Renuncias imposibles
El viernes se cumplen los 100 días de plazo que se habían dado los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública -gobierno federal, gobiernos estatales y municipales.
Los resultados de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado están a la vista: en lo que va del año se llevan contabilizados casi 4 mil ajusticiamientos, y de éstos mil 400 tan sólo en Ciudad Juárez, no obstante que allí el Ejército tiene concentrados más de 2 mil 500 soldados y la PFP centenares de agentes; a los que habría que agregar los elementos de las corporaciones policiacas del Estado (Ministeriales) y del Municipio (Preventivos).
Por tercera ocasión desde que el operativo Chihuahua entró en operación, el gobierno de Calderón se apresta a modificar de nueva cuenta la estrategia contra la delincuencia visto que la que se ha seguido hasta la fecha ha sido un rotundo fracaso.
La impune actuación de la delincuencia se da como resultado directo de la incompetencia o complicidad de las autoridades.
El Estado de Derecho es una burla macabra en un país donde el crimen no paga, y donde la impunidad está garantizada en una proporción de más de 95 por ciento.
El viernes se cumplen los 100 días de plazo que se habían dado los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública -gobierno federal, gobiernos estatales y municipales; Poder Legislativo y Poder Judicial- para implementar un conjunto amplio de medidas en favor de la seguridad pública y reducir la criminalidad y la violencia en el país.
A punto de cumplirse el plazo establecido, el balance que puede hacerse de las medidas anunciadas hace casi 100 días es netamente deficitario para la sociedad mexicana ya que en vez de reducirse la violencia se ha incrementado, y la impunidad reina en el país por la incompetencia y la corrupción de las autoridades de todos los niveles de gobierno.
La imagen internacional de México ha sido profundamente devaluada, pues se proyecta como una nación donde las autoridades no funcionan y donde la criminalidad afecta todos los órdenes de la vida económica y social de la nación.
El hecho de que no haya habido progresos sustanciales en materia de seguridad a nivel nacional, en los pasados 100 días, ha sido en buena medida por el hecho de que las corporaciones policiacas se encuentran infiltradas por el crimen organizado, y el Estado mexicano ha sido hasta ahora incapaz de llevar a cabo un proceso de saneamiento de las policías.
Incluso, en aquéllas donde se sabe que la infiltración llegó hasta los más altos mandos, como en la SIEDO y la PFP.
Ciertamente, han caído algunos de los presuntos cómplices de las mafias, sin embargo a la luz de lo ocurrido con el excomandante de Control Regional de la PFP, Javier Herrera Valles, hay sospechas de que los cargos pudieran ser hasta inventados. Herrera Valles trató de advertir al presidente Calderón de los riesgos que corría la seguridad nacional con Genaro García Luna en la secretaría de Seguridad Pública.
Pero en vez de atender las denuncias contra García Luna o al menos ordenar una investigación al respecto, Calderón puso sobreaviso al funcionario señalado y éste no tardó en cobrar venganza acusando a su acusador de presuntos nexos con el narcotráfico.
El respaldo dado por Calderón a su colaborador no está basado en hechos, pues éstos son contundentes en contra de García Luna, sino en compromisos políticos.
Calderón exoneró a su colaborador pero no exhibió ni pruebas ni evidencias a su favor.
Se limitó a decir que García Luna no estaría en el gabinete si no fuera confiable.
Pero el problema es que como encargado de la PFP el funcionario no ha cumplido con su obligación de reducir los índices delictivos y la violencia en el país; antes por el contrario, como ha quedado claramente demostrado en el caso de la DSPM de Torreón, la PFP ha sido no pocas veces un factor adicional de violencia e inseguridad.
Con base en los magros resultados obtenidos en los pasados 100 días en el combate a la delincuencia organizada, los responsables de las áreas de seguridad debieran presentar su renuncia irrevocable, facilitando con ello el relevo de personas y de ideas para mejorar la eficacia policiaca.
Sin embargo, esto no será posible pues en México las renuncias por incompetencia no se conocen ya que, de ser así, el Estado terminaría quedándose sin representantes. Por ello, como siempre, serán pues los ciudadanos los que carguen con las consecuencias de los errores y las fallas de funcionarios sin preparación, incompetentes o profundamente corrompidos.
