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Lunes , 25.06.2018 / 14:54 Hoy

Columna de Camilo González Lara

La seguridad y el sistema acusatorio adversarial

Camilo González Lara

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En un ambiente de inestabilidad y de indignación en el Estado, año 2013, se desplegó la contienda electoral, lo que supuso la creación de estrategias de comunicación política y electoral, de los partidos y sus candidatos, que le dieran a la ciudadanía la certeza de que la criminalidad y sus efectos podían llegar a su término. El sentido más promisorio de los discursos, tanto a nivel gubernamental como a nivel de las fuerzas políticas, vio su apoteosis en la publicidad que estos actores filtraron en los medios electrónicos y digitales. Como resultado de ello, las expectativas de un nuevo orden social, poco a poco, fue delineándose, sin descartar los claroscuros en la percepción ciudadana.

Hoy, a mitad del corriente año, en el campo de las investigaciones sobre el discurso político y sus aplicaciones, en la esfera de la comunicación en materia de seguridad y procuración, van desde el análisis de la relación entre el texto y el contexto, hasta las exploraciones centradas en la descripción y análisis de los contenidos, o será mejor decir, de la tipología pragmática de los que hoy gobiernan.

El chiste es, que se ha emprendido una estrategia discursiva por parte de las autoridades para aminorar los efectos de la violencia en los medios de comunicación y su percepción en la ciudadanía, hubo un decidido cambio de rumbo en el tratamiento del tópico, pero estamos muy lejos de satisfacer la sentida demanda ciudadana.

Hoy, nuestro sistema de justicia penal atraviesa por un periodo de transición histórica, donde poderes y órdenes de Gobierno trabajan y materializan este esfuerzo para lograr el nuevo modelo de justicia penal acusatoria y adversarial que prevé nuestra Carta Magna.

La fiscalía del Estado, así como las instituciones de seguridad pública, jueces y magistrados, deberán impulsar con firmeza la efectiva transición e instrumentación del nuevo Sistema Acusatorio; agilizando los juicios, se resolverán con mayor capacidad institucional los distintos casos que se tengan y se asegura la equidad entre las partes; se privilegiara la solución de conflictos, a través de mecanismos alternativos, como la conciliación y la mediación para la pronta reparación del daño, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos, combatiendo el delito y la impunidad.

Estas razones son teóricas y es lindo y hasta ingenuo creer, pero por alguna razón, no he perdido el sentido de admiración, la sorpresa y la esperanza en el ser humano… les doy el beneficio de la duda y mi fe en los que me gobiernan.

Solo advierto que, no caben en esta tarea y en esta misión, esfuerzos o tareas individualistas. Tiene que haber corresponsabilidad, coordinación y alineación de esfuerzos entre órdenes de Gobierno, una visión compartida para que realmente podamos generar una sinergia ganadora y eficaz en esta tarea de la procuración de justicia.

Debemos alentar la especialización, tener investigadores con renovadas capacidades científicas y técnicas, contar con servidores públicos más comprometidos con su responsabilidad social, temas que aún no se concretan y estamos capacitando a nuestro personal para estar a la altura de este reto.

“Se trata de cumplir, no de competir” y menos ante lo que es el reclamo social más sentido entre los Mexicanos, la Seguridad y la Procuración de Justicia; ante estos no hay colores partidistas que nos dividan.

La sociedad espera respuestas oportunas y eficaces; espera, también, un cambio positivo no sólo en las policías o en los Ministerios Públicos, exige trabajar al unísono en estrecha vinculación, generar espacios de diálogo, de sinergias, propositivo, de colaboración, que se traduzca en acciones conjuntas y coordinadas para dar plena vigencia al Estado de Derecho que todos los mexicanos y Jaliscienses anhelamos y queremos.

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