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Sábado , 22.09.2018 / 18:48 Hoy

Al Derecho

Austeridad gubernamental

Carlos A. Sepúlveda Valle

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El presidente electo ha propuesto un conjunto de cincuenta medidas de austeridad y contra la corrupción, sería deseable que todos esos “lineamientos” se pudieran cumplir, pero en los hechos muchas de estas no podrán concretarse porque ya están reguladas en la Constitución o en leyes, otras por ser inviables, y otras más porque los afectados las impugnarán legalmente.

AMLO ha determinado que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales, esta medida provocará graves conflictos ya que en el artículo 127 de la Constitución se dispone que “ningún servidor público podrá recibir remuneración… mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Datos publicados en El Universal indican en el gobierno federal más de 35,000 funcionarios perciben sueldos por arriba de 108 mil pesos mensuales, tan solo en el Poder Judicial de la Federación serían 9,376 de los 42,977; en Pemex más de 8 mil de sus 111,000 trabajadores, y miles más en la administración centralizada, paraestatal, órganos constitucionales autónomos y en el Poder Legislativo, empezando por los 628 diputados y senadores. El anunció de reducir el sueldo en un 50% a todos los que perciban ingresos superiores al millón de pesos anuales afecta a los miles de funcionarios que se encuentran en el supuesto anterior. Ya se verá hasta donde se podrá cumplir este lineamiento.

Por lo pronto en el Poder Judicial será de difícil aplicación, en el artículo 94 de la Constitución se dispone: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, ¿cómo le hará AMLO para eludir este precepto?, no podrá hacer nada, los salarios y pensiones vigentes se mantendrán.

La idea de reducir el 70% de los 300 mil empleados de confianza, debe traducirse en que van a echar a la calle a 200 mil funcionarios solo para sustituirlos con simpatizantes de Morena.

La promesa de reducir gastos y ahorrar en vehículos, viáticos, seguros médicos privados, viajes, escoltas, choferes, secretarios particulares, asesores, teléfonos celulares, mobiliario, remodelación de oficinas y otros insumos son erogaciones muy cuantiosas de las que todos han abusado, probablemente es la más importante de las medidas anunciadas y ojalá se pueda llevar a la práctica pues se podrían ahorrar miles de millones de pesos. La reducción del gasto en publicidad gubernamental en un 50% es loable, pero en este rubro se podría ahorrar mucho más.

El Estado Mayor Presidencial es una área de apoyo directo al presidente que se convirtió en un poder fuera del control ordinario, con ocho mil miembros es el más numeroso y oneroso del orbe, la propuesta de integrarlo a la Sedena tiene sentido pues su personal siempre ha sido parte del estamento militar, y lo único que cambiaría es que la seguridad y la logística de la oficina del presidente se organizará de manera más austera y discreta por esa Secretaría.

La promesa de cancelar las pensiones a los ex presidentes suena bien, bastaría asignarles un sueldo base de 108 mil pesos, y no más que eso. Es imperativo cancelarles las enormes prestaciones que se les otorgan y retirarles el descomunal número de personas asignadas ya que cada uno puede tener hasta 78 militares, entre ellos un general, y 22 civiles a su servicio personal y familiar, lo que a todas luces es excesivo. Solo un ejemplo, si Felipe Calderón llega a los 90 años, le habrá costado al país ¡más de mil millones de pesos! (igual que Echeverría), este cálculo se hace tomando como base un costo mensual de dos millones por ex presidente.

El ofrecimiento de modificar el artículo 108 para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción, así como suspender (debería decir eliminar) los fueros para todos los funcionarios es una propuesta plausible. La redacción de ese artículo ha permitido la impunidad, la expresión de que el presidente solo puede ser juzgado, “durante el tiempo de su encargo”, por traición a la patria y delitos graves del orden común se ha interpretado, de manera absurda, que después de que dejó el cargo ya no puede ser juzgado.

En esta batería de medidas no se dice nada sobre Los Pinos, López Obrador debe tener en cuenta que esa casa no es suya, que no puede disponer de ella como quiera y que no debe utilizarse para otros fines, él será presidente solo seis años y los próximos presidentes tendrán la necesidad y querrán vivir en esa residencia, así que no debe cambiarse su uso y destino.

La intención de gastar menos y de manera más eficiente nos conviene a todos.

csepulveda108@gmail.com



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