Miguel Ángel VargasMarca PersonalNació en la Ciudad de México en 1981. Creció en Tijuana y vivió por casi una década en Monterrey, Nuevo León, a donde se mudó para estudiar Economía en el Tecnológico de Monterrey. Ingresó a MILENIO Diario de Monterrey en 2006 como reportero de la sección de Negocios y desde 2007 es editorialista y bloguero en el mismo periódico.
En su época universitaria fundó y dirigió la revista estudiantil MientrasTanto. Ha trabajado también como consultor económico-fiscal y como profesor de bachillerato, impartiendo clases de Economía e Historia.
Aunque se formó académicamente como economista, con el tiempo sus intereses han ido migrando hacia lo político. Por esto, ha tomado cursos de comportamiento electoral, marketing y comunicación política en diversas instituciones universitarias. En 2007 fue premiado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en su Séptimo Certamen de Ensayo Político.Es aficionado a la fotografía, el futbol, los cuentos de Rafael Pérez Gay, las canciones de Andrés Calamaro y series de televisión como Mad Men, The Sopranos y House.
Oscura y débil
Frente a la contundencia y la precisión quirúrgica con la que el gobierno de Felipe Calderón operó mediáticamente la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha sido sumamente débil y oscura.
Aunque pueda decirse con algo de razón que la decisión del Ejecutivo responde a motivaciones políticas, esto en nada opaca los datos irrefutables con los que el gobierno federal logró construir un argumento sólido contra la existencia de la paraestatal: LyFC enfrentaba una situación financiera insostenible, con unos costos de operación que doblaban sus ingresos, con tremendas ineficiencias operativas que le costaban al erario público más de 42 mil millones de pesos al año, casi lo mismo que lo destinado al Programa Oportunidades o el doble que el presupuesto asignado a la UNAM.
Y datos contra LyFC hay más, muchos más. Aquí menciono algunos que, en las páginas y páginas que en los últimos días se han escrito sobre el tema, todavía no se han dicho. Luz y Fuerza atiende a cerca de 6 millones de usuarios y tiene 44 mil empleados, es decir, 136.4 usuarios por empleado, cuando otras compañías del sector eléctrico tienen cifras de productividad por trabajador muy superiores. La francesa EDF (Electricité De France), que es en más del 85% propiedad del gobierno francés, atiende a 38 millones de usuarios con 160 mil empleados, para una relación de 237.5 usuarios por empleado; la estadounidense AEP (American Electric Power) atiende a 5.2 millones de usuarios con sólo 22 mil trabajadores, para una cifra de 237.3 usuarios por trabajador; o, sin ir más lejos, la CFE que atiende a 27 millones de clientes con una fuerza laboral de 82 mil personas, para 329.3 usuarios por empleado, una eficiencia 141% mayor que la de LyFC.
Ante estos datos, el SME y Martín Esparza han hablado mucho, pero razones económicas en su defensa ha dado pocas. Han hablado de “la ilegalidad que ha distinguido” al gobierno de Felipe Calderón, lo han retado a debatir, han acusado violencia en la toma de sus instalaciones… Pero de eficiencia y viabilidad financiera han dicho poco. Han expresado que la política de precios impuesta por la Secretaría de Hacienda representa altos subsidios para los grandes empresarios, ya que, según dicen, en promedio, “el Kw-hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos, que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos”. Esto puede ser cierto, y pudiera discutirse si es adecuado vender más barata la electricidad de acuerdo al volumen comprado y al uso que se le dé; pero, se esté de acuerdo o no con la política de precios de Hacienda, este argumento en nada contradice a los que señalan graves ineficiencias en la operación de la compañía.
Desde el SME también han argumentado que el problema es que el gobierno no les ha dejado aumentar su capacidad de generación y que por esto dependen de la electricidad que les vende la CFE, a quien destinan más del 70% de su presupuesto de gasto corriente… Pero otra vez, esto no los exime de las ineficiencias de su fuerza laboral: la CFE tiene un trabajador por cada 2500 Mw-hora vendidos, mientras que LyFC, uno por cada 730 Mw-hora vendidos. Ojo, son Megawatts-hora vendidos, no generados; por lo que se cae el argumento de que el problema para mejorar su productividad es que no los dejan aumentar su capacidad de generación: sean generada por ellos o por terceros, LyFC tiene demasiados empleados para la cantidad de electricidad que vende.
Con estas cifras, cada vez son menos los que cuestionan la decisión de Calderón; más bien, ahora la dudas son: ¿por qué tomó esta decisión hasta hoy? ¿Por qué los gobiernos panistas toleraron todo este tiempo los despilfarros e ineficiencias, no sólo del SME, sino también de la cúpula administrativa de LyFC? Y, además, ¿por qué a otros sindicatos con ineficiencias y privilegios igual de groseros, el gobierno de Calderón no los ha tocado e, incluso, los mantiene como sus aliados? Las respuestas del Ejecutivo a estas preguntas, no han sido oscuras y débiles. Han sido nulas.
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