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Se llama Jorge Erdely Graham
Líder de la Iglesia Cristiana Restaurada, que maneja los albergues Casitas del Sur, de donde desaparecieron 25 niños en Cancún, Monterrey Distrito Federal.
Él es la pieza que falta.
Los fieles a la iglesia defienden a Elvira Casco Majalca, ex directora del albergue, quien colaboró un tiempo con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para tratar de encontrar a los niños desaparecidos.
Cuando en abril, la Siedo tomó el caso, Casco Majalca también colaboró con las autoridades. Pero llegó el fin.
Acudía frecuentemente a las oficinas de la Siedo, en la Ciudad de México, a declarar sobre el caso y proporcionar información.
La semana pasada, todo cambió: apenas salía de las instalaciones , tal vez contenta por haber cumplido una misión religiosa, cuando la detuvieron. Iba con su hija. Nada se pudo hacer ya. El lazo estaba más que confirmado: el pastor Alonso Cuevas tenía un nexo directo con ella en el oscuro trabajo de negar la entrega de los menores a los padres o familiares que tenían la guarda y custodia. El pastor los ocultaba en otros albergues. Y ella lo sabía.
Nada pudo hacer: oficialmente, es procesada por el delito de tráfico de menores agravado por delincuencia organizada. El primer caso en México en el que un juez federal emite una resolución de ese tipo.
Junto a ella, Leticia Arrieta, la maestra cuyo hijo Gabriel, se cree, tiene a la niña Ilse Michel, de once años recién cumplidos.
Alonso Cuevas tampoco tenía miedo. Iba también con regularidad al edificio de la Siedo e incluso, meses antes, dio entrevista a los medios de comunicación en la sede de la iglesia, en la colonia Mixcoac, negando cualquier nexo entre la iglesia y la desaparición de los niños.
También se le acabó la tranquilidad. Familiares de los niños lograron ver todo: desde el momento en que estaba a punto de salir de la oficina hasta que llegó la Policía Federal con una orden en mano: “Tú aquí te quedas”. Siguió el arraigo, luego la orden de aprehensión. Ahora, la formal prisión.
En estos momentos, cinco personas están arraigadas en la Siedo proporcionando más información sobre los niños. Fuentes extraoficiales indican que algunos son familiares de Juan Carlos Tufiño Díaz quien, junto a Kenia Priego, son sospechosos de tener al niño Jesús Alberto Espinosa, hoy de tres años de edad, hijo de Trinidad Espinosa Sánchez.
De pronto, las acciones han caído como una avalancha que da al menos algo de esperanza a las familias: hay una alta probabilidad de que un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas venga a México a investigar el caso; está pendiente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría capitalina ya prometió investigar a los funcionarios de la dependencia que estén involucrados en el caso: la ex titular de la Fiscalía para Menores, Alicia Azzolini y la ex directora del albergue, Lorena González, entre otros.
Esto ya trasciende México. La PGR lo dijo con todas sus letras: es una organización trasnacional. Pero falta la pieza magistral: Jorge Erdely Graham, líder de esta iglesia.
En sitios de Internet, fieles de la iglesia piden a Cuevas, Casco y Arrieta que dejen de callar y de interpretar las acciones judiciales como algo venido del diablo, de Satanás.
Les piden que señalen a los verdaderos culpables, a los responsables de que 25 niños -14, según el expediente de la PGR- estén desaparecidos. Esto no es un martirio cristiano: es un delito, les dicen.
Parece que ha comenzado una cuenta regresiva en este caso. Ya es tiempo que los niños valgan más que politiquerías y procesos amañados.

Remato con lo que la madre de Ilse Michel, Mayra, dijo hace unos días: “tarde o temprano van a caer. Las autoridades están tras ustedes. Entreguen a los niños ya”.