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Domingo , 27.05.2018 / 03:35 Hoy

Los derechos hoy

Cambio cultural y nuevo sistema de justicia penal

Arturo Zaldívar

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Todas las grandes transformaciones jurídicas requieren ir acompañadas de un cambio cultural que las aterrice. Las normas, por sí solas, no modifican la realidad, sino que es la manera en que son acogidas en el sistema, lo que les da su plena efectividad. Así, por más ambiciosa que sea una reforma constitucional o legal, su impacto y su capacidad para generar un cambio social están supeditados a que los encargados de aplicarlas e interpretarlas lo hagan de manera orientada a lograr sus fines y objetivos.

Así sucedió, por ejemplo, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual enfrentó dos visiones completamente diferentes sobre su alcance: para algunos, la reforma debía leerse dentro de los cánones tradicionales sobre jerarquía normativa y control de constitucionalidad, mientras que para otros, implicaba una completa redefinición de nuestro constitucionalismo. Tras arduos debates en el pleno de la Suprema Corte, finalmente prevaleció una interpretación que revolucionó nuestro sistema jurídico, al determinarse que existe un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, que sirve de parámetro para juzgar la validez del resto del orden jurídico nacional.

Este nuevo paradigma ha venido a modificar el entendimiento del derecho y de la función que realizan los jueces en todo el país, lo cual no hubiera ocurrido si el sentido del texto constitucional se hubiera interpretado de manera tradicional, con lo que la reforma habría quedado en mera retórica.

En el caso del nuevo sistema de justicia penal, la Constitución previó un plazo de ocho años para su implementación, la cual implicaba una intensa labor de capacitación a sus operadores. Los nuevos roles que se prevén para policías, investigadores, fiscales, peritos, defensores y jueces requieren un conocimiento profundo del sistema y del cambio de paradigma que supone. Sin embargo, esta capacitación ha sido dispareja y no todas las entidades federativas están en condiciones de hacer frente al enorme reto que implica la consolidación del nuevo modelo.

Pero más allá del problema de la capacitación, es de fundamental importancia generar una narrativa del sistema, que permee tanto a las autoridades encargadas de su aplicación, como a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a través de la cual pasemos de una visión de un sistema penal autoritario, arbitrario y opaco, hacia una concepción de éste como un ejercicio dialéctico, basado en los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

La transición al modelo de justicia penal acusatorio exige generar un consenso social en el sentido de que un sistema más transparente y más protector de los derechos humanos no implica impunidad ni violar los derechos de las víctimas. Por el contrario, dejar atrás un sistema que mostró su ineficacia y avanzar hacia procedimientos más claros e imparciales, nos beneficia a todos, porque nos asegura que quien es culpable de un delito sea sancionado conforme a reglas más justas, sin recurrir a las prácticas facilitadas por el anterior modelo, como fabricación de culpables, uso indiscriminado de la prisión preventiva como sentencia anticipada, e incluso tortura, cuyas víctimas, por regla general, son las personas con menos recursos.

En este sentido, es importante destacar que entre las virtudes del nuevo sistema de justicia penal está la de igualar a las personas frente a la ley, para pasar de una justicia elitista a una justicia más igualitaria y más transparente.

Pero para que esto sea posible, todos los actores jurídicos tenemos la obligación de hacer permear este cambio cultural a la sociedad y de redefinir el entendimiento que tenemos del poder punitivo del Estado. Apostar al fracaso del sistema penal acusatorio o responsabilizarlo de los problemas de seguridad que padecemos no solamente es profundamente irresponsable sino un error histórico y político. No debemos ceder ante la tentación de volver a un sistema penal que lo único que generó fue injusticia, impunidad y corrupción.

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