100 días después
Los 74 compromisos contenidos en el Acuerdo fueron suscritos el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Como serán las propias dependencias involucradas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad las que hagan un balance de lo hecho hasta el presente, y lo que queda por cumplir, la reunión de evaluación que hoy se celebrará al cumplirse los primeros 100 días de haberse suscrito el Acuerdo será un acto más de simulación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que la voz ciudadana independiente estará totalmente al margen de ese inútil pero costoso ceremonial.
Los 74 compromisos contenidos en el Acuerdo fueron suscritos el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los gobernadores de las 31 entidades federativas y el Jefe del Distrito Federal, así como también por representantes sindicales, empresariales y de distintas iglesias con reconocimiento oficial en el país.
Nadie podría esperar que en un plazo de 100 días pudieran solucionarse problemas estructurales de inseguridad pública, pero al menos sí abatir los niveles de violencia e impunidad que se tienen en las entidades más afectadas por la delincuencia organizada.
Sin embargo, esos niveles en vez de reducirse se han disparado a niveles sin precedentes, lo que ha dejado en evidencia la absoluta incapacidad del Estado mexicano para dar seguridad y protección a la población; y aún más, de controlar territorialmente la nación en su conjunto ya que hay amplias zonas geográficas en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Michoacán y Colima, entre otras entidades, en las que el crimen organizado es el que impone sus reglas y sus impuestos de extorsión a empresarios, comerciantes, agricultores, ganaderos y hasta a las propias autoridades municipales.
En la reunión de hoy del Consejo Nacional de Seguridad Pública se dirá que aunque sigue habiendo rezagos en materia de seguridad pública, los avances son indiscutibles.
Sin embargo, en lo que va del año se llevan contabilizadas más de 4 mil 200 ejecuciones en el territorio nacional y de éstas más de mil 400 tan sólo en Chihuahua, no obstante que tanto el Ejército como la PFP llevan a cabo supuestos operativos permanentes contra la delincuencia organizada.
Con todo y Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad la violencia ha seguido imparable y el número de ejecuciones supera con creces la cantidad de soldados norteamericanos muertos en Irak desde la invasión a ése país, lo que revela que hasta ahora las medidas para reducir los niveles de criminalidad han sido totalmente ineficaces y que se requiere con urgencia un inmediato cambio de estrategia.
El problema es que nadie confía en el encargado de llevar a cabo esa tarea, Genaro García Luna, pues desde el sexenio pasado ha habido acusaciones de que ha estado al servicio del Cártel de Sinaloa; pero además, porque los hechos demuestran que no ha podido llevar a cabo ni siquiera una depuración de su propia dependencia, donde la delincuencia organizada ha llegado a los niveles más altos, amén de que ha sido totalmente incompetente para reducir los niveles de violencia.
Lo mismo puede decirse de otra dependencia de legendaria incompetencia como la PGR, donde los extitulares de la SIEDO han estado al servicio del crimen organizado pero no por ello el procurador Eduardo Medina Mora ha presentado su renuncia al cargo.
Pese a que en Chihuahua la casi totalidad de las ejecuciones se han perpetrado con armas de grueso calibre o de uso exclusivo del Ejército, no por ello la PGR ha atraído las investigaciones, pero tampoco la Procuraduría local, de tal suerte que al final en ningún caso hay investigación alguna para esclarecer los crímenes, de modo que todos se encuentran en la más absoluta impunidad.
El responsable de todo este caos es el presidente Felipe Calderón, quien sin medir las consecuencias, sin estar preparado para llevar a cabo la tarea y sin ningún tipo de estrategia se embarcó en una campaña que ha tenido costos altísimos en vidas humanas, y que ha generado un clima de inseguridad sin precedentes que ha afectado profundamente al tejido social.
El problema ya no es lo que falta por hacer, que como se sabe es una tarea titánica, sino la absoluta falta de confianza en los supuestos encargados de llevar a cabo la lucha contra la delincuencia organizada, pues hay presunciones y testimonios que afirman que no la combaten pues forman parte de ella.
