¿Y la transparencia en los estados?

Dicho en términos presupuestales los estados y municipios son pequeños feudos, al puro estilo del medievo, en los que gobernadores y presidentes municipales disponen, prácticamente, a su antojo.

Pero en 2009 el tamaño del pastel se reducirá y ello traerá consecuencias para el ansiado reparto de la riqueza presupuestal federal. Los ajustes en el precio del petróleo y la menor dinámica económica son los culpables de un reparto más restringido en momentos en que las elecciones intermedias de 2009 —para gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales— se convierten en el principal foco de atención político de los modernos señores feudales.

El periodo de vacas gordas que alimentó la buena época de muchos gobernadores y presidentes municipales enfrentará un bache. Muchos de ellos no necesitan partidas secretas. La discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos es un ejercicio cotidiano en gran parte de las regiones del país.

De la ética de sus gobernantes, de sus autoridades y de sus legisladores depende el correcto ejercicio de los recursos.

La transparencia, lamentablemente, se encuentra en el mismo nivel de esa discrecionalidad. En otras palabras, los mexicanos tienen que confiar en la moral de presidentes municipales y gobernadores en lo relativo al gasto de partidas presupuestales, ingresos locales y, recientemente, en recursos obtenidos a partir de la emisión de deuda pública, una tendencia que se fortalece ante el maná petrolero del que se regodean muchos gobernantes locales. Porque es un hecho. A muchos de estos mandatarios locales no les basta recibir los montos históricos más altos de transferencias de la Federación, ahora buscan más recursos a través de la bursatilización de activos por cobrar.

Pero no sólo eso, a partir de 2004 los egresos de los gobiernos estatales y municipales iniciaron una ruta ascendente, a diferencia de lo que sucedió entre 2000 y 2003; cuando sus finanzas mostraban un aparente equilibrio entre gastos estatales e ingresos públicos otorgados por la Federación

Desde 2004 el crecimiento de los gastos por parte de los estados y municipios ha sido la constante, así como la emisión de deuda para mantener el ritmo de esta abundancia que encierra un gran problema: la escasa o nula rendición de cuentas.

En términos reales, la diferencia entre gastos e ingresos estatales por recursos federales pasó de 6 mil 128.5 mdp en 2003 a 130 mil 814.4 mdp en 2006. Es decir, los egresos estatales han sido 124 mil millones de pesos más que los recursos que la Federación les otorgó.

Y aunque en 2007 la diferencia se redujo a sólo 3 mil 11.4 mdp para el término del presente año se espera que aumente a más de 158 mil millones de pesos, según cifras de los presupuestos de egresos de la Federación y estatales para el ejercicio fiscal de 2008.

Estos datos muestran que en los últimos años los gobiernos estatales han presentado una inclinación tanto a gastar más como de hacerse de mayores recursos propios vía financiamiento privado a través de la colocación de certificados bursátiles y CPO.

La tendencia es clara y no exenta de riesgos financieros y de transparencia y rendición de cuentas.

Así, a pesar de que el gobierno federal de 2000 a 2008 destinó en promedio 54.5 por ciento de su gasto programable total a los estados, éstos finalmente no han dejado de comprometer el monto que por aportaciones federales recibirán en los próximos nueve años.

Mala señal.