Pena de muerte es peligrosa en manos de políticos
Puede utilizarse como una herramienta para deshacerse de enemigos por cuestiones de política. En los países que tienen esta sentencia no se observa que bajen los delitos.
Torreón.- Es peligroso poner sobre la mesa el tema de la pena de muerte, cuando México atraviesa una situación de transición política y sus instituciones públicas no están fortalecidas.
En un escenario así se pueden cometer muchos abusos en contra de personas que nada deben.
En la pena capital se puede encontrar la solución para deshacerse de algún obstáculo político, así lo afirmó el presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Laguna, Fernando Cárdenas.
Expuso que en los países que ocupan los primeros lugares en ejecuciones por pena de muerte, como la República Popular de China donde se realiza el 90 por ciento de las ejecuciones a nivel mundial o Estados Unidos, donde se han cumplimentado cerca de 370 sentencias de muerte en los últimos 30 años, no se observa que disminuya la presencia de los delitos.
Indicó que en México hay una guerra de poder y en la pena capital se puede encontrar un medio legítimo para eliminar personas.
Señaló que el sistema judicial de México esta reprobado a nivel internacional y por tanto, no es fiable.
Para el presidente de los notarios, el tema de la pena de muerte debe observarse en su contexto social.
“Nace del deseo de hacernos justicia con nuestra propia mano ante la incompetencia de las autoridades” sentenció Fernando Cárdenas, antes de acotar que el deseo de venganza es entendible, y por actos como el secuestro, los criminales se merecen el peor de los castigos.
Esta es una de las opiniones surgidas en la Región Lagunera a partir de la propuesta del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés de instaurar la pena de muerte contra los secuestradores.
Para el Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Sotomayor, instaurar la pena de muerte requiere fortalecer los sistemas de procuración de justicia.
Eso para que haya seguridad de dictar un fallo apegado a derecho y sin error.
Recordó que en Estados Unidos se han registrado errores. Para Sotomayor Garza, la iniciativa que el gobernador Moreira presentará a la Conferencia Nacional de Gobernadores es viable.
No obstante precisó que entran en juego un sinnúmero de situaciones como la necesidad de reformar la constitución.
Recordó que antes de 2005, en el artículo 22 de la Constitución se hablaba del secuestro y se establecía que el plagiador podía ser condenado a la pena capital. Recordó que en Coahuila, la pena de muerte se aplicó por última vez a principios de los sesentas.
Precisó que se trató de un caso dentro de la milicia, un juicio por insubordinación.
Desde el punto de vista religioso el Vicario de Pastoral de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza, expuso que la iglesia reconoce el derecho y la capacidad del estado para legislar en campos como el penal.
Refirió que en algunos documentos, la iglesia católica habla de la legítima defensa, e incluso de la pena de muerte.
No obstante, aseguró, el respeto a la vida debe estar por encima de todo.
Para la Juez tercero de lo penal, María Luisa Valencia, la propuesta del gobernador es buena pero hace falta mejorar la infraestructura de los órganos encargados de impartir justicia, dar mayores herramientas a la Procuraduría General de Justicia y apoyar el mejoramiento de los sistemas de investigación.
Indicó que con estos elementos se buscaría tener una certeza jurídica absoluta a la hora de emitir un fallo.
Claves
Soluciones
Los panelistas coincidieron en que para solucionar el problema de la inseguridad deben plantearse soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Según Fernando Cárdenas, un factor a considerar a la hora de plantear la instauración de la pena capital es que México ocupa el primer lugar de corrupción a nivel mundial.
Los panelistas coincidieron en señalar que Coahuila tiene una legislación de vanguardia, pero hacen falta los sistemas de investigación para poder tener un mejor desempeño en la impartición de la justicia.
Clima de seguridad
Garantizar un clima de seguridad pública es una de las obligaciones que ha asumido el Estado mexicano al suscribirse a numerosos tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, desde hace varios años, existen múltiples pruebas de que ese compromiso no ha sido cumplido a cabalidad por el gobierno, esa es la descripción que hace Amnistia Internacional en su portal acerca del problema de seguridad en México.
También acota que México suscribió esos acuerdos de forma voluntaria y que un Estado donde la seguridad pública no es una realidad es una entidad donde no se tiene respeto hacia los derechos humanos.
También afirma que la impunidad que hay en México se ha incrementado.
Amnistia Internacional señala que se requiere fortalecer el sistema de justicia mexicano para utilizarlo como el medio principal de combatir a la impunidad y a la inseguridad pública.
Además, el organismo señala que, en materia de seguridad, cualquier medida adoptada por las autoridades mexicanas, debe hacerse desde una perspectiva que impida caer en la falsa suposición que son cuestiones contrapuestas los conceptos de derechos humanos y seguridad pública.
Inconstitucional
Puede haber errores
Juzgadores son falibles
Jesús Sotomayor Garza, Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
“Una de las críticas dirigidas a la pena de muerte es lo falibles que somos los juzgadores”. Es un hecho que puede haber errores.
Con nuestro actual sistema judicial existe una primera instancia: los juzgados penales.
Si el inculpado o el propio ministerio público no esta de acuerdo con la sentencia que se dicta puede impugnarla, es decir, interponer un recurso de apelación ante la sala auxiliar.
Si de nueva cuenta alguna de las partes no esta de acuerdo con la resolución, todavía tiene derecho a interponer un juicio.
La tendencia es abolir pena de muerte
Fernando Cárdenas, Presidente del Colegio de Notarios de la Laguna
“Para hablar de la pena de muerte hay que ver primero las circunstancias que rodean a la solicitud de que se instaure.
La reforma al artículo 22 constitucional hecha en el 2005 prohíbe textualmente la pena de muerte”.
Hay que revisar también los tratados internacionales a los que se ha suscrito el país, esos documentos también tienen su jerarquía normativa.
Lo cierto es que, a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una tendencia general a abolir la pena capital.
Pena de muerte es inconstitucional
David Omar Sifuentes Bocardo, Segundo Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila
“Hay un tratado internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptado por el Estado Mexicano en 1969, que en su artículo cuarto establece el derecho a la vida.
Ese mismo artículo dispone que un estado que ha abolido la pena de muerte no puede reestablecerla.
Hay que recordar que en el 2005 se abolió la pena de muerte en México, de manera que jurídicamente ya no es viable la implementación de la pena capital en Coahuila.
Respeto a la vida por encima de todo
Ignacio Mendoza, vicario de pastoral
“El punto de partida fundamental es el respeto a la vida.
En muchos documentos, la iglesia ha presentado de forma respetuosa su obligación como defensora de la vida desde el momento de la concepción, hasta el de la muerte de forma natural.
En esa línea se ubican dos posturas de la iglesia, el rechazo al aborto y el rechazo a la pena de muerte.
Sólo Dios es quien puede hacer juicio sobre la vida del ser humano.
Hay elementos que nos pueden servir para dimensionar los riesgos de la pena de muerte.
Dar respuesta a demandas
Fernando Royo, empresario
“Plantear la iniciativa de la pena de muerte es una forma de dar respuesta al clamor de la sociedad ante la incompetencia de las autoridades para cumplir con su principal función:
proteger la vida, la libertad y el patrimonio de sus gobernados, algo en lo que ha fracasado.
No soy abogado pero considero que se debería fortalecer el sistema jurídico para obtener mejores resultados.
Estoy seguro de que si aplicáramos las leyes, tal y como están, el país cambiaría.
Lo que hace daño al sistema y a la nación es la impunidad, la corrupción y sus porcentajes.



