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Los derechos hoy

Fallo histórico para la democracia mexicana

Arturo Zaldívar

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La Suprema Corte emitió en días pasados una sentencia que con justa razón se ha calificado como histórica. La Corte concedió el amparo solicitado por Artículo 19 contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de propaganda y comunicación social, por considerar que la falta de cumplimiento al mandato constitucional respectivo genera un estado de cosas violatorio del derecho a la libertad de expresión.

Dicho fallo constituye un parteaguas para la justicia constitucional, porque por primera vez el juicio de amparo es procedente contra una omisión legislativa. Se determinó que los jueces pueden ordenar la expedición de leyes cuando la Constitución obliga a ello, lo que constituye una reinterpretación del principio de relatividad de las sentencias, que hace del amparo un instrumento más eficaz para la protección de los derechos humanos.

En el caso, la Corte advirtió que desde 2014 el Congreso de la Unión ha estado en incumplimiento del mandato constitucional que le ordena reglamentar la materia de comunicación social conforme a los lineamientos que la propia Constitución fija, a saber, que la propaganda debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y que el gasto respectivo debe cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, todo lo cual se traduce en la obligación de establecer reglas claras para la asignación del gasto en publicidad oficial.

Se encontró que la falta de legislación al respecto genera un vacío normativo que abre la puerta al uso discrecional del gasto en comunicación social, y que ello constituye un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión. La ausencia de reglas precisas en esta materia es terreno fértil para que existan presiones de los gobiernos a los medios de comunicación, bajo la forma de castigo a los que son críticos, y de recompensa a los que se mantienen callados o elogian. Esta restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo, además, un efecto silenciador, en la medida en que a través de la asfixia financiera es posible acallar puntos de vista que enriquecen el debate público.

Este pronunciamiento establece un criterio fundamental sobre la relación que existe entre el ejercicio del gasto en comunicación social y los derechos a la libertad de expresión y de información. Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la formación de la opinión pública y, por ende, en la democracia. Un debate robusto de ideas, con libertad e informado es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Los medios de comunicación son el vehículo privilegiado para ello. Fortalecer y cuidar su independencia es de enorme relevancia.

En este sentido, la sentencia de la Corte brinda la oportunidad de replantear la relación entre el poder público y los medios. Es necesario acatar la Constitución para que la publicidad oficial sea transparente, clara, equitativa y que cumpla con los objetivos y finalidades constitucionales. Sin ello, se distorsiona el debate público, se inhiben voces necesarias y se mina la esencia misma de nuestra democracia.

Pero la sentencia tiene una enorme relevancia desde una perspectiva más amplia. Brinda la oportunidad de fijar nuevas coordenadas hacia una renovada cultura democrática, en la que la Constitución no sea una carta de buenos deseos, sino una norma jurídica vinculante que se debe cumplir, y en la que funcionen los mecanismos institucionales de pesos y contrapesos que así lo aseguran.

En este sentido, el fallo no pone a la Corte en situación de confrontación con el Poder Legislativo. Por el contrario, les ofrece a ambos la ocasión de asumir el papel que les corresponde en nuestra arquitectura constitucional y de mostrar que hay espacios de institucionalidad desde los que es posible recuperar la confianza ciudadana. Es una gran oportunidad para apuntalar la credibilidad de nuestro sistema político, demostrar que está en nuestras manos construir un estado de derecho y así rescatar nuestra democracia.

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