarios que tiene como origen actos impunes de corrupción descarada, ya sea manipulando los presupuestos en su beneficio, contratando deuda a través de sofisticados mecanismos o creando empresas que luego los convierten en acaudalados empresarios es un fenómeno que se repite de manera constante y que está poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática en México.

La endémica costumbre de burócratas que exigen dinero por otorgar un permiso, disculpar una infracción, expedir un oficio, realizar un trámite, prestar un expediente, dictar un acuerdo, hacer una diligencia o emitir una resolución, es una práctica corrupta que se debe sancionar, pero sobre todo, erradicar.

Es cierto que los empresarios tienen la obligación de contribuir en mayor medida al fortalecimiento de la sociedad y a la construcción de una sociedad más justa, de ahí que para cumplir este reto, es imperativo no seguir comprando voluntades políticas, dejar de asociarse con funcionarios para obtener las enormes e ilegitimas ventajas que se han otorgado y recibido recíprocamente. La connivencia entre la alta clase política y las élites empresariales ha producido una inmensa masa de riqueza y el otorgamiento de incalculables beneficios presupuestales, fiscales y legales ha desangrado el erario y es la corrupción más difícil de eliminar.

El sector privado siempre se ha quejado del costo de la corrupción y de su impacto en el PIB, las encuestas indican que el 70% de las empresas han sido víctimas de la corrupción, que la inseguridad jurídica afecta el clima de los negocios y que es urgente el restablecer el Estado de derecho y el cumplimiento de las normas.

En estos días los estados deberán integrar su sistema anticorrupción, proceso que implica un compromiso de todos, gobernantes y empresarios los primeros, para asumir una nueva ética de la responsabilidad en el servicio, formar una nueva conciencia interior y mejorar las prácticas en el sector público.

El mayor reto del nuevo sistema es prevenir actos de corrupción, para lograrlo se debe dar un cambio de conducta y establecer una cultura basada en la honradez, en la observancia de valores y en la defensa del interés general. Todos debemos luchar porque prevalezca el interés general por encima de intereses particulares.

csepulveda108@gmail.com

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