En su columna del miércoles 24 de septiembre, Héctor Aguilar Camín incluyó una interesante gráfica del estudio de la OCDE “Perspectivas económicas de América Latina 2009” donde, en resumidas cuentas, se hace una comparación entre América Latina y Europa y se muestra que los gobiernos “de los países europeos redistribuyen la riqueza a través del cobro de impuestos y las transferencias de esos dineros a la sociedad”; pero que no sucede lo mismo en nuestra región, ya que aquí los gobiernos “cobran poco y distribuyen poco”.

Pero hablar de una redistribución adecuada de la riqueza –como la europea, según sugiere este estudio– requiere dos pasos previos: uno, cobrar suficientes impuestos para tener algo que redistribuir; y, dos, que las políticas con las que se pretende lograr una distribución más equitativa de la riqueza sean eficientes, que lleguen a quien deben llegar. Este estudio también contiene otros elementos que permiten entender mejor los males fiscales crónicos que padece la mayoría de los países latinoamericanos, México incluido. Mencionan que una de las claves para explicar las diferencias que hay entre los ingresos públicos de los gobiernos de la región y los del mundo desarrollado radica en que, en promedio, los países de la OCDE recaudan el 27% del total de sus ingresos tributarios a través del impuesto sobre la renta (ISR) aplicado a individuos, mientras que en América Latina esta cifra sólo llega a 4%. Latinoamérica enfrenta la dificultad de que “los bajos niveles de renta personal limitan el alcance de los impuestos sobre la renta”, ya que en nuestros países la gran mayoría de la población trabajadora tiene rentas inferiores al umbral en el que se comienza a cobrar este impuesto.

Ante esto, las alternativas más obvias podrían ser ya sea o gravar más a las empresas o subir los impuestos al consumo. En el primer caso, la medida podría desalentar la inversión y, ante la alta informalidad que hay en el país, la base gravable (es y) seguiría siendo muy reducida. Por su parte, con más o mayores impuestos al consumo el problema radicaría en que éstos son en sí regresivos, es decir, que afectan proporcionalmente más a los que menos tienen, lo que, es cierto, podría ser compensado con transferencias directas hacia estos estratos a través de programas sociales como el Oportunidades.

Pero el problema que persiste es que en ninguna de las dos opciones se estaría enfrentando la ineficiencia y la mala calidad del gasto público. Y, como dice la misma OCDE, “si la provisión de bienes públicos, tales como la salud, la educación o la infraestructura, es insuficiente, de baja calidad o poco equitativa, el contrato social se debilita”. Y es que ese contrato social fundamentado en un sistema fiscal legítimo es lo único que puede unir a un gobierno con sus gobernados y, de paso, consolidar la democracia.

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