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Al Derecho

Comité coordinador del SEA

Carlos A. Sepúlveda Valle

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El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), dice la ley, es “la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y éste con el Sistema Nacional, y tendrá a su cargo el diseño, promoción, implementación y evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción”.

Este Comité, órgano rector del nuevo sistema anticorrupción de Jalisco, estará integrado por siete personas: un ciudadano del Comité de Participación Social (que lo presidirá) y seis funcionarios: Auditoría Superior, Fiscalía especializada en combate a la corrupción, Contraloría, Consejo de la Judicatura, ITEI y Tribunal de Justicia Administrativa. (El Congreso y el Supremo Tribunal no forman parte).

Para implementar “las políticas públicas en materia anticorrupción”, la ley le asigna 16 facultades, la mayoría de ellas inocuas como elaborar su programa anual, establecer las bases y principios “para la efectiva coordinación de sus integrantes”, (¿de verdad es necesario “establecer bases y principios” para que sus integrantes se coordinen?). Otras atribuciones son meras generalidades, diseñar la metodología de los indicadores, conocer el resultado de las evaluaciones, requerir información, determinar los mecanismos de coordinación, rendir un informe anual, celebrar convenios (se menciona varias veces) y otras igualmente anodinas.

Una facultad, ejercida eficazmente bastaría para justificar la existencia de este Comité, y es la de aprobar, diseñar y promover las políticas estatales en materia anticorrupción. Para cumplir esta obligación lo primero que se requiere es que sus integrantes den ejemplo de integridad, que tengan ideas claras de lo que se necesita hacer y asumir un compromiso auténtico (no meramente discursivo y demagógico) de llevar a cabo acciones específicas para exigir que todos los servidores de los poderes, órganos autónomos y 125 ayuntamientos observen una conducta ejemplar como servidores de la sociedad.

Como el Comité Coordinador no tiene facultades ejecutivas para implementar acciones concretas sus resultados serán sumamente limitados y por la forma de su integración tan desequilibrada (6 funcionarios contra 1 ciudadano) es poco lo que se puede esperar de sus deliberaciones y acuerdos. En la práctica, ¿el consejero de la Judicatura denunciará actos de corrupción?, ¿quién señalará actos de corrupción en la Auditoría Superior?, ¿con qué calidad el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa podrá hacer señalamientos a otras dependencias?, ¿los titulares de esos organismos públicos van a votar en contra de ellos mismos?, ¿qué alcance tendrán los señalamientos de corrupción que haga su presidente?, ¿hasta qué punto tomarán en cuenta las propuestas del Comité de Participación Ciudadana?, ¿estos funcionarios estarán dispuestos a “limpiar sus casas” y ordenar que los demás hagan lo mismo?, ¿ellos mismos, serán un ejemplo de integridad?

La atribución del Comité para emitir recomendaciones públicas “con objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno”, podría tener algún efecto, a no ser porque sus recomendaciones no serán de cumplimiento obligatorio y porque se emitirán de manera anual en el informe de actividades.

La ley prevé que las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, ¿en qué casos que se señalen actos de corrupción en las dependencias que integran ese Comité se podrán tomar decisiones por mayoría? De ahí la importancia que tendrán las votaciones ya que el resultado de éstas definirá que tan serio es el compromiso de sus integrantes, o si entenderán este órgano como una “instancia de intercambio de ideas y experiencias a través del diálogo” o como un instrumento para desvirtuar señalamientos de faltas de probidad al interior de sus áreas.

El Comité de Participación Social tiene como objetivo “coadyuvar con el Comité Coordinador y ser instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas”. Entre sus atribuciones está opinar y realizar propuestas sobre la política anticorrupción, proponer mecanismos de mayor participación social y dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, pero en la práctica seguramente asumirá un papel protagónico, su importancia dependerá de su capacidad para lograr que el Comité Coordinador atienda sus propuestas o de la fuerza de sus denuncias, sin duda será una voz fuerte.

El éxito del Comité Coordinador dependerá más de la calidad moral de sus integrantes, de su voluntad política para prevenir y corregir actos deshonestos y del compromiso personal que asuman en su responsabilidad de combatir la corrupción ya que sus atribuciones legales son insustanciales y su función básica se limita a “establecer políticas públicas”.

Si en la ley se hubiera diseñado una especie de INE anticorrupción es posible que el Sistema Anticorrupción podría dar mejores resultados, con el esquema aprobado pareciera que lo importante será lo que se diga, no lo que se haga.

csepulveda108@gmail.com

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