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Lunes , 10.12.2018 / 03:40 Hoy

Sin pedir audiencia

Aristóteles, dejar la mesa limpia

Carlos Martínez Macías

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Como en los tiempos remotos cuando el PRI era un partido hegemónico que no compartía el poder, el actual gobierno estatal se ha enfrascado en una auténtica cruzada para conseguir miles de “renuncias voluntarias” y así dejar la mesa limpia al gobierno entrante.

La instrucción, atribuida al propio gobernador Aristóteles Sandoval, abarca prácticamente todas las secretarías y organismos descentralizados, donde cunde el pánico entre cientos de trabajadores que en vísperas de las fiestas decembrinas se quedarían sin empleo.

La maniobra va acompañada incluso del texto minuciosamente redactado abarcando los aspectos jurídicos para evitar una demanda laboral. Este columnista tuvo acceso a uno de los documentos que deben llenar los trabajadores para manifestar su “renuncia voluntaria” por así convenir a “sus intereses”.

Dirigida al director general del Siapa, Aristeo Mejía Durán, la carta señala lo siguiente:

“Por este conducto comparezco ante usted para solicitarle tenga a bien tenerme por recibida y aceptada mi renuncia voluntaria con carácter de irrevocable, por así convenir a mis intereses en relación al puesto que desempeñé de (aquí viene una raya para incluir la información del cargo) desde el día (otra rayita) de (rayita) de 20 (rayita), adscrito a la Dirección (rayita) del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Asimismo, manifiesto que a la fecha no se me adeuda prestación laboral alguna por parte de este Organismo, así como también manifiesto que a la fecha no he sufrido riesgo de trabajo alguno y que el trato hacia mi persona durante el tiempo en que me desempeñé en este Organismo siempre fue de respeto y equidad.

Como consecuencia, desde este momento renuncio al ejercicio de cualquier acción laboral, civil o penal, que pudiera corresponderme en contra del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar”.

Después viene una rayita más para colocar la firma, el nombre y la fecha.

Cartas con redacciones similares se han distribuido desde hace varios días en las distintas dependencias del gobierno estatal, ante la sorpresa de miles de trabajadores que ya vivían la zozobra de no saber que les deparaba el destino en el cambio de administración.

Aunque este tipo de presiones regularmente se centraban en personal de confianza y en aquellos trabajadores eventuales o súper numerarios, la instrucción es pareja y no importa que algunos empleados gocen ya de una plaza administrativa u operativa, sino que han sido conminados a renunciar porque es el compromiso del gobernador de que quien llegó con él debe también dejar el puesto.

Este tipo de prácticas eran comunes cuando el tricolor no tenía competencia y quienes llegaban con el gobernante en turno tenían la obligación moral y política de renunciar sin chistar al puesto que les habían asignado.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los nuevos funcionarios priistas en la administración de Aristóteles Sandoval (algunos de los cuales estuvieron en la banca 18 años), no parecen dispuestos a someterse a dicha jettatura por dos motivos fundamentales.

Primero, porque la fuerza política del gobernador estrictamente termina hoy con su encargo y segundo, porque el PRI no tiene calidad moral para exigirle nada a sus militantes después del batidillo que se vivió en el proceso electoral y que derivó en su aparatosa derrota.

Si ni siquiera hay ánimos para seguir como militante (ahí están los cambios de camiseta), mucho menos los habrá para acatar una medida que los dejará sin chamba y los enviará a la banca de nuevo quién sabe por cuánto tiempo.

Por si fuera poco, la maniobra detallada líneas arriba con una carta expresa para las “renuncias voluntarias”, encierra una flagrante violación a los derechos laborales de los empleados que según ha asentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son irrenunciables.

Además, la estrategia resulta inequitativa a la luz de los datos revelados por la periodista Mireya Blanco quien a través de informes recibidos por Transparencia, pudo acreditar que durante el gobierno de Sandoval se habrían otorgado más de dos mil 300 basificaciones de servidores públicos a los que sería más complicado remover.

De esta manera la operación “renuncia voluntaria” parece condenada a fracasar y anticipa una gigantesca ola que deberá sortear Enrique Alfaro, ya sea para remover funcionarios o para enfrentar cientos de demandas laborales.

(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).

martinezmcarlos@hotmail.com






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