ESQUIRLA - Milenio Semanal

Hace no muchos meses, uno de los indígenas mayas que forma parte de la comandancia del EZLN les dijo a unos forasteros de la selva lacandona, que cada vez se hacía más inevitable volver a las armas en los territorios zapatistas.
Aunque nunca han entregado los rifles que usaron el 1 de enero de 1994 para tomar la cabecera de una decena de pueblos de Chiapas y expropiar no pocos latifundios vergonzantes que existían en el sureste mexicano, los zapatistas definieron pronto que el camino de su lucha contra el sistema sería civil antes que militar.
Sin embargo, una serie de acontecimientos que inician en 2001 con el rechazo del PRI, PAN y PRD en el Congreso, a una nueva ley de autonomía indígena, y que se extienden hasta la embestida actual en contra de los municipios autónomos zapatistas, pueden alterar el curso de las cosas.
Durante los últimos meses de 2008, fue implementado un plan de hostigamiento de baja intensidad que incluyó la incursión violenta de soldados y agentes federales a “La Garrucha”, una de las sedes del poder zapatista. Armada hasta los dientes, la tropa llegó argumentando que buscaban plantíos de mariguana en el lugar, una excusa fantasiosa tomando en cuenta el tremendo flujo de visitantes nacionales y extranjeros que acuden a estos territorios para observar lo que sucede, y el hecho de que en los municipios zapatistas está prohibido el consumo de alcohol y drogas. Ni modo que José Saramago o Carlos Monsivais se hubieran vuelto de la noche a la mañana en narcotraficantes.
Al igual que lo hizo después de la masacre de Acteal, perpetrada por grupos de paramilitares antizapatistas, el gobierno –y algunos de sus ecos amaestrados preferidos- echan la culpa de los últimos sucesos en Chiapas, a “conflictos intercomunitarios”. Difícil creer que una incursión militar por aire y tierra al lugar donde suele residir el subcomandante Marcos, haya sido a causa de los ajetreados y selváticos días comunitarios en la Lacandona.
La guerra encubierta declarada por grupos gubernamentales no se queda solamente en Chiapas. La costa grande y la Montaña de Guerrero, zonas de supuesta influencia del ERPI registraron en los meses pasados, una larga de lista de asesinatos políticos, atentados contra activistas y agresiones que llevaron impregnado un tufo oficialista perceptible. Basta leer alguno de los múltiples y minuciosos informes elaborados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, para empezar a enterarse.
Aunque menos visible, en poblados de Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y la misma Chiapas, donde el EPR tendría algunas células armadas, el acoso militar –abierto o enmascarado- en contra de organizaciones sociales ha aumentado con el pretexto de capturar a los guerrilleros que colocaron en 2007 las bombas en contra de las instalaciones de Pemex.
“Nos vemos en 2010”, fue una las frases que apareció en mantas de protesta, luego del aniquilamiento de los movimientos de Atenco y Oaxaca durante el 2006. La misma leyenda siguió apareciendo, multiplicándose, en los dos años siguientes. “Si en 1810 fue la Independencia y en 1910 la revolución, en 2010 será la gran revuelta”, se piensa cada vez en más círculos opositores al gobierno.
Creer así nada más, que México vive cada 100 años una sacudida social, suena a embeleco bolchevique. Pero la caída en las remesas, el aumento del desempleo, la guerra del narco y las recurrentes crisis partidistas, para nada suenan a esoterismo social.
- ¿Y cómo ven el 2009?- preguntó uno de los forasteros al comandante zapatista aquél.
- Simple: Para nosotros el 2009 es el penúltimo año.