Si la mitad de lo que dice nuestra Constitución Política se materializara tendríamos los mismos niveles de desarrollo que Suecia o Corea del Sur; desafortunadamente, los buenos deseos suelen tropezar con la realidad. La propuesta del presidente López Obrador para hacer “obligatoria y universal” la educación superior es, sin duda, una buena noticia y noble intención, pero tendría que venir acompañada de un ambicioso paquete de políticas públicas para logarlo. No es el caso hasta el momento.
Países con cobertura universal en educación superior (por arriba del 60%) nos muestran algunos caminos para lograr esta meta. Dinamarca impulsó una reestructuración voluntaria de sus instituciones de educación superior (IES) para una mejor utilización de sus capacidades y así recibir más recursos de la Unión Europea; Corea del Sur reformó su modelo fiscal para recaudar más y, a su vez, generar incentivos para aumentar la inversión del sector privado en las IES; Chile apostó por un sistema privado y un esquema de bonos educativos acompañado de programas de becas para los estudiantes.
Colombia, que avanza rápidamente hacia una cobertura universal (actualmente su tasa es de 50%), apuesta por una fuerte inversión pública en sus universidades acompañada de un esquema de incentivos para el crecimiento de la oferta privada. Colombia invierte 2.2% del PIB en educación superior, por arriba del promedio de la OCDE (1.5%). México invierte alrededor del 1% del PIB en este rubro.
Además de sus tasas crecientes o casi universales de cobertura, lo que tienen en común estos países es que ninguno establece en sus ordenamientos legales la obligatoriedad de la educación superior. La clave es haber logrado acuerdos nacionales y políticas de Estado que involucran a todos los actores (universidades, empresas, gobierno y sociedad), combinando el aumento de los recursos públicos con incentivos para la inversión privada.
