Mouriño, “exonerado”
A Antonio Jáquez
El Congreso se ha cubierto de “gloria” con el resultado de la indagatoria sobre el secretario de Gobernación. No se tiene memoria de alguna comisión investigadora que con tal prontitud haya presentado conclusiones; a nadie sorprende el sentido de las mismas. La responsabilidad del Congreso fue subvertida por el acuerdo del gobierno con los jefes del PRI en las cámaras para llegar a la exoneración del secretario. Ya antes el titular de la Función Pública, había señalado que nada ilegal había en la situación.
Lo de menos son las conclusiones de la comisión. Lo grave es el precedente: hoy por ti, mañana por mí. Desde ahora los legisladores pueden continuar en el tráfico de influencias, incluso respecto a sus propias empresas. También podrán hacerlo los coordinadores de asesores y altos funcionarios de la Federación. México podrá proseguir su tránsito por el camino ancho de la corrupción, con funcionarios enriquecidos hasta el escándalo y un ignorado pueblo pobre.
Sería del todo saludable que quienes se asumen abanderados de la probidad y la transparencia, algo dijeran. En estos momentos el silencio es complicidad.
Otro efecto preocupante es el sometimiento que implica para el gobierno y el responsable de la política interior, el que el sector más autoritario y corrupto que hay en la política, haya sido el salvador de la situación. ¿A cargo de quién o de qué van las cuentas que deben a los coordinadores del PRI en las cámaras federales? Nadie se llame a engaño, el senador Beltrones llamó con todas sus palabras los términos de lo que para él significa la política y el acuerdo con el gobierno: quid pro quo.
Una Presidencia secuestrada por sus propios miedos o por las faltas de altos funcionarios es lo peor que puede acontecer. Se anula a sí misma y reniega de sus responsabilidades. El país ganador al que se convocó pierde por todas partes. La economía se sostiene con ingresos petroleros que ninguno de los gobiernos anteriores conoció ni por asomo, a la vez de que pierde posición para atraer inversión y exportar; el crecimiento de México es el más bajo de la región y sólo en las oficinas gubernamentales y en el interesado discurso del ex presidente Salinas, se habla de las grandes realizaciones de este gobierno. Las cosas van mal; frente a ello sorprende la falta de autocrítica y todavía más, el obsequioso silencio de observadores y analistas.
La élite también se ha sumado a la complacencia. El IFE ha sido objeto de su más salvaje ataque. El daño es real y en lugar de que la institución se ocupe en propiciar el ejercicio de las libertades políticas, su tarea de ahora es la de fiscalizador de los medios de comunicación. Los partidos políticos históricos —con la excepción del PRI— viven su peor momento. Los derechos de asociación y el de ser votado, presentan su más adversa circunstancia por el autoritarismo partidario que la reforma electoral avaló.
El deterioro ético de la política significa que el debate nacional se vuelque en torno a la disputa por el pastel. La reforma energética lo demuestra e incorpora a las ricas empresas transnacionales, al capital monopólico nacional, a la corrupta burocracia sindical, a los usufructuarios de Pemex, así como una vergonzosa disputa por el reparto del dinero del petróleo entre autoridades locales y federales. Nunca en la historia del país los estados habían tenido tantos recursos como ahora, situación que no se coteja con la transparencia o el rigor en su buen destino, como lo muestra el gobernador de Jalisco.
La pérdida del piso ético es medida de la circunstancia y también del momento histórico que se vive. Es lamentable, porque ocurre en la democracia y cuando las libertades han adquirido su mayor fortaleza. Ya no hay un PRI o Presidente a quien culpar. Hoy la derrota la debemos asumir todos, especialmente, quienes mayor influencia tienen en las decisiones políticas fundamentales.
Cuando más se requiere la crítica periodística y mejores condiciones hay para su ejercicio, ésta se vuelve medrosa, algunos para evitar verse asociados a la polarización que deviene del desenlace de la elección presidencial, otros más, por esa vieja tradición de no contrariar al poder. El secretario de Gobernación contó con blindaje mediático, no sólo con protección política y parlamentaria. Los selectos amigos del régimen en la opinión editorial, recomendaron “en corto” al Presidente, la remoción del secretario; el no hacerlo públicamente los vuelve parte de la oprobiosa exculpación. ¿Qué habrían dicho al respecto Luis Cabrera, Cosío Villegas, Octavio Paz o cualquiera de los libre pensantes del periodismo del México autoritario? Lo menos que se puede decir es que no hubieran guardado silencio.
