REPORTAJE HUÉSPED- New York Times

DANIEL KURTZ
Cuando Genaro García Luna llegó a Tijuana en enero pasado, la ciudad estaba inmersa en una ola de violencia que a él le pareció, como me dijo más tarde de manera escueta: “Sorprendente”. Para empezar, tres policías locales habían sido asesinados en una noche, al parecer en venganza por una redada que el jefe de un cártel de la droga les había advertido que no hicieran. Unos días después, el intento de oficiales de la policía federal de tomar por asalto una casa de seguridad de narcotraficantes en un tranquilo vecindario de Tijuana acabó en una balacera. Por más de tres horas, cinco gatilleros se resistieron a decenas de policías y soldados. Cuando la policía logró entrar a la casa, ya habían sido ejecutadas seis víctimas que tenían ahí secuestradas y que pertenecían a un cártel rival. Los narcotraficantes habían arrancado algunos de los rostros de las víctimas para ocultar sus identidades.

A García Luna le preocupaban particularmente los ataques a los oficiales de la policía porque, como Secretario de Seguridad Pública del país, es uno de los funcionarios a cargo de implementar la decisión del presidente Felipe Calderón de declararle la guerra al narcotráfico. Justo antes de la visita de García Luna a Tijuana, la esposa de un policía y su hija de 12 años habían sido asesinadas en su propia casa, lo que violaba el viejo código de combate que se supone protege tanto a las familias de los policías como a las de los narcotraficantes. En un gesto más de desafío, los sicarios lanzaban amenazas de muerte por la frecuencia de radio de la policía y todo indicaba que el cártel tenía información confidencial sobre las operaciones policiacas. Los gatilleros de la balacera en Tijuana tenían armas automáticas, incluidas varias AK–47, la preferida tradicionalmente por los cárteles. Durante el tiroteo, la policía, insegura de su habilidad para controlar el fuego cruzado, evacuó a cientos de niños de un centro preescolar adyacente. “La gente decía: ‘aquí hay niños huyendo como si fuera Irak’ ”, me comentó después García Luna.

Pero lo “sorprendente” para él no eran los disparos o la brutalidad del narco, sino que se suponía que el Gobierno iba ganando en Tijuana. En los años anteriores, el cártel de la droga que dominaba la ciudad, conocido como el de los Arellano Félix, por la familia que lo dirige, había sido prácticamente desmantelado, como me dijeron muchos de los asesores de García Luna. A uno de los hermanos Arellano Félix lo habían matado, otro había sido arrestado por las fuerzas especiales mexicanas y a un tercero lo habían detenido agentes estadounidenses cuando pescaba en las aguas del Pacífico a bordo de un bote llamado Dock Holiday. Las autoridades mexicanas y las estadounidenses cerraron varios “narcotúneles”, elaborados pasajes de contrabando construidos hasta 100 metros por debajo de la cerca que separa Tijuana de Estados Unidos. Cargamento tras cargamento de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana eran confiscadas en la ciudad o interceptadas en la frontera.

Pero respecto a lo que más le interesa al ciudadano común: la seguridad, la situación estaba igual o peor que nunca. Aun cuando el Gobierno mexicano enviaba flotas de oficiales de seguridad a Tijuana, la semana de la visita de García Luna hubo al menos 15 asesinatos relacionados con la droga.

Éste se ha vuelto un patrón en México. Desde finales de 2006, el gobierno de Calderón ha enviado más de 25 mil soldados y policías federales a intensas “operaciones” antidrogas para combatir a los cárteles. Ha iniciado planes radicales para una reforma policial y judicial. Ha extraditado a Estados Unidos a varios de los capos de los cárteles, por lo que se ha ganado el elogio y la ayuda en el combate antidrogas por parte del Gobierno estadounidense. Sin embargo, este año se puede convertir en el más sangriento de la guerra de México contra las drogas, rebasando en casi 50 por ciento el saldo del año pasado de más de 2 500 muertes.

Poco después de la balacera en Tijuana, la policía recibió un pitazo sobre otro edificio cercano: una casa sencilla con paredes amarillo pálido y una canasta de básquetbol afuera. Al allanarla encontraron una cámara subterránea que describieron como “una escuela de entrenamiento para sicarios”. Un policía con pasamontañas negro me dio un recorrido, me condujo hacia el sótano por una escalera de madera escondida debajo de un falso lavamanos. La escalera llevaba hasta un cuarto largo con el techo bajo y revestido con un grueso aislante negro. Había maquinaria pesada para la reparación de armas y de su equipamiento, y alrededor de 30 mil recargas de munición que se encontraban ordenadas por calibre en estantes de plástico gris. Los blancos de tiro usados estaban sujetos a latas de metal llenas de tiras de neumático, y cientos de cartuchos ensuciaban el piso. “Es increíble, enfrentarse a estas armas”, me dijo después García Luna, sacudiendo la cabeza. “Es verdaderamente asombroso, en términos de cantidad y de calibre. Antes, el arma más poderosa que encontrábamos era un ‘cuerno de chivo’ —como le llaman en México a las AK–47—. Ahora hallamos granadas, proyectiles”.

Desde que asumió el cargo con el más alto rango de la policía en México a finales de 2006, García Luna no ha dejado de repetir que la situación en relación con los cárteles de la droga empeorará antes de mejorar. Pero cuando hablé con él después de su visita a Tijuana, incluso él parecía sorprendido de cómo se ha agravado la violencia, especialmente desde que los narcos han comenzado a apuntar sus armas hacia el Estado, en vez de hacerlo entre ellos. Uno de los tenientes de mayor rango de García Luna, el jefe de la policía federal, Édgar Millán Gómez, me dijo en marzo: “Estamos viendo una respuesta a nuestras operaciones: más ataques a la policía”. Mes y medio más tarde, él también estaba muerto.

Unas cuantas semanas después de la redada de Tijuana, asis-tí con García Luna a una reunión afuera de Acapulco entre comandantes estatales y algunos jefes de las policías locales. La ciudad ha sufrido ataques violentos por los traficantes de drogas en años recientes. Es una de las principales entradas y puntos de distribución de la cocaína colombiana, y que el año pasado dos cárteles rivales se estuvieron peleando por esa plaza. Acapulco se ha vuelto famoso por las decapitaciones. En un caso muy sonado, las cabezas de dos policías fueron depositadas frente al edificio de gobierno con un letrero escrito a mano que decía: “Para que aprendan a respetar”. Viajamos hasta el lugar de la reunión, un exclusivo hotel frente a la playa repleto de turistas estadounidenses, resguardados por pistoleros en camionetas negras blindadas.

Aunque sólo tenía 38 años cuando Calderón lo eligió para su puesto actual, García Luna ya había pasado casi 20 años en los servicios de seguridad, buena parte de ellos monitoreando el crimen organizado y el tráfico de drogas. Antes de cumplir 30 años ya era considerado algo así como un niño prodigio. Ingeniero de carrera, no sólo conocía bien sino que se sentía cómodo con la nueva tecnología, en un momento en el que esas habilidades comenzaban a ser valiosas en los círculos de seguridad, por lo que ascendió de rango rápidamente. A finales de los noventa, cuando México empezaba a emerger tras 70 años de gobierno unipartidista, García Luna se volvió una pieza central en los esfuerzos por reformar la policía. Ayudó a fundar una nueva policía “preventiva” que estaría a cargo de mantener el orden en todo el país, y luego dirigió la nueva Agencia Federal de Investigación (afi). Ahora ambas organizaciones están bajo su mando y, si se sale con la suya, en los próximos años se integrarán en una sola policía federal.

Raúl Benítez Manaut, un analista en seguridad pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que la tarea de García Luna es “el trabajo más duro del país”. Por ahora, el Gobierno ha confiado en el Ejército mexicano para llevar a cabo muchas de las grandes operaciones en contra de los cárteles, pero la militarización tiene sus riesgos. Al Ejército le preocupa que la corrupción aumente y que cada vez más soldados abandonen sus unidades para unirse a los narcotraficantes; otros han advertido que la militarización llevará a serias violaciones a los derechos humanos. Recientemente, García Luna anunció que el ejército debería regresar a sus cuarteles, y que una nueva y mejorada policía —mejor armada, mejor entrenada, menos corrupta— debería comenzar a pelear por su cuenta a finales de este año. Pero, antes de que eso pueda pasar, tendrá que construir una policía federal, cohesionada y efectiva, algo que México nunca ha tenido.

En la reunión en Acapulco, los jefes de la policía, hombres rudos con bigotes y guayaberas, esperaban a García Luna, su jefe, en una sala de conferencias. Con la mandíbula cuadrada, fornido y con corte de pelo a rape, García Luna cultiva su imagen de policía en medio de un mundo de políticos, un hombre de acciones en medio de un mundo de habladores. Después de una breve bienvenida pasó rápidamente al asunto en cuestión. Quería discutir, dijo, el “combate a la corrupción mediante la purga sistemática de los cuerpos policiacos”. Eso significaría “limpiar” las fuerzas controladas por algunos de los hombres presentes en la sala —con su ayuda si era posible, “por la fuerza si fuera necesario”.

Las fuerzas policiacas locales —que son la gran mayoría de la policía en México— son “el talón de Aquiles de la seguridad mexicana”, como dice Jorge Chabat, un experto en seguridad cercano al gobierno. En gran parte del país los policías son vistos como abusivos, incompetentes y corruptos, una percepción que no se beneficia con los escándalos habituales, como la reciente aparición de videos que muestran a oficiales mexicanos mientras son entrenados en métodos de tortura. En algunos de los principales bastiones del narcotráfico, los policías protegen a los cárteles; oficiales de la Drug Enforcement Administration (dea) en Estados Unidos en trabajo de campo incluso se rehúsan a interactuar con las policías locales porque temen que hacerlo los ponga en riesgo. David Zavala, un comandante de la policía federal que dirige las operaciones de García Luna en la ciudad fronteriza de Juárez, me dijo: “Cuando llegamos, primero tuvimos que sacar a la policía municipal del camino. Muchos de ellos están involucrados con el tráfico de estupefacientes. A veces nos decían: ‘Ahí no hay nada’. Y ése era el primer lugar en el que buscábamos”.

El sistema local para el cumplimiento de la ley, en México, se ha “abandonado —confiesa García Luna—. No hay estrategia. Los salarios son muy bajos. No hay confianza”. La corrupción entre los oficiales de la policía, continuó, “es parte de su vida cotidiana”. García Luna ha recurrido a una serie de medidas para meter a la policía federal en cintura, y se las explicaba a los jefes policiales en Acapulco. Para obtener su parte de los 300 millones de dólares que el gobierno tiene para incrementar la aplicación de la ley, dijo, los departamentos locales tendrán que comenzar a trabajar con un nuevo sistema nacional de inteligencia y combate al crimen, y deberán someter a sus elementos a un régimen de “pruebas de confianza” —exámenes de polígrafo, auditorias financieras, evaluaciones psicológicas—. Hasta entonces, como muchos de los jefes sabían ya por experiencia, García Luna no dudaría en utilizar medidas más extremas, incluso el desarme forzado de los oficiales sospechosos.

Después de la reunión, acompañé a García Luna de camino al bar del hotel para tomar una cerveza con un comandante de la policía. García Luna dijo que creía que la junta había salido bien, pero parecía más interesado en hablar acerca del diseño de bombas. La semana anterior, había estallado en el centro de Ciudad de México un explosivo casero que mató al hombre que lo cargaba e hirió a la mujer que iba con él. Se dijo que pretendían poner la bomba en el auto de un oficial de la policía como retribución por una serie de golpes contra el llamado cártel de Sinaloa; lo que marcaba, como muchos temían, una nueva fase en la guerra contra las drogas. Los expertos en seguridad mexicana hablan de “colombianización” o “el efecto Pablo Escobar”; es decir como con Escobar en Colombia a finales de los ochenta y principios de los noventa, los cárteles están respondiendo a las medidas con una agresión sin límites hacia el Estado. “Ahora, en 2008, estamos llegando a la violencia terrorista”, me dijo Samuel González Ruiz, ex titular de la unidad de crimen organizado de la fiscalía, un día después de la explosión. “Es una escalada en su lucha contra las autoridades”.

Pero ésa no era la única táctica del cártel. En Tijuana se filtraron reportes de que, tras la balacera, representantes de los Arellano Félix habían ofrecido un pacto a policías y militares: el cártel accedería a controlar la violencia si las autoridades aceptaban dejarlos hacer sus negocios. La oferta se coló a la prensa, desatando la especulación sobre si el Gobierno negociaría.

La simple sugerencia de una negociación molestó a García Luna. “Mira, te digo contundentemente, no vamos a pactar con nadie —respondió—. Estamos obligados a hacer frente al crimen, ése es nuestro trabajo, es nuestro deber, y no consideraremos un pacto”. Y con eso cambió de tema.

Hasta hace poco, sin embargo, los pactos entre el Gobierno y los cárteles, explícitos o no, eran la norma. La mayor parte del siglo xx, cuando México era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el poder político estaba centralizado y estrechamente controlado por el partido. El pri era autoritario y corrupto, pero estos pactos ofrecían ciertas ventajas en cuanto al comercio ilícito de drogas. Para un cártel, sobornar a algún personaje clave del pri era suficiente para garantizar su dominio sobre un pedazo de territorio. A cambio, el cártel debía mantener las matanzas en un nivel tolerable y quedarse fuera del territorio de otros cárteles. Una vez que aceptaba la existencia del comercio ilícito de drogas, el Gobierno podía actuar como árbitro y controlar la violencia. Estos convenios son lo que García Luna llama “las históricas leyes de la corrupción”, y es precisamente contra eso que cree que le corresponde acabar.

“En algunos casos —me dijo Jeffrey Davidow, embajador de Estados Unidos en México durante los últimos años del pri—, había corrupción absoluta, en el sentido de que los cárteles acudían con un gobernador o un alcalde y le decían: ‘Aquí está el dinero, no nos molestes’. En otros casos, y esto debe haber sido más común, los cárteles decían: ‘Mira, vamos a hacer negocios aquí. No te metas con nosotros y no nos meteremos contigo’. Era cuestión de llegar a un acuerdo. Hubo reportes de que si el cártel tenía que matar a alguien, lo llevaban más allá de los límites de ese estado para asesinarlo en el estado vecino”.

Cuando el sistema político unipartidista de México comenzó a abrirse, y en las elecciones presidenciales de 2000 el pri perdió el poder frente a Vicente Fox del Partido Acción Nacional, la transición a la democracia fue un momento de enormes esperanzas para México. Pero con eso también se debilitó el sistema de la regulación de facto del comercio de drogas. “Lo que pasó —dice Luis Astorga, un académico mexicano que estudia la historia del tráfico de drogas—, es que el Estado dejó de ser el réferi en las disputas y un aparato que tenía la capacidad de controlar, contener y simultáneamente proteger a estos grupos. Si no hay réferi, los cárteles tendrán que resolver sus disputas solos, y los narcotraficantes no lo hacen teniendo reuniones”.

En el transcurso de esta transición, García Luna se volvió un actor clave en los esfuerzos antidrogas de México. “Cuando llegamos, le apostamos todo a decapitar la estructura criminal, a perseguir a los jefes”, me dijo. El Gobierno ha atrapado o matado a algunas de las figuras principales de los cárteles mexicanos: varios de los hermanos Arellano Félix de Tijuana, Alfredo Beltrán Leyva de Sinaloa y Osiel Cárdenas Guillén del cártel del Golfo, que domina los pueblos fronterizos que colindan con el sudeste de Texas. “La idea —dice García Luna—, era que al cortar la cabeza, el cuerpo dejara de funcionar”. En cambio, apuntó con pesar, “los sicarios tomaron el control”.

En vez de destruir a los cárteles, los fuertes golpes del Gobierno los transformaron de organizaciones jerárquicas con líderes en los altos mandos a mafias incontrolables de hombres compitiendo por el poder. Los asesinos a sueldo y los sicarios de los cárteles comenzaron a matarse y masacrarse entre ellos para ascender al interior de las organizaciones. “El Gobierno se ha deshecho de algunos de los viejos jefes, pero ahora tenemos nuevos líderes menos sofisticados y más violentos”, me dijo un alto funcionario de la inteligencia mexicana que no estaba autorizado para hablar públicamente.

También ha habido cambios en el comercio ilícito de la droga. Conforme México se ha vuelto más próspero, el uso de drogas en un nivel nacional —en parte manejado por empleados del cártel a los que se les paga en especie— ha crecido considerablemente. La manera de traficar también ha cambiado. Cuando los cárteles colombianos fueron debilitados por las medidas enérgicas de un gobierno respaldado por Estados Unidos en la década de los noventa, y las rutas del Caribe se volvieron más riesgosas para los narcotraficantes, los mexicanos comenzaron a tomar el control, justo cuando el auge comercial inducido por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hizo que cruzar drogas por la frontera fuera más fácil que nunca. Hace mucho tiempo que los cárteles mexicanos reemplazaron a los colombianos como los actores dominantes en el comercio global de la cocaína. De acuerdo con las cifras del Gobierno de Estados Unidos, ahora cerca de 90 por ciento de la cocaína que se consume en ese país entra por tierra desde México.

Cuando conocí a García Luna en Washington, en enero, poco después de que la balacera en Tijuana llegara a los encabezados de los medios estadounidenses, llevaba consigo un sobre manila lleno de fotografías. Eran espeluznantes imágenes a todo color de policías mexicanos muertos y de contrabando de armas del narco: un policía sangrando en el suelo; las secuelas del tiroteo; el campo de tiro clandestino. García Luna pensaba que tenía en su poder una suerte de arma secreta.

García Luna estaba en Washington en una ronda de visitas a dependencias del Gobierno de Estados Unidos y oficinas legislativas, para entrevistarse con los funcionarios que aprobarían e implementarían la Iniciativa Mérida, un paquete de 1.4 mil millones de dólares de ayuda antinarcóticos que la administración de Bush había propuesto. (Desde entonces, el Congreso ha autorizado 400 millones de dólares de ayuda a México para el próximo año, además de equipo y apoyo técnico para la policía de García Luna.) García Luna se veía fuera de su elemento en los edificios gubernamentales y think tanks —a diferencia de muchos mexicanos poderosos, no habla mucho inglés—, donde se reunió con funcionarios del gobierno y diplomáticos y les dio una presentación de Power Point un tanto forzada a los expertos en políticas públicas. Parecía más interesado en las fotografías que llevaba, que eran su manera de hacer una denuncia contundente con respecto a un aspecto delicado de las relaciones entre México y su vecino del norte: la gran mayoría de las armas en los arsenales de los cárteles (entre 80 y 90 por ciento, de acuerdo con las cifras del Gobierno mexicano) se compran en Estados Unidos, a menudo en ferias de armamento mal reguladas, y se introducen en México por las mismas redes que sirven para el tráfico de drogas en dirección opuesta. A García Luna le cuesta trabajo disimular su enojo con respecto a que las leyes de Estados Unidos dificulten hacer algo contra el “brutal flujo” de armas. “¿Cómo es posible —me preguntó—, que se le permita a una persona ir y comprarse cien ‘cuernos de chivo’ (AK–47)?”. En Estados Unidos, dijo, “hay mucha indiferencia”.

En las reuniones con los funcionarios estadounidenses, García Luna repartió las fotografías sin muchas fanfarrias ni prefacios. Davy Aguilera, el agregado en México del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que asistía a una de las presentaciones de García Luna, dijo que las imágenes de la violencia por armas de fuego “causaron una verdadera impresión al interior de los círculos de poder de Washington”. Muchos funcionarios estadounidenses han llegado al punto de compartir la frustración de García Luna. “Quítales las armas y ganas”, me dijo un directivo del Senado que trabajó en la Iniciativa Mérida (y que no está autorizado para hablar públicamente acerca de la legislación que surgió de su comité). “Pero si no puedes lidiar con el asunto de las armas, no verás muchos progresos. Están encontrando cajas sin abrir de AK–47”.

García Luna me dijo que “lo más importante es la corresponsabilidad”, un reconocimiento de que Estados Unidos le debe a México su apoyo en una larga y difícil guerra. El punto de este reconocimiento no es sólo simbólico. Los narcos, explicó, “aterrorizan a la comunidad para construir su propia base social mediante la intimidación y el miedo, para poder llevar a cabo sus actividades criminales en la impunidad”. El apoyo estadounidense reforzaría el mensaje de que los buenos no se darán por vencidos. Como García Luna lo ve, proyectar dureza y determinación puede ser el arma más importante de todas.

Los cárteles parecen entender esta forma de pensamiento, e intentan enviar el mensaje opuesto: los malos tampoco se rendirán. En 2005, comenzaron a subir a YouTube videos de ejecuciones del hampa. García Luna y otros han argumentado que se trata de un truco copiado directamente a los insurgentes en Irak. “Era verdaderamente brutal. Había posproducción, edición, efectos especiales —señaló—. Éstos no eran sólo videos con la intención de mostrar lo que había sucedido”. Eran disparos en la guerra de los medios, destinados a acaparar los encabezados y persuadir al pueblo mexicano de que la resistencia es inútil. Que algunos de los videos parecieran mostrar la participación de la policía en las ejecuciones de los cárteles —incluyendo a funcionarios bajo el mando de García Luna— tampoco contribuyó a la causa del Gobierno.

Por lo general, García Luna es elogiado por reconocer que la corrupción policiaca es una parte fundamental del tráfico de drogas. Ha ordenado una revisión sustancial de la policía, que incluye nuevos requisitos educativos y mejores salarios para los funcionarios entrantes. Ha removido a casi 300 comandantes de la policía federal, reemplazándolos con oficiales de confianza entrenados en una nueva academia de policía. Los funcionarios antinarcóticos de Estados Unidos tienden a ver a la gente de García Luna como un núcleo al que se le puede confiar información. El mejor intercambio de información ha logrado algunos éxitos de alto perfil en el último año: la incautación de más de 23 toneladas de cocaína, la redada más grande que se haya hecho; el arresto de una figura legendaria del narcotráfico conocida como la “Reina del Pacífico”; el descubrimiento de 207 millones de dólares en efectivo, supuestamente relacionados con las metanfetaminas, escondido en las paredes de una casa en Ciudad de México. “El intercambio de información ha sido clave en todo eso”, me aseguró Steve Robertson, un agente especial de la dea que trabaja en México.

No obstante, sólo la cantidad de dinero involucrado hace que cierto grado de corrupción, tanto dentro de la policía como en niveles más altos, sea casi inevitable. Observadores mexicanos y esta-dounidenses se reservan sus elogios a los esfuerzos de García Luna, a veces recurriendo un poco a la historia. En 1997, el recién nombrado zar contra las drogas de México, un general del ejército llamado Jesús Gutiérrez Rebollo, fue arrestado por trabajar con el cártel de Juárez. Meses antes de su arresto, se le aclamaba por ser la nueva cara ruda y honesta de los antinarcóticos mexicanos.

En Tamaulipas, nunca sabes quién está de tu lado y quién está en tu contra”, dijo Édgar Millán, el jefe de la policía federal, mientras conducíamos a través de un paisaje de granjas, fábricas, lugares de comida rápida y tráfico pesado en el estado que se encuentra justo al otro lado de la frontera con South Texas. Convenientemente para los cárteles, Tamaulipas también cuenta con el puerto más grande del Golfo de México. La cocaína llega a México por mar, escondida en cargamentos provenientes de Centro y Sudamérica, y luego entra de contrabando a Estados Unidos en uno de los millones de autos particulares o contenedores de transporte que cruzan cada año. En un solo día, tan sólo por Tamaulipas, entran a Estados Unidos miles de coches y camiones. La cocaína necesaria para abastecer la demanda anual estadounidense, un mercado con un valor de unos 35 mil millones de dólares, podría llenar alrededor de una docena de camiones de remolque.

Por muchos años Tamaulipas ha sido uno de los frentes más sangrientos en la guerra de México contra las drogas. Y, al igual que Tijuana, este año arrancó con una mala nota. “Teníamos que demostrarle a los cárteles que el Estado mexicano no se rendiría”, dijo Millán mientras recorríamos la frontera en una camioneta blindada. Estábamos en medio de lo que se considera el bastión de los Zetas, un grupo de antiguos agentes de las fuerzas especiales mexicanas que formó una célula paramilitar para el cártel del Golfo, con sede en Tamaulipas. Los Zetas se han convertido en la fuerza más temida de México. “Para ellos, esta zona era intocable —dijo Millán—. Prácticamente no podíamos venir aquí”. Hace unos años, México capturó al jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, proclamando una enorme victoria. Pero eso sólo provocó que los Zetas controlaran el negocio por su cuenta e hizo pensar al cártel rival de Sinaloa que era su oportunidad de moverse a Tamaulipas. Como resultado, los Zetas peleaban entre ellos por el control, al mismo tiempo que trataban de expulsar a los infiltrados de Sinaloa.

Cuando llegamos al pequeño pueblo fronterizo de Río Bravo, Millán pidió al chofer que se dirigiera a una antigua casa de seguridad del cártel, cerca de donde la policía había entablado un largo tiroteo con los gatilleros de los Zetas a principios de este año. Millán señaló dónde habían caído los cuerpos y aterrizado las granadas. No pensó que valiera mucho la pena señalar que la casa estaba justo enfrente de la estación de la policía local. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros. “El poder y el dinero de los cárteles les permite reclutar policías de cualquier nivel —respondió—. Las fuerzas de policía locales tienen un mayor contacto, una mayor presencia en las calles, y por tanto son las más infiltradas”. Los taxistas locales también funcionan como una red de vigilancia en todo el estado para los cárteles, me explicó Millán.

A pesar del mal comienzo del año, en la primavera García Luna citó a Tamaulipas como evidencia de lo que se podría lograr con su estrategia. Millán aceptó que, tras meses de presencia militar y de la policía federal —de retenes en las principales carreteras, de redadas en casas que se sospecha pertenecen a los cárteles, de “neutralizar” a comandantes corruptos de la policía— las cosas habían mejorado. “Hemos recuperado el área”, me dijo. Nos detuvimos en un retén policial, donde oficiales revisaban los autos bajo la mirada de media docena de hombres con rifles de asalto. “Sigue siendo peligroso, sigue siendo difícil —agregó—. Pero nuestro compromiso es claro. Vamos a ganar esta guerra”. Mandó llamar al comandante que supervisaba el retén, quien explicó cómo la presencia de la policía había afectado a los cárteles. “Ahora operan con un perfil más bajo”, dijo. Le pregunté qué significa eso. “No significa que estén dejando su negocio —me respondió—. Siempre están buscando nuevas estrategias”. La policía los ha ahuyentado de los caminos principales, así que ahora “utilizan las terracerías de los campos” para seguir traficando.

Más tarde, le pregunté a García Luna si podíamos considerar esto un éxito en la guerra contra las drogas: la violencia a la baja, la policía aparentemente a cargo, los cárteles operando de manera menos obvia y violenta. Esquivó la pregunta pero no discutió las implicaciones. “Dada la tentación —dijo—, siempre habrá gente que entrará al juego, ya sea en avión o en helicóptero, por tierra o por mar, porque hay un mercado real (...) No hay otro producto como éste en el mundo”. (Cuando le pregunté a David Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, los motivos de la creciente violencia por las drogas en México, me contestó, sin instigaciones, que ésta “nace en gran medida de gente violenta que se aprovecha de la fuerte y constante demanda de Estados Unidos”.) García Luna mencionó a Colombia, invocando una analogía a la que los funcionarios mexicanos y estadounidenses suelen resistirse. Colombia ha recibido miles de millones de dólares de ayuda antidrogas por parte de Estados Unidos con el Plan Colombia, y la violencia ha disminuido significativamente en los últimos años. “¿Sabe cuánto ha disminuido la cantidad de drogas que salen de Colombia?”, me preguntó García Luna. “Revísela”, dijo con una sonrisa. Y de hecho, según indican todas las evidencias, no ha habido una disminución importante en los flujos de droga que salen de Colombia o en la disponibilidad de la cocaína o la heroína en Estados Unidos. Y sin embargo, se considera a Colombia un caso de éxito.

En una entrevista reciente con un miembro del consejo editorial de The Wall Street Journal, el Procurador General de México, Eduardo Medina Mora, reconoció que el objetivo “no puede ser destruir al narcotráfico o al crimen relacionado con las drogas. Intentar acabar con el consumo y el tráfico —dijo—, es imposible”. Jorge Chabat me explicó: “La estrategia del Gobierno es dividir a los grandes cárteles en muchos pequeños. Si tienes 50 cárteles pequeños en vez de cuatro grandes, en primer lugar tienes menos presión internacional y, en segundo, tendrás violencia a corto plazo pero a la larga habrá mucho menos.”

Incluso lograr esa meta significa cambiar el balance entre el Gobierno y los cárteles —y eso puede ser una tarea mucho más sangrienta de lo que García Luna y muchos mexicanos prevén—. La policía ha descubierto complots en contra de altos funcionarios del orden público en Ciudad de México que involucran granadas y lanzacohetes. Recientemente, la oficina del Procurador General reveló estadísticas que muestran que durante el gobierno de Calderón han muerto casi 500 empleados del orden público —algunos inocentes y otros seguramente corruptos— a causa de la violencia relacionada con las drogas. Un jefe de la policía fronteriza incluso tuvo que buscar asilo en Estados Unidos. Y en recientes encuestas, los mexicanos han expresado cada vez más dudas acerca de que las autoridades estén a la altura de la pelea: 56 por ciento cree que los cárteles son más poderosos que el Gobierno, mientras que sólo 23 por ciento piensan que el Gobierno es más poderoso que los cárteles. Pero García Luna y sus hombres sostienen que no se rendirán hasta que los cárteles hayan sido desarticulados. Como me dijo Millán en Tamaulipas: “Piensan que retrocederemos pero, por el contrario, los atacaremos con más fuerza”.

Pocas semanas después, a Millán lo mataron en un departamento de Ciudad de México. Supuestamente, un agente federal disgustado había vendido información acerca de los movimientos de Millán al cártel de Sinaloa. Otros dos oficiales de la policía federal cercanos a García Luna también fueron asesinados en esas fechas; un oficial de alto rango y su guardaespaldas fueron muertos a tiros en junio mientras comían en Ciudad de México.

Recientemente, le pregunté a García Luna si la lucha valía la pena, para él personalmente y para México. “Ésta ha sido mi vida”, me respondió, sugiriendo que no le era posible hacer semejante cálculo: pelearía porque eso es lo que él hace. “Fui elegido para vivir esto —continuó—. Llevo 20 años en esto y este puesto es la cima de mi carrera. Siento una obligación personal”. García Luna asegura que México está en un momento de transformación violenta y que la única manera de atravesarlo es continuar empujando hacia delante. Como a los estadounidenses le gusta usar el ejemplo de la mafia, para mostrar que esto no tiene nada que ver con la incompetencia mexicana o la corrupción. “Así ha sido en todo el mundo —dijo—. Fíjense en Chicago, Nueva York, Italia”. García Luna había comenzado a repetir la misma frase que Millán usaba y que se ha vuelto una especie de mantra: “Ni un paso atrás”. Cuando le pregunté cuándo empezaría a disminuir la violencia, se notó frustrado. “¿Es costoso? —cuestionó—. Sí, lo es. Hay que reconocerlo”. Sobre su hombro se veía una pequeña estatua de Don Quijote que tiene en una repisa detrás de su escritorio.