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Domingo , 22.07.2018 / 04:00 Hoy

Hurgar con catalejos

La Cultura y su relegalización

Amado Aurelio Pérez

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Durante los años ochenta, a nivel internacional y en México se conformaron nuevas instituciones de Estado especializadas en temas no solamente de la llamada educación formal, sino enfocadas, a través de programas y proyectos particulares de desarrollo en la promoción y aprendizaje del arte, la difusión de los derechos culturales y la valoración y el uso del patrimonio. Su objetivo era generar bienestar y calidad de vida para los diversos ciudadanos. No es casualidad que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se haya creado en esta época (1989). Tampoco sorprende saber que la última década del siglo XX haya sido declarada por la UNESCO como el “decenio de la cultura”, periodo cuando la Secretaria de Cultura Jalisco expandió sus operaciones, y se inició la descentralización de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

CONACULTA en México, ha inspirado la construcción de aparatos parecidos hasta en el nombre, en casi todos los Estados del país; no tiene un reglamento de operación que permita conocer las formas de gestión de esta institución rectora de las políticas culturales y de preservación del patrimonio cultural de nuestro país. Los debates se orientan al examen de cómo se gestiona el patrimonio, la educación artística o los derechos de autor, éstas son sin duda temáticas relevantes desde el punto de vista jurídico e incluso tienen un sentido social en cuanto a que muchos aspectos de estas normatividades afectan a los ciudadanos pero, en mi opinión, no está ahí lo esencial de los derechos culturales. Aún no existe un modelo consistente de legislación que defienda, impulse y garantice los derechos culturales. Falta acuerdo incluso en materia de una legislación que garantice de manera específica el derecho cultural y de acceso a las creaciones artísticas existentes, tanto en forma de bienes (libros, cine, música, etcétera) como de servicios (bibliotecas, educación artística, información…) Se trata de un derecho que el Estado mexicano ha tratado de satisfacer desde la época de José Vasconcelos y que cuenta con experiencias muy poco alentadoras y en algunos aspectos debatibles. También supone esta situación la participación en la definición de las políticas culturales, el derecho a la consulta, el de proponer iniciativas y supervisar la acción de las instituciones culturales; indispensable reconocer que el sector de la cultura tiene el carácter dual de crear simultáneamente crecimiento económico y bienestar, es decir, desarrollo económico integral.

La aparición de la noción de democracia cultural en el discurso gubernamental fue el hilo conductor que permitió transportar las ideas tecnocráticas de corte liberal de los años ochenta al terreno de la cultura.

Es el puente que conectaría democracia con “participación”, “desarrollo cultural endógeno”, “modernidad”, eficiencia”, “productividad”, “descentralización” e “industrias culturales” entre otros. El municipio, se reconoce como el gobierno más cercano a la población y, por tanto, al que se le exige con mayor prontitud resultados tangibles, no olvidemos que uno de los elementos más importantes de la reciente reforma político-electoral es el restablecimiento de la reelección consecutiva de los gobiernos locales, no nos obliguen a hacer breve su participación en la conducción de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

nevladitos@hotmail.com

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