Cárcel de Cancún Foto Agencia Cuartooscuro.jpg

ESQUIRLA- Milenio Semanal

Todo parece indicar que la del general de brigada Enrique Tello Quiñones no será una ejecución más de las miles que han ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. La indagación del asesinato de este militar, que había llegado a Cancún para asesorar al alcalde Gregorio Sánchez en el combate contra Los Zetas, ha ido develando el complejo entramado de relaciones y complicidades entre el crimen organizado y las instituciones gubernamentales. El esclarecimiento de su muerte se ha convertido en un asunto de elevada importancia que pronto cobrará un nuevo giro, más allá de las acusaciones dirigidas hasta el momento en contra del presidente municipal de extracción perredista por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Sin que se hiciera mucho alarde, la madrugada del pasado 29 de marzo agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), apoyados por fuerzas federales, ingresaron a las instalaciones de la cárcel municipal de Cancún y detuvieron a los internos Antonio Hernández de la Cruz, Joel Hernández Hidalgo, Guillermo Villa Mendoza, Pedro Ravelo Castro, Iván Herrera Rosado y Carlos Javier Estrada Yam. Los seis se encuentran arraigados en la Ciudad de México y están sujetos a una investigación especial por el homicidio del general Tello. De acuerdo con una fuente del ámbito militar, por lo menos tres de ellos habrían formado parte del comando de Zetas que acabó con la vida del mando castrense y de otras dos personas, una de ellas sobrino del alcalde perredista.

La versión ofrecida por la fuente autorizada señala que la tarde del dos de febrero, un día antes de la ejecución del general Tello, entre seis y 10 reos abandonaron las instalaciones de la cárcel municipal vestidos con el uniforme táctico color negro que suelen usar los grupos de élite de la policía. Tras secuestrar al militar, torturarlo y asesinarlo, el grupo de internos volvió a sus celdas y permaneció ahí hasta el domingo 29 de marzo, cuando fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de México.

La certeza de que desde la prisión de Cancún se planeó y llevó a cabo la ejecución del general Tello no se ha dado a conocer aún a la opinión pública, debido a que los agentes de la Siedo no han determinado de manera contundente la participación del director de la cárcel con la banda de Los Zetas, misma que al parecer usaba las celdas de castigo como habitaciones de hotel. Parece imposible pensar que el director de la prisión no estuviera enterado de esto.

El ingrediente político —que en estos tiempos electorales es muy importante para acelerar o no la impartición de la justicia— es que el jefe de la prisión de Cancún, conocida en el bajo mundo como el Hotel Zetas, era Marco Antonio Mejía López, subdirector operativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y director de Concertación Social al inicio de la administración de Marcelo Ebrard. Este funcionario, según las mismas versiones oficiales, se mantenía ligado al entorno del ex candidato presidencial, al grado de que Nicolás Mollinedo, el célebre Nico, era supuestamente uno de los proveedores de las comidas ofrecidas a los internos en la cárcel de Cancún.

Parece ser un hecho que la cárcel de Cancún era un hotel. Lo que aún falta determinar es cuál era la tarifa por noche y a dónde iba a parar todo ese dinero.