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Martes , 23.10.2018 / 09:47 Hoy

Sin pedir audiencia

Dos casos, dos caminos

Carlos Martínez Macías

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El 15 de noviembre de 2012, los jóvenes tapatíos Sergio Alejandro Torres Duarte y Julio César Moreno Guzmán viajaban a Mazatlán, Sinaloa, en un Toyota Sienna azul 2004 cuando tuvieron que detenerse en un retén en Escuinapa a 60 kilómetros del puerto.

Tras la revisión, personal militar descubrió un paquete oculto en el tablero del vehículo. Era nada menos que un kilogramo de cocaína por lo que los sorprendidos estudiantes de 18 años fueron detenidos y consignados por delitos contra la salud.

El caso fue motivo de escándalo al revelarse que todo se había tratado de un error cometido por el gobierno norteamericano. La camioneta había sido asegurada el cuatro de octubre de 2011 en McAllen, Texas, al descubrirse ocultos cinco kilogramos de cocaína.

Tras el proceso legal, la unidad fue rematada y fue el padre de Sergio Alejandro quien la compró en una subasta en febrero de 2012 sin saber que las autoridades texanas olvidaron limpiar correctamente la camioneta y dejaron un kilo de coca.

Los jóvenes permanecieron diez meses en prisión en Sinaloa hasta que el gobierno norteamericano envió una carta donde reconocía que la droga pertenecía al lote decomisado y admitía el grave error.

El ministerio público de la federación se desistió y los muchachos fueron absueltos de todos los cargos.

A lo largo de todo el proceso y desde que conoció del caso al inicio de su gestión, Jorge Aristóteles Sandoval brindó apoyo y asesoría a los familiares de los estudiantes detenidos. Fue directamente el entonces secretario general de gobierno, Arturo Zamora Jiménez, quien con su equipo legal dio seguimiento y respaldo a familiares y abogados de la familia.

Luego de su liberación, los jóvenes y familiares se reunieron con el gobernador Aristóteles Sandoval para agradecer toda la ayuda brindada…

El 22 de julio de 2015 un grupo de 33 indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán junto con el asesor legal Eduardo Mosqueda Sánchez, fueron detenidos por policías de Colima en suelo jalisciense cuando realizaban una protesta en las oficinas de la mina Peña Colorada.

Reclamaban el pago de adeudos pendientes de convenios por ocupación de dichas tierras y fueron acusados según la causa 142/23015-S3 de los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y robo calificado.

Tras una serie de extrañas negociaciones, el gobierno de Jalisco interviene a través de la Secretaría General de Gobierno y consigue la libertad de los 33 indígenas pero no del pasante de derecho e integrante Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

De acuerdo con el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, el joven pasante “engañó” a los campesinos y los “incitó” a que actuaran con violencia atacando con piedras y palos a la autoridad y privando de la libertad a personal de la compañía.

El mismo mandatario revela que el gobierno de Jalisco pagó la fianza de los 33 indígenas, pero no del pasante de derecho.

Luego del amparo 1173/2015 tramitado para Eduardo Mosqueda, la sentencia suscrita por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en funciones de juez, Nancy Adriana Salazar López, concluye:

“Con el material probatorio reseñado por el juez responsable no se acredita la probable responsabilidad de Eduardo Arturo Mosqueda en el caso de los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo”.

La decisión fue apelada y está a punto de resolverse.

A diferencia del apoyo brindado a los estudiantes que permanecieron diez meses presos en una cárcel de Sinaloa, esta vez no hubo acompañamiento ni apoyo de las autoridades estatales para un joven de 25 años que está por cumplir nueve meses detenido en un penal de Colima acusado injustamente.

(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).

martinezmcarlos@hotmail.com

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