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Los derechos hoy

Consumir mariguana, una decisión personal

Arturo Zaldívar

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Hace tres años, la Suprema Corte dictó una sentencia trascendental, que al día de hoy puede tener el alcance de reorientar por completo la política de drogas en nuestro país.

Desde un enfoque basado en la protección de los derechos humanos, la Corte determinó que la prohibición absoluta al consumo lúdico de la mariguana, tratándose de personas mayores de edad, resulta inconstitucional porque limita en forma excesiva el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Nuestra Constitución otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al establecer una serie de derechos fundamentales cuya función es la de garantizar las condiciones necesarias para que los individuos puedan elegir y materializar los planes de vida que se propongan.

Así, a la par de ciertas libertades públicas concretas, como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de tránsito, o la libertad religiosa, la Constitución protege un ámbito residual de libertad en el que todo individuo puede elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Se trata de una esfera de privacidad en la que las personas son libres de tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus propios valores, ideas o expectativas, sin interferencias del Estado o de terceros, teniendo como límite el respeto a los derechos de los demás, así como al orden público.

La Corte determinó que la decisión de una persona mayor de edad de consumir mariguana con fines recreativos —no necesariamente medicinales— pertenece a esa esfera de autonomía personal protegida por la Constitución, ya que a través de dicha actividad se busca experimentar pensamientos, emociones o sensaciones en forma personal e íntima y que, por esa razón, su prohibición absoluta incide o afecta prima facie el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que solo puede ser constitucional si ese grado de intromisión en la esfera de autonomía resulta proporcional a los fines públicos que se buscan tutelar con la medida.

Si bien con dicha prohibición se persiguen fines válidos de salud y orden público, la Corte resolvió que, tomando en cuenta los datos empíricos existentes sobre los daños a la salud y a la sociedad que genera el consumo de mariguana, lo cierto es que existen otras medidas alternativas que afectan en menor medida la autonomía de las personas, como puede ser la regulación de supuestos específicos, y que en tal sentido, la prohibición de consumir mariguana en cualquier circunstancia resulta innecesaria, desproporcionada y, por ende, inconstitucional.

Este fallo de la Corte fue precursor en el mundo en abordar la cuestión del autoconsumo de la mariguana desde un enfoque de derechos humanos. A partir de él se abrió un intenso debate público respecto a la política de drogas del Estado mexicano y, desde entonces, otros tribunales constitucionales se han pronunciado también en el sentido de que la prohibición absoluta de consumir mariguana es violatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se trata de una sentencia que ha sido calificada como histórica, pues a partir de ella se han dado los pasos más importantes para cambiar la política prohibicionista que nos ha regido por más de un siglo. La resolución constituye un parteaguas en el discurso hegemónico sobre las drogas y abona a la discusión sobre los costos y beneficios de la guerra contra las drogas, especialmente en el contexto de violencia que la acompaña.

En este sentido, la resolución confirma, además, el rol fundamental de la Corte como agente de transformación social, cuando interpreta la Constitución de manera que se propicien los cambios necesarios para hacer realidad los ideales de libertad, democracia e igualdad que nuestra Constitución vislumbra.

Corresponde ahora a las otras ramas del gobierno diseñar las políticas públicas y las medidas regulatorias que permitan atender en forma adecuada las problemáticas derivadas del consumo de la mariguana y otras sustancias ilícitas, sobre la base de que no corresponde al Estado ejercer un paternalismo injustificado ni imponer un modelo perfeccionista de conducta, sino garantizar y proteger los derechos humanos de las personas.

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