Podredumbre sindical
Relojes de 70 mil dólares, camionetas de lujo, yates, residencias, son sólo la punta del iceberg de corrupción que ha caracterizado al sindicalismo oficial en su relación con los gobiernos tanto del PRI como del PAN. La ostentosa riqueza de los líderes sindicales de México es signo evidente de la vigencia del corporativismo, acaso el legado más perdurable de las siete décadas de hegemonía priista. El suave pragmatismo con el que los gobiernos panistas han asimilado los usos y costumbres de la relación con las organizaciones sindicales afiliadas al Congreso del Trabajo, hace pensar en la transición democrática como una meta inalcanzable o, incluso, como una simulación.
Desde el pacto firmado por Venustiano Carranza con la Casa del Obrero Mundial, en 1915, la prioridad de los gobiernos de la revolución en su relación con las organizaciones obreras ha sido el control político, más que la protección y el mejoramiento del nivel de vida de la clase trabajadora. La dependencia del sindicalismo hacia el Estado se consolidó durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, con la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) como uno de los sectores de la estructura corporativa del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente del PRI.
Como lo dijo el nuevo dirigente del organismo cúpula del sindicalismo oficial, Joaquín Gamboa Pascoe, quien también ostenta el liderazgo de la CTM, en su meloso y cantinflesco discurso ante el Presidente de la República: el Congreso del Trabajo (CT) representa el 90 por ciento del movimiento obrero organizado. Ello lo convierte a él, así como a los líderes de los 20 sindicatos, federaciones y confederaciones que integran el CT en aliados indispensables para el mantenimiento de la estabilidad social, política y económica del país. Nada menos.
El inmenso poder de estos acaudalados personajes los convierte en intocables. Hasta que dejan de serlo. En la época del presidencialismo autoritario son paradigmáticos los casos de Joaquín Hernández, La Quina, y de Carlos Jonguitud Barrios, quienes por diversas razones fueron removidos de sus liderazgos de los sindicatos petrolero y de maestros, respectivamente, por decisión personal de Carlos Salinas de Gortari. El debilitamiento de la figura presidencial, resultado de la alternancia, ha convertido a los sucesores de aquellos capos, Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Godillo, en los nuevos intocables.
Una de las condiciones sine qua non de la reforma petrolera fue mantener indemne el mar de corrupción que controla el sindicato de Pemex a través del liderazgo de Romero Deschamps, que es una de las principales causas de la baja productividad de la mayor industria del país. El mismo criterio de impunidad a cambio de apoyo ha sido aplicado en el caso de la lideresa vitalicia de los maestros, aún a costa de los buenos propósitos contenidos en la Alianza para la Calidad de la Educación. Hay prioridades.
Actualmente, el riesgo desestabilizador es mucho mayor, como lo muestra el intento de remover a Napoleón Gómez Urrutia, líder-heredero del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. En este contexto, la reforma laboral anunciada por el gobierno de Felipe Calderón muy probablemente correrá la misma suerte de la que intentó su antecesor. Recordemos que Carlos Abascal, secretario del Trabajo de Fox, fracasó en su intento de introducir una “nueva cultura del trabajo”, que incluía modificaciones a la legislación laboral.
Bajo la máscara de la autonomía sindical los líderes obreros se oponen a que haya transparencia en el manejo de los recursos de sus organizaciones, a que se den a conocer públicamente los contratos colectivos de trabajo, a que se suprima la “cláusula de exclusión”, que obliga a los trabajadores a pertenecer a un sindicato; o al voto secreto de los trabajadores en las asambleas sindicales; es decir: a todo lo que les impediría seguir siendo los capos del sindicalismo mexicano. Además de los ya mencionados, egregios personajes como Víctor Flores, líder de los ferrocarrileros; Joel Ayala, líder de los burócratas; Martín Esparza, de los electricistas; y tantos otros magnates del proletariado, seguirán disfrutando de una feliz impunidad.
La democracia electoral no se ha traducido en un nuevo sindicalismo que permita la libertad de afiliación de los trabajadores o la rendición de cuentas de sus líderes. La actual crisis económica y la consecuente debilidad de negociación del Estado, lo hace aun menos viable. La podredumbre sindical es longeva.
