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Viernes , 22.06.2018 / 00:50 Hoy

¿Rescate financiero a municipios?

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Eso quieren algunos alcaldes; que el gobierno del estado les de dinero para pagar, -entre otros muchos adeudos-, los derivados de juicios laborales.

Y es que apenas esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la destitución, y consignación del presidente municipal de Coacalco, Erwin Castelán, debido al incumplimiento de una sentencia de amparo en materia laboral, que ordenaba el pago de cuatro millones de pesos a un ex empleado del ayuntamiento.

También instruyó la consignación del ex alcalde, David Sánchez, por lo mismo.

Así que no es de extrañar que haya una preocupación creciente entre alcaldes, al cierre de las administraciones, y en año electoral.

En este contexto, Edgar Olvera, alcalde panista de Naucalpan, dijo que él inició su gestión con una deuda heredada de 3 mil 200 millones de pesos, producto de juicios laborales y mercantiles que datan de hasta más de 10 años, y aunque han logrado pagar una parte, aún restan dos mil millones por ser liquidados.

Este monto representa el 40% del presupuesto total que el municipio tiene asignado para este 2018.

Algo similar ocurre en Atizapán de Zaragoza, en donde la alcaldesa panista, Ana María Balderas Trejo, reconoció que han tenido que vender terrenos municipales, a fin de pagar a ex empleados por demandas laborales, y adeudos a proveedores.

También está el tema de las deudas que los municipios tienen con la Banca Comercial o de Desarrollo.

MILENIO Estado de México dio cuenta, que para agosto del año pasado, cinco municipio mexiquenses concentraban casi el 43% del total de estos adeudos:

Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan.

Ahora bien, en función de las participaciones que reciben, y las deudas que en paralelo tienen; Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Toluca, son los que estarían en condición más precaria, ya que sus compromisos financieros representan el 60% de sus participaciones totales.

Habrá que recordar el cierre de la alcaldía de Toluca, en el mes de julio pasado, por un supuesto adeudo de 18 millones de pesos a una constructora; además de los 200 juicios laborales y civiles que actualmente enfrenta.

¿Intervendrá financieramente el gobierno estatal?

¿Habrá "justicia y gracia" para algunos, y "justicia a secas" para otros?

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