El funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

México.- La Policía Federal descalificó la operación de los negociadores privados que intervienen en casos de secuestros, pues consideró que ponen en riesgo a las víctimas y generan impunidad, al recomendar que los familiares no denuncien esos delitos.

Según la institución, la mayoría de particulares que actúan como intermediarios son ex integrantes de corporaciones policiales, aunque también hay abogados. En el caso de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, uno de los mediadores fue Ernesto Mendieta, ex fiscal especial antisecuestros de la PGR.

Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la SSP federal, dijo que estas de empresas —aún no reguladas— carecen de metodología, información y preparación en el manejo de crisis.

“Las familias recurren a estos negociadores pensando que van a resolver la situación y lo único que pasa en los casos que hemos estado atendiendo es que agravan las situaciones”, con el consecuente peligro para las víctimas, dijo.

El funcionario aclaró que la dependencia rechaza a los negociadores, porque son la causa de que no se denuncien los plagios. “Cada secuestro no denunciado es un caso que puede caer en la impunidad y nos obliga a retomar la investigación en un punto posterior, por eso rechazamos completamente ese tema.”

Comentó que algunos abogados “creen que porque estudiaron derecho son expertos en negociación de rehenes” y añadió que “hay gente que se dedica a la seguridad privada y de ahí saca que pueden ser expertos en manejar alguna situación de crisis”.

Cárdenas Palomino destacó la importancia de interponer la denuncia para no poner en peligro la vida de la víctima. Muestra de ello, dijo, es que el número de personas liberadas por la Policía Federal se incrementó 71 por ciento en 2007 y 20 por ciento en 2008. En tanto, el número de organizaciones desarticuladas por la corporación aumentó 60 por ciento este año.

De acuerdo con un reporte de la SSP federal, las empresas que median en caso de secuestros están conformadas principalmente por ex policías o ex militares.

El artículo 166 BbIS del Código Penal del Distrito Federal prevé penas de uno a ocho años de prisión a quien actúe como asesor o intermediario en las negociaciones de un secuestro con fines lucrativos o sin el consentimiento de los familiares. Se impone el mismo castigo a quien aconseje no presentar la denuncia, no colabore o bloquee la actuación de las autoridades.

Arranca unidad antisecuestros

En tanto, la SSP federal anunció que a partir de hoy quedarán conformadas las unidades especiales antisecuestros que darán apoyo a todos los estados en el combate a este delito. La dependencia indicó que a sus 300 integrantes se les aplicaron “candados” para que no tengan vínculos con grupos criminales, además de que aprobaron exámenes psicológicos, toxicológicos y de entorno social.

Para enfrentar el incremento de los plagios, el gobierno federal puso en marcha la División de Atención al Secuestro, la cual tiene su base en la Ciudad de México y en cinco estados con altos índices delictivos. Cada unidad está integrada por áreas de negociación y manejo de crisis, análisis táctico, investigación policial y cuenta con un grupo de reacción, anunciaron Cárdenas Palomino y Marco Tulio López, director de Asuntos Jurídicos de la SSP.

“Vamos a trabajar con las autoridades estatales, con especial énfasis en las regiones donde se ha incrementado la operación de bandas de secuestradores, señalaron. Las unidades operarán con un esquema de alerta permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, con equipos móviles, aéreos, terrestres y de reacción inmediata.

Además, el Sistema Único de Información Criminal Plataforma México tendrá un módulo especial para el registro, análisis y generación de inteligencia operativa contra el secuestro.