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Lunes , 18.06.2018 / 16:33 Hoy

Duda razonable

¿Qué hará Peña Nieto frente a la trampa del Congreso?

Carlos Puig

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La historia está clara: hace un par de meses, panistas enojadísimos con los cientos de miles de ciudadanos que habían exigido la transparencia en el patrimonio e intereses de los servidores públicos habían pedido que la obligación fuera también de los empresarios. La semana pasada, el senador independiente Manuel Cárdenas presentó ante el pleno la adición a la ley. Senado y Congreso la aprobaron felices. Ante los reclamos, Emilio Gamboa y Pablo Escudero confirmaron en sendas declaraciones que era un acto de venganza contra los empresarios que patrocinan algunas de las ONG que impulsaron la 3de3.

El engendro aprobado es una barbaridad.

Dice el artículo 32: “Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación de patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente Ley: a) Los servidores públicos; b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios; c) Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”. (Negrillas, mías).

Es decir, todo mundo. O casi. Los grandes empresarios, sí, pero también profesores de escuelas que reciban recursos públicos, albañiles de una carretera hecha con recursos públicos, camarógrafos cuyas televisoras reciban publicidad de algún gobierno, becarios del Conacyt, productores del agro que reciban subsidio, cineastas, escritores y artistas que reciban fondos del Estado, meseros de empresas contratadas para servir en eventos de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera… La locura, pues.

Eso en política se llama una píldora envenenada. Un artículo tan absurdo que obliga a que la ley no se publique. En realidad no hay Ley de Responsabilidades Administrativas porque los legisladores, tramposos, así lo decidieron.

La ley está ahora en manos de Enrique Peña Nieto. La Constitución le da la facultad de veto parcial. Podría desechar el artículo completo y devolver esa parte al Legislativo. Para sobrevivir, el 32 necesitaría entonces el voto de dos terceras partes.

El Legislativo tendría que convocar otro extraordinario, o retrasar todo hasta el otoño.

La pregunta es quién escribió el guión de esta farsa. Lo sabremos pronto.

Twitter: @puigcarlos

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