La suerte del Chiquilín
A juzgar por lo que declaró en 2003, a la empresa Agrodesarrollos del Pacífico S.A. de C.V. no le iba nada bien en sus negocios. Reportó cero pesos de ingresos.
Un año después, el 13 de julio de 2004 bajo escritura pública 22,575 del notario 42 Miguel Rábago Preciado, la empresa adquirió un terreno de 22 hectáreas de una fracción del predio conocido como La Porquera, o El Zartanejo y El Tejón.
Ese día, bajo escritura 22,576 del mismo notario, celebraría contrato de compraventa con el gobierno de Jalisco por quince millones 356,241 pesos, nada mal para un terreno que acababa de comprar.
El mismo 13 de julio —de mucho trabajo para esa notaría—, con escritura 22,577, se otorgó el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio a favor de los señores Ernesto Ramírez Godoy y Miguel Agustín Eduardo González Torres.
La operación se cerraría el 23 de agosto de 2004 con el cheque número 26 de la cuenta 01005921198 de Scotiabank Inverlat con valor de quince millones 356,241 pesos por la adquisición del predio.
En su declaración anual el 26 de marzo de 2005, Agrodesarrollos del Pacífico S.A. de C.V. reportaría ante Hacienda ingresos netos de 2004 por quince millones 356,241 pesos, la misma cantidad obtenida por la compraventa al gobierno estatal.
Un año después, en su declaración anual de 2005 presentada el 28 de marzo de 2006, la empresa volvería a las andadas ya que reportaría ingresos por cero pesos.
Cualquier malpensado podría suponer que la empresa de Ernesto Ramírez Godoy, mejor conocido en los círculos panistas como el Chiquilín, habría sido conformada tan sólo para realizar la citada operación.
Todos estos datos forman parte de una auditoría realizada por la Contraloría del Estado, que concluye que el gobierno adquirió un bien inmueble sin contar con la posesión de éste retrasando el proyecto de construcción de plantas de tratamiento en la cuenca del Ahogado.
Señala además dos aspectos cruciales. Primero, que el notario encargado de sancionar la ultrarrápida operación, Miguel Rábago Preciado, es el mismo al que se le había dictado auto de formal prisión por el delito de fraude específico.
Y segundo, que pese a todas estas dudas, la cuenta pública de 2004 donde figura la polémica compraventa fue aprobada en diciembre de 2006 por el Congreso del Estado sin cargo alguno.