El alcalde señaló que no tendrá contemplaciones hacia los ex burócratas. Foto:Paco Dueñas

León, Gto.-Sin ningún tipo de consideración por pertenecer al mismo partido, el alcalde de León, Ricardo Sheffield, dijo que se debe aplicar todo el peso de la ley a los ex funcionarios que incurrieron en alguna irregularidad, y que así sea determinado por la contraloría municipal.

Así lo expresó Sheffield Padilla al referirse al caso de la ex secretaria particular del anterior alcalde Vicente Guerrero Reynoso, Lucila Gallegos, a quien se le atribuyen 11 anomalías detectadas por una auditoría de la contraloría municipal, durante su gestión.

Entre las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador, se encontraron apoyos a instituciones religiosas (140 mil 139 pesos) y a institutos que no son de beneficencia social, como organismos empresariales (190 mil pesos), además de pagos de grupos musicales, de boletos de avión y viáticos que no están considerados como apoyos a la población más vulnerable.

Las irregularidades demostradas por la contraloría municipal incumplen las políticas de apoyo a la población para las que están destinadas los fondos públicos.

En ese sentido, Ricardo Sheffield reiteró, como lo hizo desde su precamapaña, que no si algún funcionario, panista o no, incurre en alguna irregularidad, haría valer todo el peso de la ley.

“Yo no tengo consideraciones por cuestiones partidistas… a los primeros que les voy a aplicar todo el rigor de la ley y del reglamento de mi partido son a los panistas, por que el buen juez, por su casa empieza”, sentenció el presidente de León.

Para esto, Sheffield Padilla dijo que responderá a estas presuntas irregularidades una vez que el contralor municipal, José Cruz Hernández Moreno, resuelva los procedimientos que en este y otros tres casos en particular, se resuelva proceder.

Además de las 11 irregularidades en la auditoría aplicada a la secretaría particular durante la gestión de la ahora diputada federal Lucila Gallegos, también destacan los procedimientos en tesorería, que era encabezada por Francisco Javier González, por la inversión de 37 millones de pesos en Metrofinanciera, la falsificación de firmas en la
secretaría de Desarrollo Social a cargo de Fortino Hernández, y el presunto tráfico de influencias del ex director de Mercados, Rodolfo Guzmán.