Omisiones

Hay un precepto “mussoliniano” que gustan mucho citar y aplicar los dictadores y los tiruanuelos de aldea —como llamaban a Idi Amin, el de Uganda—a la hora de pretender justificar sus atropellos. Es aquél que dice que “valen más 100 años de injusticia que un minuto de desorden”. Grave exceso que olvida que la injusticia encarna el peor de los desórdenes que es el moral.

Es igual de malo el extremo contrario. Ominosa para las sociedades es la tolerancia del desorden el cual encarna también una terrible injusticia. Cuando en una comunidad no se respetan las normas generales que rigen la convivencia —las leyes y los reglamentos— se incurre en una injusticia generalizada que viola, entre otros muchos, el tan valioso y anhelado derecho a vivir en paz y sin miedo.

El Estado tiene la obligación de promover la justicia y el orden al mismo tiempo. Estos dos conceptos finalmente se funden en un sólo principio que es el de dar a cada quién lo que corresponde. Es más, es ésta una de las razones de existir del Estado que por eso tiene el monopolio del uso de la fuerza para cumplir con estos objetivos.

Siempre he pensado que es igual de grave abusar de la fuerza pública que no utilizarla cuando es necesario para proteger a los ciudadanos. Siglos y siglos de abusos por parte de los gobernantes han provocado que nazcan muy justificados frenos y contrapesos al poder público en constituciones y en leyes secundarias.

Es necesario ahora legislar, no en sentido contrario, sino en sentido paralelo para que se establezca con claridad la obligación de usar la fuerza cuando es justificado hacerlo.

Leo pasmado la prensa de estos días. El país está en llamas o parece estar en llamas, lo cual es igual de grave porque infunde el mismo miedo. Territorios enteros en manos del crimen organizado, que secuestra, golpea, mata, trafica y cobra impuestos como si fuera un estado paralelo. Manifestantes de todo origen obstruyendo carreteras y tomando plazas y edificios públicos y secuestrando a sus ocupantes.

Me impresiona en particular el movimiento magisterial que, al tiempo que reclama derechos inauditos, con impunidad toma espacios públicos que no son suyos, afectando la vida de millares de compatriotas. Y siembra miedo.

Leí con pena ajena en una nota periodística cómo un comandante federal rogaba a los maestros manifestantes de Morelos que desalojaran la carretera y liberaran a dos cautivos. Ví estupefacto en la televisión cómo la policía del Distrito Federal huía de las hordas de infelices que con su violencia y sus saqueos mancillaban la memoria de los estudiantes de 1968 ahora que se cumplió su aniversario.

Lo que más me preocupa es que no veo que las autoridades recurran a la fuerza y respondan así a su obligación de mantener el orden y hacer respetar los derechos de sus ciudadanos, omisión que observo en los tres niveles de gobierno.

No sé si es miedo a los medios de comunicación, a los defensores de los derechos humanos o porque ya vienen las elecciones. Ningún motivo es suficiente para justificar su falta de acción.

Tan importante es, sin faltar a la justicia, combatir el crimen como mantener el orden público, o la paz social, como algunos prefieren llamar a este concepto. El mismo daño hacen ambas omisiones.