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Los delitos y el fraude electoral

Bernardo Barranco

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Estrujante en verdad la entrevista realizada por el periodista Julio Hernández a un operador político que detalla las diferentes formas de realizar fraudes y burlar las leyes y las autoridades electorales. La entrevista se titula: “El fraude ya está en curso, advierte mapache electoral” (https://www.youtube.com/watch?v=fS-STZSKxQo&t=917s). Sostiene que ya están en marcha acciones fraudulentas tendientes estafar la voluntad popular y no me queda duda que el anónimo operador electoral que aparece en pantalla es mexiquense, miembro de la generación de la llamada “marea roja”. Son indignantes las revelaciones de este anónimo ejecutor de artificios y trapacerías electorales que reconoce la más absoluta impunidad por parte de las autoridades electorales. Devela que el fraude es una práctica que se ha venido sofisticando y aprovecha los resquicios de la ley para burlarla. Recordemos que el fraude electoral es sinónimo de corrupción. Lamentablemente todos los partidos ejercen estas prácticas tramposas fuera de la ley, siguiendo el ejemplo del PRI, verdadero maestro que detenta varias patentes en la materia. El objetivo es manipular y coaccionar el voto ciudadano ya sea para inhibir o inducir. Son delitos que dañan la democracia pues vulnera la voluntad popular y la soberanía del pueblo.

Todo este conjunto de trapacerías constituyen delitos electorales, la Fepade los define como aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.

El catálogo de violaciones a la ley electoral es muy amplio, como la compra y coacción del voto, el robo de urnas, alterar, modificar o destruir el material electoral, publicar o difundir información falsa sobre el resultado de la elección, impedir la apertura de casillas, interrumpir el escrutinio y cómputo de la elección. La compra del voto, pedir credenciales de elector, condicionar una prestación o servicio público, condicionar la entrega de beneficios de programas sociales, obligar a los servidores públicos para que acudan a los actos de campaña; son sólo algunos de los actos que los partidos políticos realizan.

Destacaría el dinero subterráneo no detectado por la fiscalización blandengue del INE y el uso faccioso de los programas sociales para manipular el voto de personas en condición de pobreza. Sobre todo irrita la omisión de las autoridades electorales. Preocupa que el fraude ya esté en curso, según el anónimo mapache

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