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Lunes , 25.06.2018 / 06:29 Hoy

Democracia para erizos

Alternativas para el financiamiento público de los partidos políticos

Arístides Rodrigo Guerrero García

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Los lamentables sismos ocurridos los pasados 8 y 19 de septiembre posicionan, de nueva cuenta, el debate sobre el financiamiento público de los partidos políticos, sin embargo resulta pertinente evitar propuestas de carácter emergente, y presentar alternativas que puedan ser permanentes.

El financiamiento público para los partidos políticos se clasifica en tres: a) para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; b) para gastos de campaña; c) y para actividades específicas como entidades de interés público.

La fórmula del financiamiento público para actividades ordinarias se obtiene al multiplicar el 0.65 de la Unidad de Medida de Actualización (antes salario mínimo) por el número ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ésta es la fórmula base que impacta a su vez a las otras formas de financiamiento.

La fórmula de financiamiento público fue consecuencia de la reforma electoral de 1996, y en su momento fue pensada para equilibrar la competencia entre los partidos políticos, debido a que en la elección de 1994, ocho de cada diez pesos fueron gastados por un solo partido político.

Si nos remontamos al México de 1997, el padrón electoral era de poco más de 52 millones 200 mil ciudadanos, mientras que en la actualidad, tenemos un padrón aproximado de 88 millones 200 mil ciudadanos. Lo anterior representa un crecimiento de alrededor de 36 millones de ciudadanos, que en porcentaje se traduce en 69.23% más de posibles electores.

Respecto al salario mínimo, en 1997 era de $30.20, mientras que en este año 2017, la Unidad de Medida de Actualización es de $75.49, es decir el criterio para determinar el financiamiento ha aumentado alrededor de $45.29, que en porcentaje es 149.97% mayor.

Lo anterior significa que las dos medidas que se utilizan como criterio para determinar el financiamiento público de los partidos políticos han presentado aumentos considerables que, a su vez, han ocasionado un monto excesivo.

Es decir, quienes configuraron la fórmula no previeron el aumento que iban a tener el padrón electoral y la ahora Unidad de Medida de Actualización; en consecuencia tenemos más de 6 mil 700 millones de pesos destinados a los partidos políticos para el próximo año.

Probablemente, si se esperaba una propuesta que perdurara en el tiempo, no debieron considerarse ambos criterios, y mucho menos llevarla a la Constitución con la reforma de 13 de noviembre de 2007.

Ahora bien, respecto a las propuestas que se han presentado para disminuir el financiamiento público de los partidos políticos, la única que ha prosperado en el ámbito local ha sido la denominada #sinvotonohaydinero, la cual utiliza como criterio la votación válida emitida, en lugar de considerar como base el padrón electoral.

Es una propuesta que ya logró prosperar en Jalisco y que además es muy bien intencionada, sin embargo, lamentablemente, puede fomentar el abstencionismo en México.

Recordemos que en cada elección surgen grupos promoviendo el abstencionismo y el voto nulo, lo negativo de #sinvotonohaydinero, sería que como medida de castigo para los partidos políticos, la ciudadanía no saliera a votar, lo cual sería todavía más perjudicial para nuestra democracia.

Probablemente sería interesante una propuesta en sentido contrario a #sinvotonohaydinero, es decir, entre más votos se obtengan menos recursos se asignarán a los partidos políticos. En esta propuesta el incentivo es para la ciudadanía, diciéndoles: “si sales a votar, menos recursos se asignarán a los partidos políticos”.

Es decir, si tenemos una participación del 60%, el financiamiento será del restante 40%; si tenemos una participación del 40% el financiamiento será del 60%; en este caso estaríamos fomentando la participación y no el abstencionismo, lo cual tendría sentido, ya que si tenemos una ciudadanía más activa, se traduce en una democracia más consolidada y menores recursos deben ser utilizados para los partidos políticos.

Otra de las propuestas podría ser determinar que en lugar del 0.65 del UMA, se utilice otro porcentaje, pudiendo ser el 0.50, 0.40, o 0.30. Sin embargo, para determinar este porcentaje, sería importante realizar proyecciones y no decidirlo arbitrariamente.

Podemos diseñar una infinidad de propuestas, ya sea reduciendo el porcentaje del UMA, o reduciendo el universo de ciudadanos a considerar, sin embargo, si queremos diseñar una nueva fórmula de financiamiento público, resulta necesario realizar proyecciones a futuro.

Por último, cabe señalar que el artículo 105 de la Constitución federal señala que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Lo anterior significa que si se desea una reforma de este tipo, lo más sano es esperar a que culmine el proceso electoral, sin embargo, ello no significa que no podamos debatir sobre el tema.

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