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Columna de Arturo Balderas Torres

¿Vigilancia Ambiental S.A?

Arturo Balderas Torres

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La función del gobierno ha cambiado en los últimos años. Gradualmente el aparato público ha sido desmantelado y muchas funciones han sido adoptadas por el sector privado. Sin embargo, la vigilancia del marco legal ambiental no ha sido una de ellas. Si se privatizara la vigilancia ambiental ¿Podría reducirse la contaminación y la impunidad en la que vivimos?

Las empresas públicas ayudaron a crear la infraestructura y la economía del país. Dichas empresas han dotado de bienes y servicios a la población y han sido fuente de financiamiento del gasto público. Desde la década de los ochenta muchas empresas fueron privatizadas. Como resultado, el gobierno ya no construye directamente obras de infraestructura como carreteras y presas, estos y otros proyectos son asignados por concurso a empresas que en teoría ofrecen la mejor propuesta técnico-económica. Muchas otras funciones también son atendidas en paralelo por el sector privado. Existen sistemas privados para proveer servicios de salud, educación, seguridad personal, ahorro para el retiro y transporte. La teoría pro-privatizadora sugiere que gracias a la competencia se crean incentivos para que las empresas puedan proveer servicios y productos de mejor calidad y menor precio. Cuando las empresas se vuelven más exitosas, tienen recursos para pagar más a sus empleados y atraer talento para hacer las cosas bien. Esto en contraposición con una economía controlada por el estado, por ejemplo como en Venezuela donde la intervención del gobierno ha llevado a altas tasas de inflación y desabasto de productos y servicios básicos en años recientes.

La gran excepción de este proceso privatizador es la vigilancia y persecución de delitos, la cual se mantiene dentro de la esfera pública, por ejemplo bajo la figura del ministerio público, quien representa los intereses de la sociedad contra aquellos que infringen la ley. En este sistema tenemos a abogados muy talentosos en el sector privado compitiendo contra abogados y ministerios públicos que representan los intereses de la sociedad. No es un secreto que si uno cuenta con el dinero para contratar un buen abogado, en muchas ocasiones podrá salir airoso, aunque sea por cuestiones de procedimiento y no de fondo. Si midiéramos el talento en función del sueldo, es claro que los abogados de los prestigiosos bufetes privados llevan las de ganar, lo que significa que la defensa de los intereses públicos lleva las de perder. ¿Podemos crear un sistema en el cual sean los abogados talentosos los que defiendan los intereses públicos?

Una de las críticas principales a la función pública es que la eficiencia y eficacia operativas están en segundo término detrás de intereses políticos. Los incentivos de los funcionarios y empleados no están alineados a su correcto desempeño. Por ejemplo un inspector o agente de tránsito recibirá su mismo sueldo independientemente de su desempeño, puede poner una multa o recibir una mordida por dejar ir al infractor. Si su sueldo fuera proporcional a las multas aplicadas correctamente entonces tendría más incentivos para aplicar la ley; al maximizar las multas y el ingreso asociado, se aplicaría mejor la ley. Claro que es éticamente criticable abordar la aplicación de la ley como un negocio. Sin embargo estas críticas no impiden que la impunidad y corrupción sean un gran negocio asociado a la “aplicación de la ley”, estas críticas tampoco crearán incentivos para atraer a los mejores profesionistas para que representen el interés público. Entonces, si no podemos volver más eficientes los órganos de persecución de delitos ¿Por qué no facultamos a los profesionistas talentosos para realizar esta función? Por ejemplo, que el marco legal permita a abogados privados realizar labores de inspección y vigilancia y que sus ingresos dependan de las multas que impongan en los casos donde defiendan exitosamente los intereses de la sociedad contra aquellos que contaminan y explotan nuestros recursos naturales ilegalmente.

Es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. http://arbalto.blogspot.mx/

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