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Los derechos hoy

Los derechos como vía hacia la justicia social

Arturo Zaldívar

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En los últimos 20 años —y con mayor intensidad a partir de la reforma constitucional de 2011— los derechos humanos han tenido un auge y se han consolidado como la piedra angular de nuestro sistema jurídico. El derecho a la no discriminación, la libertad de expresión, el interés superior del niño, el debido proceso por mencionar solo algunos, han tenido un desarrollo y se les ha dotado de un contenido que tiende a hacer de ellos derechos plenamente efectivos y tangibles en la vida cotidiana de las personas.

Pero hay una clase de derechos cuyo desarrollo ha sido más lento y menos transformador: los derechos económicos, sociales y culturales, que si bien tienen pleno reconocimiento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, tradicionalmente han enfrentado mayor dificultad para ser exigibles.

Derechos como la salud, la vivienda y la educación también han sido desarrollados por la Suprema Corte, pero quizá no con un alcance que tenga un impacto real en el combate a la desigualdad social. Ciertamente se ha construido doctrina en torno al derecho al mínimo vital, se ha ordenado la construcción de hospitales para satisfacer las necesidades de salud de algunas localidades y se han resuelto casos vinculando a las autoridades a otorgar algunas prestaciones, pero estos criterios no han tenido un impacto estructural.

Una razón por la que esto ocurre es que no se han superado del todo los obstáculos para la plena justiciabilidad de los derechos sociales. El respeto a estos derechos se considera difícil de enjuiciar porque su satisfacción se encuentra en el cruce de las políticas públicas, el mercado, y la economía, lo que a veces se considera como del ámbito exclusivo de los poderes electos democráticamente. Los jueces no suelen contar con los elementos o considerar que tienen la legitimidad necesaria para someter a escrutinio las medidas estatales para la satisfacción de estos derechos.

Lo cierto es que el respeto a los derechos sociales y el abatimiento de la injusticia social, que es su fin último, son una condición necesaria e indispensable para el ejercicio de todas las otras libertades. La pobreza es tanto la causa como la consecuencia de la falta de respeto a los derechos humanos, de manera que el fracaso de las políticas públicas tendientes a satisfacer los niveles mínimos de subsistencia de la población es una afrenta directa a la dignidad de las personas y hace de todos los otros derechos una mera ilusión.

Hoy en día, es claro que las estructuras que operan en nuestro país para la garantía y protección de los derechos económicos y sociales han sido insuficientes para satisfacer eficazmente la realización progresiva de esos derechos y que el Estado social que describe nuestra Constitución no es aún una realidad, lo que implica que la Suprema Corte y los jueces en general tienen el reto de desarrollarlos como vía hacia una mayor justicia social.

Cuando la Constitución impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ello entraña un deber de considerar el universo de derechos como una unidad que debe protegerse y garantizarse en forma integral.

Por ello, es indispensable encontrar un modelo de interacción entre el legislador, la administración y los jueces que permita dar continuidad y progresividad a los derechos. No se trata de que por sentencia se diseñen programas sociales, pero sí transitar hacia remedios colectivos y estructurales. Es necesario fijar criterios que generen cambios en las políticas públicas, con base en evidencia empírica y un verdadero diálogo con las otras ramas del gobierno.

Acabar con la pobreza y disminuir la brecha de desigualdad que nos separa a los mexicanos debe ser una política de Estado fundada en una una visión de derechos humanos y respaldada por un amplio consenso político y social. No podremos resolver nuestros problemas de seguridad, corrupción y justicia, mientras la principal preocupación de muchos mexicanos sea alimentar a sus hijos o tener agua para el día a día.

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