“Yo di la última sentencia”
Ésta, al igual que otras 18, no se llegó a ejecutar por diversas circunstancias.
San Pedro Garza García.- La última sentencia de muerte que se dictó en el país fue en Nuevo León. Fue por un homicidio pasional, en el que un pasante de Medicina acreditó uno de los tres delitos que en ese tiempo alcanzaba la pena capital.
Marco Antonio Leija Moreno, fue quien el 17 de mayo de 1961, dictó lo que se considera en el archivo criminal nacional, como el último suceso donde se calificó un delito para ser castigado con la pena máxima, entonces marcada como pena de muerte.
El otrora juez cuarto de letras del ramo penal, explicó a MILENIO Diario de Monterrey que esta última condena la emitió -fiel a su costumbre- bajo las bases legales estipuladas en el Código Penal.
“Cuando yo le dicté la pena, finalmente quedó a disposición del Ejecutivo del estado para su ejecución, pero como había en el Código viejo la sustitución de penas, pues yo pienso que convenía antes en cinco años de reclusión dar lugar a que la pena fuera sustituida por la máxima de prisión.
“Cumplió la pena completa, salió en libertad, ya lo he visto, quedó completamente rehabilitado, se dedica a vivir o a convivir sanamente con sus semejantes.”
Leija Moreno, sentenció al doctor Alfredo Ballí Treviño, por el homicidio de su entonces pareja sentimental, quien murió en circunstancias que se consideraron entonces suficientes para que el acusado fuera considerado como peligroso.
“Allá en la relación que tenía el acusado y el ofendido, despertó algunas inquietudes y se disgustaron al principio por ello, y según el sujeto empezó a pensar cómo darle muerte, por eso fue (homicidio) premeditado”.
El ahora procurador de la Defensa del Adulto Mayor, a sus 80 años de edad, 55 como abogado y sólo cuatro meses en su actual responsabilidad, explicó que ninguna de sus 19 sentencias con pena de muerte se consumó como tal.
“Todas mis sentencias que yo dicté y las que se dictaron, nunca se ejecutaron, esto quiere decir lo siguiente: ha existido una tendencia a nivel universal de no aceptar la pena de muerte”.
Destacó que después de emitir su última sentencia de muerte, se encontró al acusado ya en libertad y le causó sorpresa su rehabilitación.
En mayo de 1968 se reformó el Código Penal y se retiró la sentencia de muerte para castigos como el homicidio calificado, el parricidio y salteador de caminos con homicidio.
Leija Moreno explicó que una de las sentencias de muerte que dictó como juez fue múltiple y se le imputó a cinco reos que mataron a un compañero en el interior del penal del estado, además agregó que la idea de retornar a la pena capital es muy aventurada y difícil de conseguir.
¿Sería bueno regresar a la pena de muerte?
“Pues habría que estudiarlo, no podemos hacer una determinación específica, habría que estudiarlo”.
¿Es una buena solución?
“Pudiera serlo, hay que estudiarlo, finalmente la pena de muerte, como se ha dicho, tiene sus pros y sus contra”.
El procurador de la Defensa del Adulto Mayor mencionó que la idea es buena, porque denota preocupación, pero que es un acto desesperado.
“Es muy bonita la idea del gobernador de Coahuila, es muy bonita, porque está preocupado y ve que sus asesores le han dicho por dónde podemos caminar y le han dicho que no es nada más ponerle una pena de muerte, sino todo lo que trae consigo, las reformas y lo que se va a tardar, para que la Constitución sea volteada.
“Andan muchas personas desesperadas, son lapsus, yo que he vivido todo esto, son lapsus que tiene el mundo”, agregó el actual procurador de la Defensa del Adulto Mayor.
Marco Antonio Leija Moreno se jubiló en la administración de Sócrates Risso y volvió a la función pública por una invitación del gobernador José Natividad González Paras.
Es considerado uno de los mejores penalistas en el país y permaneció 22 años en el juzgado cuarto en materia penal, hecho que lo distingue como el juez que más tiempo ha permanecido en el mismo cargo.
Dictó más de 10 mil sentencias, 19 de ellas fueron de muerte, pero ninguna de ellas se aplicó porque existían recursos que no lo permitían.
El último sentenciado permaneció poco más de 15 años en el penal del Topo Chico por la muerte de su pareja sentimental, Jesús Castillo Rangel, pero quedó en libertad al pagar la máxima pena impuesta a un homicida en aquel año.
