Adriana Esthela FloresDesde el murmulloAntes que todo: Reportera. Integrante del Colectivo de Reporteros de Monterrey.
He sido reportera durante diez años en Monterrey y ahora estoy en el Distrito Federal, en MILENIO Televisión. Redacto poesía y este blog, donde se puede hablar de todo, sobre todo de asuntos de política, corrupción, seguridad y medio ambiente.
El paso está libre: no hay censura.
Ya era hora
Era octubre. Y una dolida Ardelia Martínez clanaba por encontrar a su nieta Ilse Michel Curiel Martínez, cuya presencia le era negada por la directiva del albergue Casitas del Sur, en la Ciudad de México.
A diferencia de su hija Mayra –madre de la pequeña- Ardelia se mostraba serena, apenas conteniendo el pesar en su mirada donde cabía una insistente pregunta: “¿Dónde está Ilse?” y también una exigencia: “Devuélvanla”.
Pasaron los meses. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se esmeraba en filtrar a los medios de comunicación datos sobre el expediente de los menores, resaltando –sobre todo- los conflictos familiares que provocaron la llegada de los niños al albergue de esa dependencia.
“El abuelito de Ilse la violaba”…”La mamá no es un pan de Dios”…”La pobre niña fue vejada”…Etcétera, etcétera, etcétera, pero nunca, nunca dieron pistas sobre el paradero de los niños ni respondieron la pregunta central: ¿Por qué enviaron a menores a un lugar del que después desaparecieron sin dejar rastro y sin que nadie de la misma procuraduría dijera nada? ¿Por qué siempre desviaban la atención hacia los padres, hacia el “terrible” entorno familiar de los niños y no decían ni pío sobre Jorge Erdely Graham o Elvira Casco Majalca, directora del albergue Casitas del Sur?
Llegó enero. La presión de las denuncias hizo que, por fin, la Procuraduría rescatara a más de cien niños de los dos albergues de Casitas del Sur en el Distrito Federal. Los niños no se querían ir y hablaban del fin del mundo. Igual que los pequeños de La Casita de Cancún y de Caifac, en Monterrey.
La PGJDF seguía sin detener a nadie. Había cateos, solicitudes de cooperación a los estados de Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León y nada. Absolutamente ningún detenido, arraigado. Nadie. ¿Y de los niños? Nada.
Había un detalle: la organización civil que defendía a los de la Iglesia Cristiana Restaurada a través de marchas y páginas de Internet, ofrecía con total libertad ruedas de prensa, enviaba comunicados y hasta llegó cerca de la Secretaría de Gobernación para exigir la renuncia del Procurador Miguel Ángel Mancera y del Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Eran protestas raras donde a la gente le bastaba una orden para callarse o gritar y donde nadie -pese a que se llamaban activistas- quería dar la cara. Mancera, en numerosas entrevistas a medios, insistía: “resultados en un mes”, “ya pronto”, próximamente”…Y nada.
Era demasiado. En abril, la Procuraduría General de la República atrajo el caso por considerar que estaba ante un asunto de tráfico de menores y delincuencia organizada. Pronto hubo dos arraigados. Y más pistas.
Hace sólo unas semanas, se supo que la pareja formada por Juan Carlos Tufiño Díaz y Kenia Priego, seguidores de la Iglesia Cristiana Restaurada, tenían en su poder al pequeño Jesús Alberto Espinosa, de dos años de edad, hijo de Trinidad Espinosa Sánchez. El niño llegó al albergue Casitas del Sur una noche en que su madre lo llevó al hospital. Ella dijo que, accidentalmente, a su pareja se le cayó el niño –quien, en ese entonces, tenía sólo seis meses de edad-. Como en estos casos sí se aplica la justicia pronta y expedita, el Ministerio Público llegó en unos cuantos minutos al hospital donde se atendía al pequeño y se lo llevó, acusando a Trinidad de violencia familiar. Por esa acusación, Trinidad estuvo dos meses en el Penal de Santa Martha Acatitla, hasta que un juez determinó su libertad por falta de pruebas. A partir de entonces, no volvió a ver a su hijo: los de Casitas del Sur consideraron que no era adecuado que el bebé estuviera con ella. Él se convirtió en el octavo bebé en desaparecer de los albergues de Casitas en el DF.
Ayer, por fin, se dio otro capítulo: la PGR infiormó que se aprehendió a tres personas por tráfico de menores y delincuencia organizada: Alonso Emmanuel Cuevas, Leticia Arrieta y Elvira Casco Majalca.
“Esto nos da un poco de esperanza, un poco de ánimo”, dijo anoche Ardelia en una entrevista con Néstor Ojeda.
¿Considera que se ha hecho justicia?, le preguntó Néstor.
“Señor: la justicia se hará sólo cuando estén los niños otra vez, de vuelta”.










