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Al Derecho

El tribunal de justicia administrativa

Carlos A. Sepúlveda Valle

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El Tribunal de Justicia Administrativa será parte del Sistema Estatal Anticorrupción, asumirá las funciones del actual Tribunal de lo Administrativo (el desprestigiado TAE), dejará de ser parte del Poder Judicial y contará con una Sala Superior que tendrá entre sus atribuciones acotar las facultades de las salas unitarias presididas por los actuales magistrados, revisar algunas de sus resoluciones y ser órgano de administración, disciplina y vigilancia del Tribunal.

En enero de 1984 inició funciones el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuya función era resolver controversias de carácter administrativo, se integró con tres magistrados preparados, capaces y honestos; en su segunda integración también se seleccionó a abogados competentes y de prestigio.

En 1995 el primer gobierno panista escogió mal a los magistrados y el Tribunal se empezó a corromper. Como resultado de una reforma a la Constitución, en 1997 se creó el Tribunal de lo Administrativo como parte del Poder Judicial.

Fui magistrado del primer TAE (1998-2007) y doy fe que por razones económico-amistosas con algunos litigantes, entre ellos, y de manera señalada, con el actual presidente del TAE que entonces era abogado de un líder camionero, estos adquirían de algunos magistrados suspensiones para invadir rutas, autorizaciones para incrementar ilegalmente las tarifas (entre éstas la línea Platino que cobrará siete pesos, un peso más de la tarifa legal), ordenaron la toma de las instalaciones del Tribunal para impedir que se celebrará un pleno, y presentaban demandas con firmas falsas y al ser requeridos para que esas firmas fueran ratificadas personalmente los demandantes no comparecían.

De todo eso hay constancias en expedientes, actas de Pleno, escritos presentados al Tribunal y en las varias solicitudes de juicio político presentadas en mi contra por oponerme o haber denunciado públicamente esos enjuagues.

Esas conductas deshonestas, tácticas de fraude procesal y comportamiento poco ético fueron práctica habitual del hoy presidente del TAE y aspirante a presidir el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.

Haber denunciado esos actos de corrupción me costó no haber sido ratificado, así lo dice el dictamen que aprobó el Congreso, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco del 25 enero del 2005. En la página 73, al hacer la evaluación de mi caso dijeron que mi imagen y buena reputación había sido dañada y que yo había perjudicado al Tribunal: “Como ejemplo de lo anterior tenemos las múltiples manifestaciones del Magistrado, en el pleno o ante los medios de comunicación en la que descalificaba sistemáticamente las actuaciones de los demás Magistrados, haciendo fuertes señalamientos de encubrimiento y corrupción de los demás miembros del Tribunal, todo esto reflejado en las actas de sesión del Tribunal”.

La evaluación del desempeño y conducta de los actuales magistrados corresponde hacerla a quienes conocen mejor su funcionamiento, pero el hecho que los propios magistrados han reconocido la mala fama que tiene su Tribunal es significativo, entonces, ¿por qué nadie hizo nada para corregir o sancionar esas conductas? Aquí aplica un aforismo: para que los malos triunfen solo se necesita que los buenos no hagan nada.

El Sistema Anticorrupción enfrenta un gran reto en el proceso de designación de magistrados, Auditor Superior y Fiscal especial. Se ha festinado la intervención que tendrá el Comité de Participación Social, de ser cierto que ese Comité recomendará al Congreso preferentemente a quienes aprueben los casos prácticos es una pésima propuesta metodológica ya que seguramente magistrados y funcionarios del TAE y de la Auditoría, instituciones seriamente cuestionadas en su integridad, obtendrán las más altas calificaciones.

Para ser magistrado de un ente que tendrá como una de sus funciones sancionar a los servidores públicos que cometan faltas graves o que incurran en actos de corrupción, más que conocimientos exige calidad moral; la aciaga experiencia que ha tenido la justicia administrativa en Jalisco muestra la necesidad de contar con magistrados comprometidos con la verdad, la recta justicia y si afanes de medrar. En un juez la honestidad es lo más importante.

El Sistema Estatal Anticorrupción estará a prueba cada vez que se trate de aplicar la compleja y confusa legislación que lo regula, y si a eso se suma la designación de malos funcionarios, el sistema habrá fracasado antes de que inicie sus funciones.

El Comité debe proponer y el Congreso debe nombrar como magistrados a personas que tengan una hoja de vida que demuestre que tienen la convicción, carácter y firmeza para corregir el rumbo y no a quienes han solapado o forman parte de esa banda de litigantes deshonestos, empresarios corruptores y servidores públicos rapaces que han convertido al TAE en el outlet de la justicia.

El TAE carece de liderazgo y autoridad moral, y por ser parte del problema ninguno de sus integrantes puede ser parte de la solución.

csepulveda108@gmail.com

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