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Viernes , 21.09.2018 / 07:27 Hoy

Los derechos hoy

Guardería ABC: no debieron morir

Arturo Zaldívar

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El 5 de junio de 2009, en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, murieron 49 niños y niñas, a causa de la negligencia inexcusable de las autoridades que estaban encargadas de cuidarlos. Esta tragedia no fue un mero accidente; fue una injusticia y una grave violación de derechos humanos, que pudo haberse evitado si el Estado hubiera cumplido con su deber básico de salvaguardar la vida y la integridad de las personas y de velar por el interés superior de los niños que estaban bajo su cuidado.

Murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados, porque existía un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia del sistema de guarderías subrogadas del IMSS, particularmente en el ámbito de la protección civil. Un desorden que, inexplicablemente, permitió el funcionamiento de un establecimiento improvisado, que operaba en condiciones de inseguridad de tal magnitud, que en el lapso de escasos minutos, se convirtió en una trampa mortal.

Estos hechos, que cimbraron a la sociedad, brindaron a la Suprema Corte la oportunidad privilegiada de pronunciarse sobre la responsabilidad política, constitucional y ética derivada de las violaciones graves a los derechos humanos. A través de la hoy extinta facultad que la Constitución le concedía para investigar este tipo de violaciones, la Corte estuvo en posibilidad de identificar a los responsables últimos de la indolencia con la que tristemente muchos servidores públicos desempeñan sus funciones en nuestro país.

El proyecto que me correspondió presentar al Pleno, proponía establecer la responsabilidad constitucional de varios servidores públicos, con especial énfasis en aquellos que ocupaban los cargos más altos en los tres órdenes de gobierno. No se trataba de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de dichas autoridades, sino de señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso. Se trataba de redimensionar la noción del servicio público como responsabilidad y no como privilegio.

Pero lamentablemente, la oportunidad se dejó pasar. Ni un solo funcionario de alto nivel fue señalado como responsable, no hubo ninguna renuncia, ninguna condena moral. Lejos de ello, se le quitó a la Corte la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos, a pesar de que era un instrumento particularmente adecuado para restaurar el orden constitucional vulnerado frente a hechos de esa envergadura, en los que previsiblemente las instituciones tradicionales podían verse rebasadas.

A ocho años, sigo lamentando que esta injusticia haya quedado impune. Más allá de las consecuencias administrativas, civiles y penales —muchas de las cuales se siguen ventilando ante los tribunales— el caso de la guardería ABC quedó impune desde el punto de vista de la responsabilidad constitucional; quedó impune en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática. Diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas. La responsabilidad del Estado por violaciones graves a los derechos humanos no puede desaparecer en un mar de formalismos y de procesos mediante los cuales al final nadie es responsable de los hechos o lo son solo los niveles más modestos de la cadena de mando. Para hacer responsable al Estado frente a eventos como este, es indispensable que los servidores públicos asuman la responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo y que enfrenten consecuencias reales cuando estas fallan estructuralmente.

El recuerdo de los pequeños que perdieron la vida, el dolor de sus padres, el sufrimiento de los que hasta hoy padecen las lesiones, no deben perderse nunca en nuestra memoria colectiva. Lo sucedido debe llevarnos, de una vez por todas, a refundar nuestra ética del servicio público porque la indiferencia y la apatía o, peor aún, la ineptitud y la corrupción generadas por la falta de rendición de cuentas y por la impunidad en todos los niveles, a veces tienen por consecuencia, como aquel 5 de junio, arrebatar vidas inocentes. Un Estado que no protege a sus niños es un Estado sin futuro.

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