Vientos de rebelión

Difícilmente gobierno alguno ha logrado darle seguridad total a sus gobernados por el simple hecho de proponérselo, o firmar acuerdos masivos en los que, generalmente, participan hasta los que se quiere vencer.

Los tiempos de un gobierno son distintos, muy distintos a los de una sociedad que ha perdido la confianza en sus instituciones, al grado de convencerse de que si quiere sobrevivir, tendrá que defenderse a sí misma.

Cuando se ha padecido en carne propia la sangrienta violencia de la delincuencia organizada en todos sus niveles, cuando las calles se han convertido en campos de batalla, cuando un familiar es secuestrado para luego aparecer su cuerpo mutilado en algún solitario paraje, la sociedad vomita cuando escucha a sus gobernantes fijar plazos de uno, dos y hasta tres años para poner en marcha “acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad”, como se publicitó el pasado jueves 21 en Palacio Nacional, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Un paréntesis rojo: el lunes pasado, el narcotráfico y sus fuerzas colaterales ejecutaron en Chihuahua a ocho personas; en Michoacán 4; en Veracruz 3; en Tijuana 2; en Sinaloa 1 y en Durango 1. Todos ligados de una forma u otra al narco, tanto sicarios, como policías.

Tiene razón el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, cuando advierte que “a nadie conviene, en cualquier trinchera o convicción ideológica, destruir la democracia que hemos construido en años del milenio que corre. No podemos tampoco bajar la guardia frente a la delincuencia organizada. Su presencia es uno de los retos más formidables a la seguridad y confianza en el futuro, a la estabilidad de las instituciones, y a la tranquilidad de todos”.

Porque es precisamente la democracia lo que está en juego. No sólo las grandes corporaciones del crimen, sino las diversas facciones del sistema político nacional están empujando al país a una rebelión cuyos aires comienzan a soplar en diversas esferas.

Si los cárteles de las drogas no se detienen en su sangriento proceder, quienes encabezan las grandes familias de la narcocorrupción, ni siquiera se inmutan cuando se habla de 75 puntos de acción para el combate al tráfico de drogas.

La mira de los cañones de este acuerdo apunta muy abajo: se habla de depurar las policías, de someter a sus elementos del detector de mentiras, en fin, de correr a unos cuantos azules mal pagados. Pero nada se advierte, por más que se escudriñe el texto con lupa, sobre la intención de acabar con la impunidad de que gozan los poderosos.

Por eso la democracia está peligro. Por eso y porque las facciones políticas, como el PRI poco les interesa saber si la sociedad sigue presa de la inseguridad y de la delincuencia, y dedica todos sus afanes a conseguir triunfos electorales en los años por venir.

La existencia y difusión de un supuesto proyecto elaborado por un grupo de generales del Ejército en el que se proponía incluso la pena de muerte para policías que participaran en la comisión de un secuestro, es igualmente una intentona por apartar a los militares de las labores de seguridad pública, lo cual no es nada nuevo.

El proyecto estaría enfocado a que los militares se hicieran cargo prácticamente de los puestos clave en esta lucha contra el narco, lo que pudo haber sumido en el pánico a funcionarios civiles que verían en peligro sus cotos de poder e impunidad.

Pero el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, calificó de falsa la existencia de un documento de esa naturaleza y dijo “si tienen copia, que me manden una”. Al día siguiente a estas declaraciones hechas a Fuerzas Armadas, en un boletín de prensa emitido por la Secretaría de la Defensa nacional, se dijo que “el titular de esta dependencia desconoce la existencia de dicho proyecto”.

Si alguien ha tenido que llevar sobre sus hombros el peso de lucha contra la delincuencia organizada, ese alguien han sido las fuerzas armadas, quienes igualmente saben lo que ha sucedido en el país en este rubro.

“Nos ha tocado un tiempo de mayor acción y compromiso con una sociedad que demanda los mínimos niveles de una seguridad que fue desatendida hasta alcanzar un grado peligroso en su control”, palabras del secretario de Marina-Armada de México, Almirante Francisco Saynez Mendoza.

Para el general Galván Galván, si bien ha dicho que los militares no pretenden hacer la guardia que no les toca, “pero de ninguna manera queremos dejar de hacer la que nos corresponda”, lejos está imponer recetas que no por necesarias, pudieran llevar al país a confrontaciones harto peligrosas. No necesitan elaborar proyectos secretos, ellos hablan de cara a la nación.

Pero este tipo de jugadas, encierra, sin lugar a dudas, intenciones de desprestigiar a la última institución leal al pueblo del que ha surgido, por una parte, e impedir que las familias pierdan su lugar en el negocio más redituable del mundo.

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