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Sábado , 23.06.2018 / 21:21 Hoy

Democracia para erizos

Lottizzazione política

Arístides Rodrigo Guerrero García

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En término de “lottizzazione política” ha sido utilizado para denominar a la repartición de puestos gubernamentales entre los partidos políticos. A pesar de que el concepto es de origen italiano, tiene una aplicación frecuente en México.

Nos hemos acostumbrado a que el candidato o partido político ganador, sin importar si sea de orden federal, estatal o municipal, reparte los cargos entre sus amigos, compadres y aliados que lo apoyaron en campaña, dejando a un lado la especialización o experiencia profesional que requiera el perfil del puesto.

Esta figura de “lottizzazione política” la podemos encontrar en la designación de diferentes cargos, y es recurrente escuchar: “este Ministro le toca al PAN”, este Magistrado le toca al PRI” o “este otro Comisionado le toca al PRD”. Es decir, lejos de buscar el perfil más idóneo y con mayores capacidades, los partidos políticos deciden en que ocasión le toca “poner” al PRI, al PRD o al PAN.

La “lottizzazione política” ocasiona distorsiones en la toma de decisiones, aumento de la corrupción e ineficiencia en el desempeño de las actividades profesionales, ya que al momento de actuar, siempre estará presente que el cargo se “le debe” a determinado grupo político.

La evolución de la división clásica de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, representó una oportunidad más para que los partidos políticos se apropiaran de nuevos terrenos.

Es decir, en México teníamos tradicionalmente tres poderes: 1) el Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República; 2) el Legislativo, integrado a nivel federal por la Cámara de diputados y de senadores; y 3) el Judicial, cuyo máximo tribunal, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adicional a estos tres poderes, surgió la necesidad de crear órganos constitucionales autónomos, los cuales se especializan en determinadas materias; por ejemplo en derechos humanos tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ; en transparencia al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI); y en materia electoral al Instituto Nacional Electoral (INE).

Estos mismos órganos existen en cada estado de la República, así por ejemplo tenemos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el Instituto Electoral del Estado de Veracruz, o el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

En la mayoría de casos, los titulares de estos órganos autónomos son designados por los Congresos locales, quienes determinan cuál es el perfil “idóneo”. Sin embargo en la práctica ha sido recurrente que si se cuenta con siete posiciones, se distribuyan de acuerdo a la fuerza de cada partido. Por señalar un ejemplo: tres posiciones las decide el partido con mayoría de diputados, dos el partido que ocupa el segundo lugar y otras dos el partido político que ocupa el tercer lugar.

Es decir, la designación de titulares de órganos autónomos en ocasiones atiende más a las negociaciones e intereses políticos que a un grado de especialización en determinada materia.

Debido a esta situación, en algunas materias como lo es la electoral, las reformas de 2014, determinaron que para la designación de los Consejeros electorales locales habría una participación de las instituciones educativas.

En la práctica se ha visto la participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económica, quienes tienen encargada una etapa en la selección de consejeros electorales locales.

El esquema es perfectible, y a su vez puede ser replicado para la designación de otros titulares de órganos autónomos.

La participación de instituciones académicas en las etapas de designación de determinados cargos, podría ser una forma de disminuir la famosa “lottizzazione política” y lograr así una verdadera autonomía y especialización de los órganos constitucionales.

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