En Honduras se anunció el toque de queda. Archivo

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y diputados izquierdistas condenaron la suspensión de las garantías constitucionales en Honduras, en el marco del toque de queda nocturno, que profundiza el estado de excepción decretado tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

Estamos “a la puertas de un total estado de sitio”, denunciaron los activistas al cuestionar la decisión del parlamento de avalar el decreto presidencial que suspende, desde las 22 horas a las cinco de la madrugada, el derecho a la libertad personal, de asociación, reunión y circulación, así como permite la detención e incomunicación por más de 24 horas.

Doris Gutiérrez, diputada del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), denunció que “esta suspensión de las garantías son una tentación y una caja abierta para que después, bajo argumentos no muy claros, nos lleven de la noche a la mañana a un total estado de sitio”.

Para Bertha Oliva, defensora humanitaria, estas decisiones, “lejos de ser democráticas, se vuelven preocupantes”.

El artículo 71 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento. “La violación a este derecho individual violenta el principio de legalidad y para nosotros esto constituye una violación gravísima a los derechos humanos; estamos a la puertas de un estado total de excepción”, denunció la activista, en alusión a la decisión tomada el pasado miércoles por el parlamento.

Las organizaciones humanitarias perciben estas decisiones como una “intimidación directa” hacia las personas y grupos que desde el domingo 25 de junio protestan por el derrocamiento ese día del gobierno constitucional de Zelaya, quien fue sacado de su casa a punta de fusiles por un batallón militar de elite y llevado en un avión a Costa Rica.

En rechazo a las condenas, el diputado Antonio Rivera dijo a la prensa que las medidas “no afectan en nada el ejercicio de la libertad de expresión”, y que el estado de emergencia es “para garantizar la paz y la seguridad ciudadana”.

“Es claro que esta acción comprende sólo los horarios que dura el toque de queda, el resto del día la gente puede hacer sus actividades normales: protestar, circular libremente, ejercer sus labores y derechos normales”, detalló. “La medida es sólo preventiva por seguridad ciudadana”, justificó el representante del derechista Partido Nacional (PN), la segunda fuerza política del país y aliada en esta instancia al también histórico Partido Liberal, enemistado con Zelaya, del cual fue líder y con el que llegó al gobierno.

La resolución legislativa indica que el cumplimiento del cese de estas garantías es de “ejecución inmediata”.

Son cuatro los artículos constitucionales suspendidos durante el toque de queda, que desde su imposición el domingo se dijo que se levantaría el martes, pero luego siguió vigente hasta hoy. Aún “puede prorrogarse” si la “la situación” lo amerita, advirtió Rivera. El nuevo presidente del Congreso, Alfredo Saavedra, declaró que las garantías constitucionales “sólo se restringen, no se suspenden ni se eliminan”, tras indicar que la limitación es para reuniones públicas, “no en los domicilios”.

La condena al golpe de Estado cívico-militar en Honduras ha sido unánime en la comunidad internacional, al grado que la OEA dio un ultimátum de 72 horas al instalado presidente Roberto Micheletti para que deje el lugar a Zelaya como legítimo mandatario. El plazo que vence el sábado es “de inmediato y sin condiciones”.

También la Asamblea General de las Naciones Unidas repudió el derrocamiento, mientras que ya han retirado sus embajadores de Honduras, o lo han anunciado, los países de la Unión Europea así como los organismos del bloque, siguiendo los pasos de México, Brasil, Colombia y de casi todos los Estados americanos.

EU anunció la suspensión de las actividades militares conjuntas. El ultimátum de la OEA fue desafiado por Micheletti, al afirmar que no renunciará, “porque aquí no hubo un golpe de Estado, como se ha estado desinformando (...) aquí lo que hubo fue una sucesión constitucional, donde por ley, me tocó sustituir al ex presidente Zelaya por violar artículos constitucionales y creer que estaba por encima de la ley”.

La polarización social que ha causado el golpe se muestra, por ejemplo, en la marcha del pasado miércoles con velas hacia la sede local de la ONU para pedir que “escuchen los argumentos hondureños”, como afirmó Armida López, de la Unión Cívica Democrática, que agrupa a jóvenes, organizaciones civiles, iglesias y ciudadanos en contra del retorno de Zelaya.

La analista Isolda Arita consideró a su vez que “el caso Zelaya no sólo evidencia que estamos frente a un golpe de Estado, producto del fracaso de las elites políticas y económicas para solucionar sus crisis, sino que también ante una confrontación, división y polarización sin precedentes en el país”.

Thelma Mejía. Tegucigalpa