La presidencia yace intestada... y no es inmortal

El Poder Ejecutivo Federal desaparecería ante el hipotético fallecimiento del mandatario; incluso, desataría una devastadora crisis institucional, asegura el también jurista e investigador de la UNAM.

Si muere el Presidente de la República, ¿qué pasaría en México? Un accidente o una enfermedad bastarían para que se produjera una crisis institucional: el Poder Ejecutivo, debido a que constitucionalmente recae en una sola persona, desaparecería ante el fallecimiento del mandatario en turno.

Así, hasta ahora la Presidencia de la República yace intestada.

Diego Valadés, ex procurador general de la República y abogado constitucionalista, hizo un estudio al respecto en 51 países de cuatro continentes (América, Europa, Asia y África) con diferentes sistemas de gobierno (monarquías constitucionales, sistemas parlamentarios y sistemas presidenciales), cuyo resultado se titula La sustitución presidencial en México y en Derecho Comparado, editado por la UNAM.

—Diego, usted escribió en su estudio: “Durante décadas, como parte de una cultura política del sigilo, incluso las enfermedades de los presidentes solían ser ocultadas. El sistema político construyó una imagen de presidentes infalibles, intangibles, perfectos y saludables. Dentro de esa idea quedaba incluida la convicción de indestructibilidad física de los presidentes…”

—Así es. Y justamente señalé que había que hacer un esfuerzo para superar la cultura del Tlatoani, porque los tlatoanis en México no sólo son intocables e infalibles sino imperecederos, por lo menos durante seis años. No se pueden enfermar, ni siquiera de un resfriado. Esto forma parte de la cultura del autoritarismo mexicano. Hoy tenemos que plantear, esperando que no ocurra nunca, que si en algún momento se produce la falta del Presidente de la República, por la razón que sea, nos encontraríamos ante una crisis institucional muy severa, que afectaría la economía, la estabilidad política y la seguridad de las personas, de suerte que las consecuencias serían devastadoras…

—Si muere el Presidente el Congreso tiene que elegir, por mayoría absoluta de al menos las dos terceras partes de sus miembros, a un presidente provisional, interino o sustituto, según sea el caso. Eso se estableció para otro régimen. ¿Cómo hacerlo hoy con fuerzas políticas tan divididas y variadas?

—El cómo no tenía mucha importancia cuando teníamos un partido hegemónico, porque la misma estructura del partido iba a hacer que las cosas se resolvieran rápidamente y con una mayoría ya preestablecida. Cuando hay varias corrientes políticas, cuando no existe la mayoría requerida por la Constitución, ¿qué pasa si transcurren cinco semanas y no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa con el país? ¿Quién dirige? Hay que tomar en cuenta factores como este: el Presidente de la República es, constitucionalmente, el jefe supremo de las fuerzas armadas ¿Pueden las fuerzas armadas quedarse sin jefe supremo? Desde luego que no… De manera que si no se hace la designación del presidente interino, provisional, o sustituto, ¿qué puede ocurrir con unas fuerzas armadas que quedan también acéfalas? Habría la tentación de que las propias fuerzas armadas, mientras los políticos se ponen de acuerdo, hagan su propia designación. Y entonces estamos anta la ruptura del orden constitucional. Ese es uno de los riesgos…

Valadés bebe infusión de hierbabuena en una sala de su casa, y agrega:

“Otro aspecto: todos los Estados, en todo el planeta, tienen una representación jurídica que incumbe precisamente al jefe del Estado. Y tendríamos el caso de que el Estado mexicano se quedaría sin su representante jurídico ante la comunidad internacional.

“Y un tercer factor, que se llama gobernabilidad: ¿quién conduce las operaciones cotidianas del aparato de poder? ¿Quién toma las decisiones de seguridad en medio de una guerra como la que vivimos contra el crimen organizado? ¿Quién toma las decisiones de carácter económico en medio de una crisis financiera o especulativa como las que hemos resentido recientemente? ¿Quién toma las decisiones con relación con la atención de procesos impredecibles como sismos o inundaciones? ¿Quién ordena al gabinete?

—La Constitución no prevé nada…

—Nada. Es la única Constitución del mundo, además de la de Uzbekistán, como señalo en mi estudio, que no prevé absolutamente nada. Con una diferencia: en Uzbekistán, que es un sistema presidencial, hay primer ministro y una serie de decisiones, por disposición de la Constitución, las toma el gabinete, de manera que la conducción del aparato administrativo prosigue, pero en México ni siquiera eso.

—No, porque el Presidente es jefe de Estado y de gobierno…

—Es jefe de Estado, jefe de gobierno, y era jefe de partido y era jefe de todo… El Presidente es, constitucionalmente, el depositario único de todo un poder constitucional, del Poder Ejecutivo. De manera que cuando desaparece el Presidente desaparece un poder. No sólo desaparece el titular del poder, sino que desaparece el poder completo. Este es un asunto de seguridad nacional que se tiene que ventilar, discutir, resolver…

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—Vamos a hacer ficción: si hoy faltara el Presidente, el PRI propondría a Beatriz Paredes, el PAN a Germán Martínez, el PRD a Cuauhtémoc Cárdenas, y el PT y Convergencia a Andrés Manuel López Obrador. Qué desastre. ¿Cómo se resuelve eso?

—Por eso he sugerido conservar el sistema actual, que sea el Congreso el que designe al presidente provisional, interino o sustituto. No es necesario reformar la Constitución. Basta reformar dos leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Congreso, para establecer que, dándose la falta del Presidente y hasta en tanto el Congreso hace la designación que corresponda a cada uno de los integrantes del gabinete (Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, etcétera, salvo los militares) queda encargado del despacho presidencial. No es presidente, es un encargado del despacho presidencial que tiene como funciones la representación temporal del Estado mexicano y la coordinación del gabinete para que ni el secretario de la Defensa, ni el de Marina, ni el de Relaciones Exteriores, ni el secretario de Hacienda, ni ningún secretario se considere un ente autónomo por sí y ante sí…

—Para que el Poder Ejecutivo no desaparezca…

—Así es, para que no desaparezca y el país no quede al garete. Y propongo adiciones a la Ley Orgánica del Congreso para establecer un procedimiento que obligue a la construcción de una mayoría. Si, como decíamos, hay cuatro candidatos, en la primera ronda se elimina el último lugar, el cuarto. En la segunda, se elimina el tercero; y en la tercera, aritméticamente, uno de los dos restantes candidatos tiene que tener la mayoría.

—Hubo gran conmoción con la muerte de Juan Camilo Mouriño. ¿No es un disparate no estar preparados para una sustitución presidencial por muerte o accidente?

—Eso ya no es un disparate, eso ya es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad que en este momento incumbe exclusivamente al Congreso, no al Presidente. No es un tema que deba resolver el Presidente de la República…

—¿No debería tomar la iniciativa el Presidente luego de ver tan de cerca lo que le pasó a su mano derecha, algo que le podría ocurrir a él? A ver: como jefe de Estado yo acabo de percatarme de que soy frágil, al igual que mi amigo muerto y, ¿no debería yo tomar la iniciativa de decir: “Señores, legisladores, es el momento de hacer testamento”?

—Sería lo más elegante, sobre todo para evitar las suspicacias a que daría lugar si la iniciativa proviniera del Congreso, pero si lo que queremos es desprendernos del paternalismo y de la cultura del Tlatoani, la responsabilidad le toca a los partidos políticos en cualquiera de ambas cámaras.

—¿Podemos decir que el Poder Ejecutivo Federal del Estado mexicano está intestado?

—Sí, es una buena expresión. Podemos decir que, en efecto, el poder político del presidente no tiene en este momento una disposición testamentaria para el caso de una infortunada desaparición que nadie vaticina y nadie desea, pero que en el orden de las posibilidades sabemos que el desempeño de una función de ninguna manera garantiza la inmortalidad. En ese sentido, sí sería importante que el propio Presidente tuviera una expresión favorable para que el Congreso tomara la decisión.

Juan Pablo Becerra-Acosta M.